Poder Judicial: realidad e importancia

En 1821 nuestro país inició su vida republicana e independiente gracias a la lucha constante de muchos criollos e indígenas, que deseaban no seguir bajo el dominio del rey de España. Los líderes de la independencia estuvieron influenciados por las ideas liberales de la ilustración e inspirados en los hechos de la Revolución francesa, para luego tomar la propuesta de la división de poderes que fue planteada por Montesquieu. Es así que nuestra Constitución Política, en su artículo 43°, nos describe como una república democrática, social, independiente y soberana, en la que el Estado es indivisible y el gobierno es unitario, representativo y descentralizado, organizado bajo el principio de la separación de poderes. 

Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, señala que para no tener gobiernos absolutistas es necesaria la separación de los tres poderes: Ejecutivo (responsable de la función administrativa), Legislativo (dictar leyes y ejercer función fiscalizadora) y Judicial (administra justicia). Estos poderes deben ser dirigidos por cabezas diferentes para lograr el equilibrio entre sí y evitar los abusos que podría cometer una sola persona que concentre el poder.

Además de los tres poderes, la Constitución ha creado a otros organismos autónomos que cumplen funciones específicas: el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Defensoría del Pueblo, la nueva Junta Nacional de Justicia, etc. Estos organismos autónomos tienen funciones y atribuciones que están especificadas en las leyes, las que limitan su ejercicio dentro del poder estatal.

El Poder Judicial tiene una función básica y esencial, que es su potestad jurisdiccional, que es resolver conflictos que surgen entre los ciudadanos, y entre estos y el Estado peruano. Además está facultado para ejercer el control difuso, señalado en el artículo 138° de la Constitución Política. Esto significa que puede declarar inaplicable alguna ley por encontrarla inconstitucional, haciendo prevalecer la jerarquía de las normas. Podemos concluir que es un organismo que busca equilibrar el ejercicio del poder, previniendo el autoritarismo.

Actualmente observamos que la ciudadanía no confía en el Poder Judicial, por casos como el de los “Cuellos Blancos del Puerto”, en el que algunos “hermanitos” se apoyaban mutuamente para priorizar sus pretensiones o intereses, conformando una organización criminal dedicada al tráfico de influencias y corrupción de funcionarios del sistema judicial. Estas llamadas telefónicas desnudaron la deficiente labor que realizan muchos magistrados, ocasionando la indignación del país y provocando una crisis política y judicial de la que hasta ahora no nos recuperamos.

Con lo anterior, observamos que existe un gran peligro para la autonomía judicial, que pone en duda la decisión que pueda tener un Juez. Sabemos que la corrupción, el narcotráfico y el tráfico de influencias dañan el sistema judicial, que necesita urgentemente una verdadera reforma. Y también hacer eficiente la formación ética y profesional de los magistrados y funcionarios judiciales, con remuneraciones adecuadas. Y que se brinde a los ciudadanos un acceso eficiente y rápido del servicio de administración de justicia.