Odebrecht, ganador de la lucha anticorrupción

En el mes que ha pasado, los fiscales anticorrupción Domingo Pérez y Rafael Vela, en un plan siniestro y lesivo para los intereses del Perú, han firmado un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Un repudiable acuerdo que permite a esta corrupta constructora brasileña seguir licitando obras en el país para poder pagar, en 15 años, una indemnización al Estado peruano. Ni en Colombia ni en Chile sucedió algo así, y esta empresa fue suspendida por años. En otras palabras, Odebrecht pagará dicha indemnización con la plata de todos los peruanos, ni más ni menos, y con el aval de la Fiscalía y el presidente accesitario Martín Vizcarra (que en un inicio dijo que no).

Después de la prosperidad falaz del guano, el vendaval de corrupción que ha sacudido nuestra joven democracia ha puesto de manifiesto que, en primer lugar, los grandes responsables de dicha situación, más que los partidos políticos (hasta ahora a Alan García no se le ha presentado ninguna prueba, solo sospechas), son los llamados “independientes”: léase Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán. Todos ellos, que llegaron al Gobierno con las banderas de lucha anticorrupción, no han hecho nada más que demostrar de qué pie cojean: el dinero fácil y mal habido.

En segundo lugar, esta línea negra en nuestra reciente democracia ha puesto de manifiesto también que la “constructocracia” (cuya cabeza principal es José Graña) no tiene una agenda de país ni de diversificación en su producción, más allá del Estado. Vale decir, no son verdaderos capitalistas, como sí se puede ver —por ejemplo— en Chile. Lo que tenemos son socios secundarios de empresas extranjeras, que esperan las migajas de estas últimas para poder generar dividendos. Se aprovechan del Estado, más que de los miles de beneficios que el mercado les puede brindar.

Los peruanos y peruanas que trabajan diariamente en el país difícilmente se enteran de esta situación calamitosa porque la gran prensa, vinculada al Grupo El Comercio (Perú 21, El Comercio, El Trome, Canal 4 y Canal N) y el Grupo La República (accionista de canal 4 y Canal N, así como de El Popular y La República), que manejan fácticamente como una sola empresa los contenidos que llegan a la gente, no dicen nada sobre el Odebrecht peruano (José Graña y sus socios corruptos en el país), ni de los presidentes que fueron comprados con dinero mal habido. Obviamente, no les conviene.

Estimado lector, si uno comienza a ponerle atención a este entramado de corrupción, se da cuenta de que su estrategia es distraer, lo que han hecho desde hace décadas, para proteger sus intereses: calumniar a los que no se han dejado sobornar por los que tienen dinero, pero no agenda de país.

¿Año de la lucha anticorrupción? Odebrecht y sus socios peruanos corruptos nos responden, claramente, que no. ¡Estamos advertidos!