PPK o la crisis permanente

La visita del papa Francisco terminó y ha sido un paréntesis muy entusiasta para el Perú. Los mensajes del Papa han sido escuchados por millones de peruanos y valen para insertar mucho de lo social que ha expresado en la agenda de quienes manejan el poder y de la propia ciudadanía organizada.

Pero esta visita no ha significado que la crisis política haya cesado; por el contrario, todo indica que recrudecerá más adelante. Sin embargo en lo que queda de este verano viviremos una especie de remanso, que extrañamente parece haber adormecido al Gobierno; en particular a sus ministros, a quienes no se ve actuando con agilidad política o eficiencia administrativa. No sabemos si el temor, la falta de experiencia o la desmoralización les han ganado. Son tres semanas y, en lo fundamental, nadie sabe de ellos desde el punto de vista político o de alguna actuación pública relevante; cuando deberían ser ellos los que, cual escobitas nuevas, estén operando desde el primer día de juramentados. La premier Aráoz tiene que ponerle las baterías a su Gabinete si no quiere que la próxima ola arrastre a todo el Ejecutivo a una nueva crisis de Gobierno.

El gabinete reajustado, con todas las debilidades, tendría que aprovechar este tiempo de relativa tranquilidad para trabajar fuertemente; por ejemplo, en la prevención de los conflictos, tanto los pendientes como los que se están generando lo largo del país. Para ello es clave la PCM y su viceministerio de Gobernanza, que con visión transversal interministerial y una estrategia clara haría su trabajo para contener, amainar y resolver, desde ayer, los problemas y reclamos que están en la base de los conflictos.

Si próximamente a la crisis política irresuelta se suman conflictos sociales y el huayco de Lava Jato (Declaraciones de barata incluidas, que todos esperamos, terremoto que puede mover todo el tablero político, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo) se producirá un cóctel que, al estallar, tendrá consecuencias letales para este Gobierno, débil y aislado después de la frustrada vacancia y el polémico indulto. Y mucho peores serían las consecuencias para la gobernabilidad, que ya está en riesgo. Es que el Gobierno ha perdido mucho de legitimidad; el Ejecutivo no tiene base social de soporte y su apoyo político está, en lo fundamental, en su grupo parlamentario. Todo eso se agrava porque no tiene iniciativa política ni muestra una estrategia para salir del atolladero.

Y esa realidad se expresa en la momificación de su equipo ministerial que, a estas alturas y coordinadamente con sus parlamentarios, ya debería estar recorriendo el país en un plan de toma de contacto y cosecha de demandas de cara a la población, solucionando sus problemas inmediatos. O sea, haciendo política. El presidente, en particular, tiene que entender que si bien el kenjismo lo salvó de la vacancia por “un pelito”, la forma y oportunidad del indulto otorgado a Alberto Fujimori le han acarreado el enorme problema de la pérdida de credibilidad, que pone en riesgo la gobernabilidad. No es momento de actuar como el avestruz, sino al revés: tiene que afrontar la realidad política que vive el país.

Se avizora una tormenta perfecta si el Gobierno no gobierna. Y peor si no tiene la muñeca suficiente para galvanizar un plan de consenso democrático que, sin perjuicio de luchar contra la corrupción, tenga como línea de base que cualquier solución será en el marco de la democracia. Siempre hay salidas políticas, pues en materia jurídico-política nada está escrito sobre piedra. Lo imprescindible, hoy y siempre, es el sistema democrático que nos cobija y que tenemos que defender.

En estas circunstancias, si no hay estrategia y capacidad de manejo por parte del Gabinete, el fantasma de la renuncia o la vacancia presidencial seguirá acechando. El rumbo de los fenómenos depende, en mucho, de las respuestas, propuestas y habilidades políticas. La consigna de la “reconciliación” sin contenido terminará en el margen superior de los papeles oficiales. Y punto.

Pero debe quedar claro que ninguna salida golpista, ningún afán putchista o aventurerismo callejero es solución para el país. Cualquier resolución política deberá ser ordenada y democrática. No queremos para el Perú una dictadura, cualquiera sea su pelaje. No queremos ver a nuestros compatriotas, en el futuro, hurgando entre la basura para alimentar a sus hijos. No deseamos vernos en el espejo de lo que hoy viven nuestros hermanos de Venezuela.

Los sectores democráticos de derecha, de centro y de izquierda, no comprometidos con la corrupción o el terrorismo, tienen la obligación moral e histórica de cerrar filas en torno a esa línea de base: la defensa de la democracia. Defensa que no debe significar voltear la página en favor de los corruptos, sino todo lo contrario: hoy por hoy, defender la democracia también es sinónimo de derrotar a los corruptos que han saqueado el país, que han robado el pan de la boca de nuestros niños más pobres. La justicia debe arrojar a esa gentuza “basuralicia” (Marco A. Denegri dixit) a las cárceles.