¿Qué pasa con los medicamentos en el Perú?

Desde que en 1990 el gobierno de Alberto Fujimori liberalizó los precios de los medicamentos —para que sea la oferta y la demanda la que los fije— estos se han convertido en artículos prohibitivos para muchos peruanos. Esto se debería a los abusos que cometen los laboratorios y las grandes cadenas farmacéuticas, que realizan millonarios negociados a costa de la necesidad y de la precaria economía de los sufridos pacientes.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas —órgano dependiente del Ministerio de Salud— es la entidad responsable del cumplimiento de la política nacional sobre productos medicinales, que contempla la regulación y el control de calidad, así como el aseguramiento de un precio razonable de los productos farmacéuticos. Para ello debe tomar en consideración el valor que tienen estos en el mercado internacional, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, sus acciones son casi inexistentes.

Como se ha podido comprobar en una reciente investigación periodística, en los países vecinos y en los denominados “desarrollados”, existe una abismal diferencia en el precio de los medicamentos, los cuales pueden llegar a costar hasta diez veces menos en comparación con el mercado nacional. Pero las autoridades del Gobierno no se ocupan de remediar esta anómala situación especulativa, que viene generando cientos de miles de muertes anualmente, porque tan onerosos precios hacen inaccesible a los medicamentos.

Los millones de asegurados o beneficiarios de los hospitales del Ministerio de Salud (MINSA) o de Essalud son los que más sufren con este calvario. Dichas reparticiones se encuentran actualmente desabastecidas de medicamentos y carecen de los más elemental para atender emergencias, lo que obligando a los pacientes (que tienen la suerte de ser internados) a adquirir hasta un inyectable para ser atendido.

Por si esto fuera poco, muchos de los equipos de dichos hospitales se encuentran inoperativos por obsolescencia o falta de mantenimiento. Una situación que parece no importar a las autoridades del Gobierno ni a los congresistas porque muchos de ellos gozan de seguros médicos privados, pagados por el Estado. La precariedad de los sistemas de salud en nuestro país es cada vez más aguda, ya que cada año los índices de mortalidad se incrementan, sobre todo en zonas alejadas de la capital y, particularmente, en las regiones alto andinas.

A pesar de ello vemos que no existen sanciones contra la concertación de precios que frecuentemente se advierte entre las tres o cuatro cadenas farmacéuticas más importantes del país. Cadenas que, en algunos casos, se encuentran en manos de empresarios inescrupulosos que no ponen límite al precio de sus productos, amparándose en el libre mercado (la oferta y la demanda), que debería asegurar un precio justo de los medicamentos. Pero en el Perú ocurre lo contrario.

Otro hecho preocupante es que los medicamentos genéricos solo se encuentran en algunas farmacias y boticas administradas por pequeños propietarios y que cada día son más escasas. Las grandes cadenas de farmacias solo venden medicamentos de marca, inaccesibles para la economía popular.

La salud y la vida son derechos fundamentales del ser humano y deben ser cautelados por las autoridades del Estado, con carácter prioritario. Lamentablemente no contamos con políticas eficaces para regular el mercado farmacéutico, ni organismos competentes que aseguren el acceso equitativo a medicamentos esenciales para prevenir y curar la salud de una población desprotegida.

Ya es tiempo de que las autoridades del Gobierno, en coordinación con el Congreso de la República, se sensibilicen y coordinen la revisión de leyes y reglamentos que regulan este mercado, para que los pacientes tengan acceso a precios justos y razonables en la compra de medicamentos. Esperamos que el Ministerio de Salud, que ha ejecutado menos del 50% de su presupuesto en lo que va del presente año —así como ocurre con la mayoría de las reparticiones del Estado— cumpla con dotar a los hospitales del equipamiento médico adecuado y operativo. Y de un stock de medicamentos básicos que permitan asegurar una mejor calidad de atención a los miles de peruanos que acuden diariamente a estos establecimientos.