Nueva escalada contra la minería

En los últimos años, los acontecimientos en contra de operaciones mineras relevantes para la economía nacional han ido en aumento, ya sea porque el Estado formal se ha mantenido al margen o porque algunos niveles de gobiernos subnacionales han sido capturados por organizaciones criminales, como ocurrió con la administración presidida por el expresidente y golpista Pedro Castillo. 

Lo cierto es que bajo la excusa de “evitar conflictos sociales” se están incubando otros de mayor dimensión,  que significan una amenaza para el Perú oficial. El 2003, durante el Gobierno de Alejandro Toledo, también marcado por la corrupción, se canceló el proyecto aurífero de la minera Manhattan, que se iba a desarrollar con la tecnología más moderna de la época en la localidad de Tambogrande, en la región Piura. Con el correr de los años, ha quedado demostrado que los argumentos en contra de su desarrollo carecían de todo sustento y que “la lavada salió más cara que la camisa”, porque ahora en la zona hay minería ilegal que opera sin acatar ninguna norma ambiental.

Posteriormente el ataque fue contra el desarrollo de operaciones mineras en el yacimiento ubicado en Quilish. Más adelante, la oposición fue contra el proyecto Conga; el excandidato y luego presidente Ollanta Humala planteó la dicotomía entre el oro o el agua. La región Cajamarca, donde se ubican ambos proyectos, pasó de ser una de las regiones que decidió pisar el acelerador en su proceso de desarrollo a detenerse en el tiempo. Desde entonces, ningún proyecto minero importante se ejecuta en dicha localidad. Sin inversión hay menos empleo y sin empleo aumenta la pobreza. La capacidad productiva de Cajamarca sigue descendiendo.

A continuación, la política se volvió a entremezclar con los intereses más nefastos de la criminalidad organizada y cogió como argumento supuestas banderas de defensa ambiental. Más temprano que tarde, salió a la luz el verdadero interés de los cabecillas antimineros, quienes condujeron los movimientos en contra del desarrollo del proyecto minero Tía María, en el desierto localizado varios kilómetros al norte del valle de Tambo. Recordemos que Pepe Julio Gutiérrez fue grabado chantajeando a una minera, solicitando millones de “lentejas verdes” para levantar la oposición.

El año pasado fue vandalizado el sistema de suministro de agua denominado Viña Blanca, que abastece a más de 5,000 personas en el campamento minero de Cuajone, perjudicando los ingresos fiscales y poniendo en riesgo los miles de puestos de trabajo directos e indirectos de esta operación minera. La respuesta de la administración castillista fue “dejar hacer, dejar pasar”, cuando lo lógico era defender y restituir en el menor plazo posible el suministro de agua para esta población. En este caso, operadores de inteligencia informaron que un tal Quiroga, vinculado al narcoterrorismo local e internacional, habría proporcionado la logística para esa acción delictiva.

En la actualidad la afectada es Minera Poderosa, un emprendimiento que tiene más de 40 años de operación, de capitales peruanos, sacado adelante gracias a la férrea voluntad de los desaparecidos Jesús Arias Dávila y Wilder Lozano Noriega. Poderosa es una compañía aurífera que de pequeña minería se ha convertido en la primera productora de oro formal del Perú, y que ve obstaculizadas sus operaciones por la acción de bandas criminales que operan con total impunidad. Esas bandas ingresan a concesiones asignadas legalmente y empiezan a extraer mineral sin aportar en modo alguno al Perú. En la zona se han producido asesinatos de vigilantes y las autoridades del estado aún no han decidido poner orden.

¿Hasta cuándo va a esperar el Gobierno? No se trata solo de la mina Poderosa, sino del quiebre sistemático y recurrente del principio de autoridad. Sin orden no hay progreso, y sin progreso la miseria alcanzará cada vez más a un mayor número de compatriotas.