Por el diálogo y consenso perfectible

Si ningún grupo o conglomerado social y político tiene el poder para lograr los resultados inmediatos que son de su interés (“valor o utilidad que en sí tiene una cosa; provecho o bien buscado”), en una democracia solo queda el diálogo y los acuerdos, casi siempre imperfectos para el conjunto y las partes concordantes. Los consensos son mejores si dejan un proceso abierto, gradual y progresivo que se sostenga en el cumplimiento fiel de lo acordado. Pero para el tiempo faccioso de un actor polarizante no existe la maduración, sino casi siempre el empeño para la inmediata derrota de los adversarios, aún atropellando las reglas constitucionales.

En la lucha cívica, las autoridades no pueden comportarse como meros facciosos, ni peor aún ejercer su función contra la ley o implantando “camorras” (redes delincuenciales). Esto lleva tanto a no creer en la ley cuanto al repudio social: ¡que se vayan todos! Los criterios básicos de moral, sea la tawantinsuyana o la implantada en una colonia vestida de virreinato, quedan de lado —a veces ni para discursos— en nombre del realismo político.

Tenemos una sociedad cuasi anómica, base de una república profundamente fracturada, heredera de una cultura de la desigualdad y del “hecha la ley hecha la trampa”. Sucesivos grupos hegemónicos del sistema republicano no lograron perfilar ni realizar un proyecto de nación o Estado que orientara e informara la gestión pública y privada. La debacle en la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, y los años de saqueo, ocupación y humillación, fueron probablemente el peor momento de nuestra historia, junto con los del terrorismo subversivo.

Hoy resulta más grave que ningún grupo político relevante —representativo a escala nacional o con peso en uno o más departamentos— ni autoridad estatal alguna plantee como parte esencial de la agenda pública, tanto en su dimensión política como en la económica y social, una visión de proyecto nacional para enmarcar sus propuestas de cambio constitucional. A lo más se oye, a veces, que entrar al club de la OCDE es la meta; o que la finalidad es hacer ajustes económicos financieros y legales inmediatos y de corto plazo, que no llegan ni al 2021.

En este periodo constitucional se dio una paradoja: los programas económicos del candidato que ganó el Ejecutivo y de la que ganó la mayoría del Congreso, sin mayores diferencias de fondo, hacían posible una gestión pública consensuada para aprovechar los cuantiosos recursos disponibles. Recursos que no se emplean bien por ineficiencia y porque el sistema presupuestal (de inversiones y transferencias), es un conocido camino y alimento para la corrupción. Los datos oficiales publicados del sector público son una trágica evidencia, junto a los retrasos o mala ejecución de inversiones. Y a pesar de que existen fórmulas de realización de inversiones que no requieren pasar por nuevas normas del Ejecutivo ni del Legislativo, no se emplean. Salvo por excepción para las instalaciones de los Juegos Panamericanos, que ojalá terminen bien.

No podemos tolerar o soportar más las gravísimas inconductas en todo el sistema de administración de justicia. Y eso que no se han destapado faltas graves y presuntos delitos en otras entidades estatales en connivencia con personas y entidades particulares; desde universidades hasta consultoras, y no solo empresas. La ventilación pública de audios y pronto filmaciones y más fotografías —que mezclan evidencias con interpretaciones capciosas o tendenciosas de lo que se publica—, aunado al descrédito del Poder Judicial, la Fiscalía y el Poder Legislativo, está sustituyendo a las instituciones (encargadas de investigar, juzgar y sancionar) por la opinión pública y las encuestas, en las que no hay auditorías científicas independientes, como en otras democracias.

Así, pues, lo racional, si algo queda, es ajustar las pretensiones de las soluciones que se plantean, tanto en la agenda política constitucional, judicial, electoral, legislativa. No se puede hacer cambios fuera de la Constitución, salvo que nos embarquemos en una revolución social y política, —así como en la agenda económica presupuestal, récord de presupuesto y mala ejecución, y de inversiones—, recurriendo a fórmulas ya conocidas, que pueden lograr resultados antes del fin del periodo.