Presidenta Boluarte, retome la iniciativa

Podemos estar a favor o en contra de Dina Boluarte; sin embargo, ella es la presidente constitucional de la República del Perú y ha asumido esta función en estricto cumplimiento de la sucesión presidencial en caso de vacancia, como efectivamente sucedió con el corrupto y golpista Pedro Castillo. Y ella debe hacer frente a la amenaza del radicalismo y sus aliados, el Foro de Sao Paulo y la siempre acomodaticia izquierda caviar, quienes anuncian acciones subversivas en todo el país con la finalidad de lograr la renuncia de la actual mandataria.

Sobre el particular, la ciudadanía se pregunta cuáles son las acciones que está tomando el gobierno para evitar que esta extorsión logre sus objetivos. A la fecha, la subversión le está ganando la guerra comunicativa: emplean las redes sociales, condicionan y, en algunos casos, negocian con dirigentes sindicales para comprometer la participación de sus afiliados en las manifestaciones.

Como en las anteriores “tomas de Lima”, los grupos terroristas han cambiado de estrategia en su sendero para alcanzar el poder. En adelante, las acciones subversivas no tendrán las mismas características del pasado (voladuras de torres de alta tensión, fábricas, secuestros y extorsiones), distantes de los denominados “movimientos populares”, sino que “acompañarán” las protestas ejerciendo la mayor violencia posible y, como de costumbre, contarán con un brazo legal formal que “defiende” los derechos de los intervenidos por las fuerzas del orden.

Dina Boluarte debe dar un paso atrás para resguardar la imagen presidencial. Pero tanto el ministro de Defensa como el del Interior han sido encargados de realizar las acciones que garanticen la seguridad y el orden público, por lo que la ciudadanía debe tener la seguridad de que el Gobierno no va a permitir atentados contra la propiedad pública y privada. Dado que Boluarte es la cuestionada por los grupos subversivos, hay que sacarla de este escenario.

Sin embargo, el Gobierno puede llevar a cabo varias acciones, como la declaratoria del estado de emergencia, el anuncio que no se permitirá el empleo de espacios públicos, convocar al Ministerio Público para que no se permita que los locales de las universidades sean violentados con la anuencia de sus autoridades, que utilizan estos hechos para promover sus aspiraciones políticas. ¿Verdad, Alfonso López Chau? ¿Habrá entendido que la UNI no es de su propiedad y que solo recibió el encargo de su administración?

También, el Gobierno debería convocar a la ciudadanía y al gremio hotelero para que informe de manera anónima cualquier registro extraño o sospechoso en sus instalaciones, por lo que es necesario que haya una línea de denuncia abierta y anónima al servicio del país. Del mismo modo, el Gobierno debe transmitir con firmeza que el derecho a la protesta se ejerce de manera pública, con el rostro descubierto, sin armas hechizas o elementos contundentes empleados para agredir a las fuerzas del orden.

Cuando la camarada Vilma afirma en sus redes que la protesta es a nivel nacional y menciona el agua, lo que está comunicando a sus cómplices es la orden de atacar instalaciones vitales para la población, como en las protestas de fines del 2022 y comienzos del 2023. La estación de gas de Kepashiato pretendía ser atacada con la finalidad de dejar sin trabajo a millones de personas, en especial a los más pobres, porque al privar de energía al sector industrial se vulnera el derecho al trabajo.

Presidente, es tiempo de reflexión y acción. Derrotar a la subversión y a quienes quieren el quiebre del orden constitucional, esa es su misión ¡No defraude a la ciudadanía!