Otra mirada amnésica

Quien en su rol de embajador peruano en la Argentina recibió a un grupo de senderistas en la sede diplomática que se le confió, emulando a Francisco Sagasti (quien solicitó al terrorista Serpa Cartolini su autógrafa durante la violenta irrupción que protagonizó el MRTA de Víctor Polay Campos en la residencia del embajador del Japón en 1997), quien por entonces guardó silencio ante el secuestro masivo de inocentes desarmados, hoy se muestra indignado porque el Gobierno constitucional de Dina Boluarte logró derrotar a las izquierdas (subversivas y caviar) en la fracasada “Toma de Lima”, que pretendía la capturar del poder y la reposición del golpista Pedro Castillo.

Nos referimos a Nicolás Lynch y su pléyade, que tratan de imponer un relato totalmente alejado de la realidad, como que la legítima sucesión del poder que llevó a la presidencia de la República a Dina Boluarte es producto de una acción de usurpación, y que ahora desembozadamente se trata de un gobierno dictatorial. Claro está que el excientífico social es incapaz de exponer argumentos jurídicos o sociológicos.

En tan menos de tres líneas se contradice en su último artículo publicado en un portal web, cuando señala, refiriéndose al gobierno actual, “... es usurpador porque actúa en contra de la voluntad de transformación del Perú expresada en las urnas en julio de 2021”. Acto seguido: “(…) la abrumadora mayoría de los peruanos creen que los que mandan no tienen el derecho a mandar”.

La legalidad de un Gobierno se encuentra en función a los resultados del proceso electoral que los eligió. En consonancia, Dina Boluarte se convierte en primera vicepresidente en la plancha encabezada por Pedro Castillo. Se trata del mismo Gobierno, pero ante lo inconstitucional de los actos cometidos por su antecesor, Boluarte deja el cargo de primer vicepresidente y tiene que asumir la presidencia. Por lo tanto, empleando el argumento de Lynch, ella también representaría la voluntad transformadora del Perú.

En el caso del segundo argumento, la legalidad es puesta en cuestión por la supuesta ilegitimidad que le otorgan las encuestas al actual Gobierno. Cabría preguntarle a Nicolás, por qué no empleó el mismo razonamiento cuando servía al Gobierno de Alejandro Toledo que, además de corrupto, carecía de legitimidad porque –según las encuestas de entonces– menos del 10% de la ciudadanía lo respaldaba.

Por otro lado, en las elecciones municipales y regionales de octubre de 2022, a poco más de un año del Gobierno de Pedro Castillo, el partido que lo llevó al poder logró tan solo tres alcaldías provinciales de 195 existentes a nivel nacional. ¿Amnesia selectiva? O sus escritos sólo demuestran que ha abandonado el análisis científico social para optar por la militancia desembozada a favor de intereses estrictamente particulares.