¿Qué está pasando en el Gobierno?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha proyectado que la inversión privada caería 2.5% el presente año y el 2024 ni siquiera llegaríamos al 2%. Es decir, que habrá menos oportunidades de empleo, perjudicando principalmente a los jóvenes que habiendo culminado sus estudios básicos o universitarios no tendrán la posibilidad de poner en práctica todo aquello que han aprendido.

Para colmo de males, el BCR también anuncia que el Producto Bruto Interno seguirá descendiendo: la proyección para el 2023 ya no es 2.6% sino 2.2%. Esto ha sido ocasionado en parte por la caída registrada en el PBI durante el primer trimestre de este año (-0.4%), como consecuencia de las paralizaciones alentadas por grupos vinculados al expresidente Pedro Castillo y sus aliados.

La disminución en la economía se debe a la caída de la inversión minera en 18.9% en tanto que la inversión no minera se contrajo en 0.5%. En esta circunstancia, lo recomendable es promover la inversión, generar confianza, desburocratizar el sistema de otorgamiento de permisos de construcción y operación con la finalidad que la economía se recupere, se incremente la producción como consecuencia de la inversión y que haya mayor oferta de empleos, único mecanismo eficiente para reducir la pobreza que aqueja a millones de compatriotas. No hay otra fórmula eficiente y sostenible. Las acciones que se implementan desde el Estado suelen ser paliativos, programas sociales asistencialistas que no resuelven el problema, sino que buscan “evitar” o “postergar” un conflicto.

¿Qué es lo que proponen los economistas como Waldo Mendoza para revertir esta situación? Primero, ser conscientes que el determinante más importante del desarrollo económico es el crecimiento alto y sostenido del PBI, entre otros, porque sólo se puede generar oportunidades para la población más vulnerable mediante la provisión de bienes y servicios básicos de calidad, que se traduzca en una elevación rápida y sostenida del Índice de Oportunidades Humanas. 

En concordancia, Mendoza, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas, explica que el avance de la minería y la agroexportación ha sido formidable desde los años noventa en adelante. Con el motor de desarrollo que representa la minería, la inversión privada pasó 2.1% a 7.2%, lo que hizo multiplicar por 19 las exportaciones mineras durante las últimas tres décadas, (1990-2019), pasando de $1,481 millones a $28,579 millones. Con una política similar de promoción de las inversiones, en este caso de las agroexportaciones, éstas se multiplicaron por 16, pasando de $394 millones a $6,299 millones en el presente siglo.

No obstante lo evidente, parece que no todos en el Gobierno están informados de lo que sucede en el país y “construyen una realidad” desde otra mirada, ajena al interés mayoritario y que emplea como excusa discursiva el cuidado del ambiente. De lo contrario, cómo se explica la conducta que han tenido dos miembros del gabinete ministerial (Agricultura y Ambiente) el pasado sábado 17 en la provincia de Candarave en la región Tacna.

Según un acta que fue hecha pública el fin de semana, referida al reinició la “Mesa de Diálogo para Abordar Integralmente la Problemática Hídrica de la Provincia de Candarave”, la ministra Ruiz hizo un llamado conjunto para revisar las licencias de agua otorgadas, el representante del la Autoridad Nacional de Agua (ANA, dependencia adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego) manifestó que las licencias de uso del recurso hídrico fueron dadas hace muchos años; en consecuencia, podría interpretarse que dichas licencias pueden ser revocadas.

Cabe preguntarse si la eventual revocatoria de licencias de agua solucionaría la problemática hídrica de la provincia candaraveña. Evidentemente no. Las aguas que produce la minería para sus operaciones en zonas altas son captadas a gran profundidad, con un costo que no podría ser sufragado por la agricultura local, y no tienen relación con las aguas superficiales.

El argumento de la antigüedad de las licencias de agua carece de: a) razonabilidad técnica-económica, b) atenta contra la seguridad jurídica, c) privaría de recursos a Candarave, la región Tacna y al país, porque las dos primeras dejarían de recibir los recursos provenientes del canon y las regalías mineras; y el Perú por la merma que le representaría en la recaudación del Impuesto a la Renta por la interrupción injustificada de cualquier operación minera.

Las soluciones a la problemática hídrica de la austral región tacneña pasan por el desarrollo de infraestructura hídrica, ya sea por medio de infiltración de las intensas precipitaciones pluviales en la época de avenidas o por la construcción de represas. Pero también mediante el uso eficiente de las aguas para obtener de ellas el mayor valor económico posible, ya sea que las utilicen en la agricultura, la minería u otra actividad económica.

El cambio climático ha afectado a todas las actividades humanas;, por lo tanto, todas deben adecuarse y hacer un uso eficiente del agua disponible.  La minería recicla más del 80% del agua que emplea en sus procesos, eso representa una respuesta técnica adaptativa a la nueva realidad; sin embargo, no se puede decir lo mismo de la agricultura, que sigue usando técnicas tradicionales de riego (gravedad e inundación según los productos que siembren).

La solución no está en la contraposición ni en la exclusión de las actividades productivas, sino en buscar la complementariedad para centrarse en la solución. Del mismo modo, la denominada Ley de Cabeceras de Cuenca tiene por finalidad la protección del agua disponible, la cual ha sido generada en función a la presencia de lluvias. Si estas disminuyen o aumentan por efecto del cambio vlimático, lo razonable es aprovecharlas en su abundancia y no pretender atentar contra la minería, porque esta se realiza en zonas altas en función a la morfología de la geología del territorio, que ha determinado la presencia del potencial minero en esas zonas.

Algunos funcionarios saben que las lluvias se presentan a lo largo de las cuencas y no solo en las cabeceras de cuenca, saben que existe minería de origen natural cuando las lluvias acarrean partículas de minerales, que cuando alcanzan zonas de llanura en la costa o selva baja, en los cauces de los ríos se extraen pepitas de oro de manera informal como en la selva de Madre de Dios. Saben que decisiones ilegales acarrearán responsabilidades penales personales inherentes a sus funciones y económicas para el Estado, las que deberán ser asumidas por todos los peruanos a través de los impuestos que pagamos los ciudadanos formales.

El país espera reflexión y decisiones coherentes de sus autoridades.