Minería ilegal a vista y paciencia de las autoridades

Recientemente, hicimos un recorrido por diversas concesiones mineras que han sido invadidas total o parcialmente.  No obstante las denuncias reiteradas formuladas por sus titulares, a la fecha parecería que algunas autoridades se están haciendo de la vista gorda. Es decir, no saben ni opinan.  En la práctica están demostrando inacción ¿o complicidad?

El tema es especialmente grave porque la presencia de mineros ilegales en todo el país ha generado acciones de violencia ,con el trágico saldo de pérdida de vidas humanas. Como ocurrió en Caravelí, región Arequipa, durante 2022, donde bandas de mineros ilegales se enfrentaron por el control de las zonas invadidas.

En esta oportunidad nuestra visita se llevó a cabo en la región Apurímac, donde pudimos constatar cómo es que operan las bandas de mineros ilegales. Primero, ingresan a una concesión ya explorada, la cual ha sido debidamente estudiada, analizada e investigada por algún operador minero formal, con la finalidad de establecer la relevancia y el potencial del yacimiento. Sucede que sin haber realizado inversión previa alguna, los mineros ilegales usurpan las concesiones e incentivan la corrupción para que nadie los vea pasar portando cientos de toneladas de minerales. Uno se pregunta ¿y las autoridades locales? Bien, gracias. Parece que miran para otro lado.

Segundo, cuando alguna autoridad decide intervenir para contrarrestar este aprovechamiento ilegal de los recursos de todos los peruanos, ocurre que los mineros ilegales arrojan el mineral que han extraído a la carretera, e inclusive en la proximidad de los ríos, con el alto riesgo ambiental que esas acciones delictivas representan. Por eso desde los Ministerios del Interior, Energía y Minas, y Ambiente, y el Ministerio Público, deben actuar con la diligencia debida. A la hora de la constatación, ya sea por parte de la policía o de la fiscalía afirman que “no se ha podido determinar que los camiones que trasladan el mineral obtenido ilegalmente sean los responsables de haberlo arrojado a la carretera”. Por lo tanto, dejan que siga su camino.  En otras palabras, impunidad total.

Tercero, y para colmo de males, una vez que finaliza el operativo y se retiran las autoridades, los mismos camioneros intervenidos –que de pura casualidad circulan por allá–, retornan y recogen el mineral que habían arrojado a la carretera. Es decir, en Abancay, y específicamente en Chalhuanca, con la minería ilegal ¡no pasa nada! Todo sigue igual.

Extraer mineral sin las autorizaciones respectivas constituye un hecho delictivo en sí mismo. Además, este tipo de “operación” pone en riesgo a las personas que extraen el mineral, porque incumplen todas las normas de seguridad.  Del mismo modo, ponen en riesgo a las poblaciones del entorno que se ven obligadas a transitar por zonas donde el mineral fue arrojado. De esta manera, los mineros ilegales evitan ser capturados in fraganti, lo que constituye una burla a las normas y a las mismas autoridades. Las autoridades nacionales tienen que hacer algo, porque la expansión de la minería ilegal representa un gran peligro para el país y no garantiza en modo alguno el desarrollo local y regional. Por ello este delito no puede quedar impune.

Todo lo contrario, sucede en las localidades donde existe y opera la minería formal. Aquellos pagan sus impuestos para contribuir al desarrollo nacional, y operan con los más altos estándares ambientales y sociales. Esto se constata con las certificaciones internacionales que ostentan.