¿Qué hacer con la educación estatal?

Sobre la incapacidad del estado para otorgar educación de calidad

¿Qué haría usted si su proveedor le falla? Una, dos, tres y así sucesivamente. Exacto. Lo cambiaría y asunto arreglado. Pero ¿y si no le dejaran cambiarlo? ¿Si por Ley tuviera que contratarlo siempre?

Eso sería un verdadero drama ¿verdad? Pues bien, ese drama se llama “educación estatal”. Un servicio por el que todos pagamos pero con el que nadie está satisfecho. Todos los gobiernos son proveedores que ofrecen producir un servicio de calidad pero incumplen.

Por tal razón y apelando a criterios de orden práctico se debería reemplazar a este proveedor y devolver el dinero a los ciudadanos.

La enseñanza, como cualquier actividad, requiere de “elementos” que surgen de la libre relación de las personas. Los individuos tienen gustos y preferencias que son atendidos conforme progresan sus relaciones.

En ese sentido, la intervención del estado afecta la producción de estos “elementos” toda vez que su actuar sustituye y limita la acción de las personas. Y así, como si fueran animales en cautiverio, los individuos toman el alimento que sus captores entregan.

El progreso de las relaciones humanas impone una condición natural: que quienes participan deben necesariamente atender las necesidades de los demás para así atender las propias. Ese es el “incentivo” natural.

Es decir, aun suponiendo que la organización estatal conociera esos “elementos” que su propia acción limita, carece de los  “incentivos” necesarios para considerarlos, pues no tiene riesgo alguno de sucumbir, o sea, puede vivir sin satisfacer a nadie.

Que se limite al estado para producir un servicio como la enseñanza no implica necesariamente que deba renunciar a participar en la provisión del mismo, pues hay una gran diferencia entre “producción” y “provisión”.

Si el objetivo de un gobierno es llevar leche a los niños ¿necesita operar establos o plantas industriales? No. Podría encargar la producción a terceros como también entregar cupones de compra a las familias para que elijan el producto que más conviene.

En la enseñanza, no es necesario que el Estado administre colegios y universidades para lograr el propósito de educar al país sino que puede también incluir a organizaciones de probado éxito en este campo ¿Por qué deben los más pobres estar condenados a recibir lo que el estado produce?

Democratizar la educación

Este sería un verdadero proceso de democratización e inclusión social. Primero, porque permitiría incluir a nuevos actores en una esfera reservada tradicionalmente al estado, y segundo, porque las familias podrían elegir en un campo donde no había posibilidad de hacerlo y tercero porque cualquier niño podría acceder a una enseñanza de calidad.

Actualmente existe una industria educativa joven cuyos éxitos podrían masificarse. Las marcas comerciales reflejan una identidad que diferencia las propuestas. Son alternativas cuya interacción genera una mejora continua de la calidad. Los niños tienen diferentes gustos vocacionales. No existe entonces la propuesta única.

La educación seguiría financiada con impuestos, pero la producción del servicio estaría a cargo de operadores privados. El operador cobraría al Estado por cada niño matriculado y por rendimientos alcanzados.

¿Cómo se podría poner en práctica esta propuesta?

El Estado tendría que:

1. Hacer un inventario y valorización física de colegios.

2. Conformar cadenas de colegios y universidades estratégicamente distribuidas en el territorio.

3. Convocar a organizaciones de probado éxito en el campo educativo.

4. Conformar asociaciones público - privadas (capital mixto) con derecho a voz y voto.

5. El estado aportaría la infraestructura y el operador privado gestión e inversión.

Por: Walter Puelles Navarrete