Postura endeble y dudosa de Vizcarra

Las encuestas relacionadas con su popularidad están atormentando a Martín Vizcarra, presidente de la República. Su gobierno está siendo orientado por los aplausos callejeros y la agenda que le imponen los titulares de un sector de una prensa amarilla que ha hecho de sus portadas estribillos en contra de la mayoría Legislativa y del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Si el presidente insiste conduciendo el país de esa manera, el quinquenio 2016-2021 está perdido. La continuación del humalismo se está haciendo realidad.

Vizcarra no se ocupa de los temas de fondo que preocupan a la población. Por ejemplo, en la reconstrucción del norte solo se han realizado intervenciones (obras) por un 18% del total de lo presupuestado. Es decir, no se ha hecho casi nada. La parsimonia de las autoridades del Estado, en todos sus niveles, se hace evidente una vez más.

El jefe del Ejecutivo cambió el modelo de la reconstrucción. El 75% de las obras estaban bajo la responsabilidad de Pablo de Flor, cuando dirigía la autoridad de la Reconstrucción con Cambios. Y para congraciarse con sus ex colegas de los gobiernos regionales, Vizcarra y su primer ministro, César Villanueva, cambiaron el modelo. Ahora el 50% de las obras han sido encargadas a los gobiernos locales. Por eso, las obras no avanzan, por la falta de gestión y capacidad técnica de las autoridades provincianas. Los agricultores piuranos denuncian que sus chacras continúan parcial o totalmente inundadas con lodo y piedra, y los canales de regadío no han sido recuperados como se les había prometido. Desde el norte, la frágil popularidad de Vizcarra —levantada por las encuestadoras, con el cuentazo del referéndum— se vendrá abajo tarde o temprano.

Parece que Vizcarra estuviera del lado de los que no quieren ser investigados por el caso Lava Jato. Insiste con la cantaleta de “luchar y destruir a la corrupción”. Es decir, “sin descartar ninguna medida” cerraría el Congreso de la República para generar el caos que le interesa a las empresas consorciadas con las constructoras brasileñas.

Cada día existen mayores evidencias sobre la intencionalidad soterrada del referéndum: el ocultamiento de las actividades corruptas realizadas durante los gobiernos anteriores. El objetivo de la consulta popular no es un noble deseo del presidente Vizcarra de reformar la política peruana ni confrontar a la corrupción enquistada en el sector justicia. El deseo de Vizcarra es mantenerse a flote hasta el 2021 con el apoyo de los medios de comunicación comprometidos con el caso de corrupción Lava Jato. Y todo indica que existe una estrategia bien desarrollada para proteger a todos los investigados (y por investigar) por las obras públicas realizadas durante los gobiernos pasados.

El cargamontón mediático en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, responde a esa estrategia de defensa. La campaña de desprestigio contra Chávarry es porque el fiscal es un hueso duro de roer y porque no es parte de la órbita de la Fiscalía que intentaba proteger a los verdaderos mafiosos. Con el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez se habría intentado ocultar, distraer y desordenar todas las investigaciones que vinculan a las constructoras que hicieron de las arcas peruanas su botín. Los medios de comunicación vinculados a esas constructoras han reaccionado defendiendo a “su fiscal” y atacando al nuevo fiscal por no poder mangonearlo a su regalado gusto.

¿Quiénes han gobernado el país durante los últimos 18 años? No son acaso Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski? ¿No hay acaso acusaciones serias en contra de Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima?

Si Vizcarra tomara en serio su amenaza de cerrar el Congreso, no habría quien hiciera las reformas que ha propuesto en proyectos pésimamente elaborados. Tampoco habría una base legal para realizar el referéndum. Entonces, si Vizcarra cierra el Congreso, no habría cómo realizar el referéndum, y la mayoría que aplaude a Vizcarra, se quedará con los crespos hechos. Ese día empezaría su final.