Minería y corrupción

La minería es clave para el desarrollo y la erradicación paulatina de la pobreza en el Perú. La inversión minera el 2019 fue aproximadamente de US$ 6,000 millones, en los proyectos de Mina Justa, Quellaveco y la ampliación de Toromocho. Y están pendientes proyectos por más de US$ 45,000 millones, que promoverían el crecimiento vertiginoso de la economía nacional, generando miles de empleos directos e indirectos en todo el país.

Sin embargo, el Estado no tiene una política sostenible que priorice la explotación de los inmensos recursos naturales que tenemos. La minería, el gas, el petróleo, el turismo, la pesca y la agricultura son sectores abandonados por el gobierno, que solo se administran corruptamente. Los peruanos perciben que el Ministerio de Energía y Minas y los organismos reguladores están corrompidos porque favorecen a las empresas con permisos ambientales apresurados, exoneraciones tributarias y beneficios en infraestructura que los pueblos y comunidades no tienen. 

También, atentan contra la inversión la conducta prepotente de algunos funcionarios de las empresas mineras que tratan de imponer sus puntos de vista a los pueblos y comunidades, como hacían los viejos encomenderos coloniales del siglo XVI. No entienden la pobreza, ni la marginalidad en la que viven millones de peruanos, tampoco comprenden que muchos de esos pueblos prefieran la minería informal. Los pueblos y comunidades tienen terror a la contaminación ambiental que pregonan las oenegés ambientalistas financiadas por los países que compiten con el Perú en el ámbito minero. Por otro lado, están los gremios, los comentaristas y analistas de los medios de comunicación, que defienden la inversión minera con el lenguaje sofisticado de los economistas, que la inmensa mayoría de los pueblos no comprenden.

En las zonas mineras las oenegés despliegan a sus cuadros supuestamente para defender a los pueblos de la minería capitalista que explota y contamina. Lanzan consignas y reclutan activistas con presupuestos inmensos. El objetivo de las oenegés es impedir el desarrollo minero en el Perú. La protesta contra la minería se ha convertido en un negocio corrupto y un modo de vida de muchos dirigentes, introducido por estas oenegés llamadas ambientalistas.

Los casos emblemáticos son los de Pepe Julio Gutiérrez (dirigente del Frente Amplio), de Goyo Santos en Cajamarca, de los comuneros de las Bambas y sus abogados. Esta última modalidad de extorsión está de moda en todos los conflictos sociales. Muchos de los dirigentes comunales de las zonas mineras con los que converso me dicen que los abogados ya han pactado con los funcionarios de la empresa para repartirse el dinero.

La minería, el gas y otras actividades extractivas se han convertido en negocios mafiosos para los pueblos y comunidades que perciben que las empresas se llevan las riquezas de sus tierras y ellos reciben migajas. Entonces, recurren a la toma de carreteras y a la violencia social para conseguir más beneficios económicos de las empresas y del Estado. Esta situación se agrava porque no existe un protocolo de solución de conflictos, menos una planificación ordenada de la inversión, y se fomenta una rivalidad absurda entre las empresas y los pueblos.

Las actas y las mesas de diálogo muchas veces generan más conflicto y resentimiento social, porque los acuerdos nunca se cumplen. Esta situación se agravará porque Vizcarra ha nombrado como ministra de Energía y Minas a Susana Vilca, una cuestionada empresaria minera informal que tiene graves conflictos de interés. Y mientras no tengamos políticas públicas claras de cómo explotar racionalmente nuestros recursos naturales para que beneficien a todos los peruanos tendremos conflictos sociales, que en realidad son insurgencias carnavalescas que solo buscan qolke de cualquier forma.