¿Qué proponen los candidatos sobre los combustibles?

Cuando se habla de combustibles, inmediatamente se asocia el tema con los que utiliza el sector vehicular. Una visión acotada de la realidad, pues su utilización empieza en el hogar, ya sea con el gas licuado de petróleo (GLP) o el gas natural (GN). Obviamente, el interés es de todos los peruanos. 

En este sector compete al Gobierno establecer políticas que garanticen el abastecimiento y justiprecio, una frase que suena a lugar común. Pero detrás de ambas variables hay gran complejidad, cuya gestión no solo requiere conocimiento sino también firmeza en la decisión.

La seguridad del abastecimiento en estos momentos tiene complicaciones, tanto en los combustibles líquidos como en el GN. En los primeros hay limitaciones de almacenamiento y en el segundo gran vulnerabilidad por tener una sola vía de transporte desde la producción al consumo: el gasoducto Camisea-Lima.

En los combustibles líquidos, gasolinas y diésel, aún hay una posición dominante de la estatal Petroperú y de la Refinería La Pampilla, de propiedad de la española Repsol. Para que haya competencia el mayor problema es el almacenamiento, que no permite la presencia de más agentes.

La texana Valero ha emergido como un tercer actor, con almacenamiento propio tanto en el Callao como en el puerto de Paita. Se prevé que pueda arrebatarle parte de ventas principalmente a Petroperú, que estará tan presionada por ingresos que tratará de obtenerlos vía precios; para el pago del elevado endeudamiento de largo plazo, que es del orden de 4,000 millones de dólares (MMUS$), consecuencia del Proyecto de Modernización de Refinería Talara. Así como una golondrina no hace el verano, una tercera empresa no genera aún un mercado competitivo. 

En cuanto al GLP, que es el combustible líquido más usado en los hogares, también hay una oferta altamente concentrada, y nuevamente el almacenamiento es el factor limitante, que en este sector toma características dramáticas de vulnerabilidad. Hay momentos en que las existencias tienen un horizonte de un solo día. Mientras tanto, la demanda se incrementa, la producción local declina y la importación se incrementa.

El rol del Estado consiste en promover el incremento de almacenamiento de combustibles líquidos, incluyendo el GLP; eso haría más competitivo al mercado. El tema de fondo es incentivar que empresas privadas,  con un modelo diseño-financiamiento-construcción-operación-transferencia (DFBOOT en la literatura de proyectos), habilite la capacidad suficiente y salga al mercado a subastarla a interesados. Por supuesto que al inicio habrá que garantizarles un mínimo de ingresos, que se trasladarían al consumidor final; pero por la magnitud de los montos no sería carga onerosa. 

En cuanto al GN, el problema del transporte es álgido. Una falla de plazo prolongado en el gasoducto o poliductos (ducto de líquidos) Camisea-Lima, significaría que se tenga que operar con centrales eléctricas a diésel, cuyo costo operativo es ocho veces más que el de la generación a GN.

Insistir en el Gasoducto Sur Peruano es demasiado complejo. Hay una combinación de elementos condicionantes: la percepción de corrupción, un proceso judicial que durará por lo menos hasta fines del 2022 y un proceso arbitral en el CIADI, en Washington, cuyo desenlace probablemente se produzca en el 2022. Hay altas probabilidades de que el Estado peruano pierda y se tenga que retribuir una cifra que bordea los US$ 2,000 millones. 

La salida alternativa al problema es hacer un gasoducto costero desde Marcona hasta Ilo, y un tramo hasta Anta el Cusco. O que empresas privadas construyan centrales de generación cerca a los yacimientos productores de GN, y que la electricidad se convierta en el energético masivo. 

Estos temas son los que hay que discutir en la campaña electoral, que como siempre está llena de generalidades.