Manuel Gago
Mentiras verdaderas
Las secuelas del año que se va

Primero. Durante la gestión del ex presidente Martín Vizcarra las campañas sistemáticas de desprestigio exacerbaron los ánimos de la población contra el Congreso de la República de mayoría fujimorista. El inicio de un plan que pone en peligro la economía del país. Las fuerzas políticas elegidas por un sector de las minorías, aliadas de las turbas y del vandalismo, controlan ahora el Parlamento.
El cargamontón contra aquel Congreso tenía orígenes sospechosos. Por un lado, proteger a Vizcarra de las imputaciones en su contra durante su gestión como presidente regional de Moquegua. Y por el otro lado, el avance del marxismo e izquierdismo, adversarios frontales del aprismo y del fujimorismo. No obstante, la representación de Fuerza Popular (FP) hizo lo suyo alimentando el desprestigio.
Por la acusación de ser un “Congreso obstruccionista”, con el fin de evadir responsabilidades, parte de la población cree que las obras públicas y los servicios de salud, educación, seguridad y otros son de responsabilidad del Parlamento y no del Ejecutivo. El populismo del actual Congreso alimenta esa creencia popular, aprobando proyectos de ley inconstitucionales relacionados con el gasto público. Así también, intentando salvar el pellejo, según Vizcarra, no compró vacunas contra el coronavirus “por culpa del Congreso”. Vale recordar que Vizcarra impuso su voluntad al convocar un referéndum para una supuesta reforma política y de justicia, disolvió el Congreso controlado por FP y convocó a elecciones parlamentarias extraordinarias. Voluntad ausente cuando se trató de las vacunas.
Segundo. Sobre al vandalismo que provocó la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) –ley atacada en el Congreso por las representaciones marxistas–, el ministro del Interior, José Elice, ha declarado que “es difícil señalar a los dirigentes de las protestas”, “una movilización amorfa y sin dirección”, y que la policía actuó en función a “supuesto menos dramáticos”. Veamos.
Varios proyectos de ley en el Congreso intentaron anular la Ley Nº 27360. ¡Qué casualidad! Con Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso y representante del marxista Frente Amplio (FA), la protesta “amorfa y sin dirección” se tumbó la ley que permitió el crecimiento de 800% de las agroexportaciones y 600 variedades de frutas y verduras peruana en el mundo. Para el comunismo, la ley sería derogada por las buenas, en el Congreso; o por las malas, por las calles controladas por las dirigencias ideologizadas.
El vandalismo antimercado y antiempresa estuvo al frente de las manifestaciones contra la ley agraria. No obstante, para el ministro, es “difícil señalarlos”. Como en los tiempos del senderismo ¡qué miedo señalar a los “cumpas”: “el partido tiene mil ojos y mil oídos”! Además, si en las manifestaciones contra la presidencia de Manuel Merino hubo numerosas personas heridas (entre ellos policías) y lamentables muertes, ¿cómo así el control de las manifestaciones contra la ley agraria se basó en “supuestos menos dramáticos”? ¿Acaso los jóvenes de clase media de las zonas mesocráticas de Lima, que asistieron a las manifestaciones contra Merino, eran más violentos que los trabajadores del campo?
Tercero. Como ha propuesto el columnista Iván Arenas, urge una comisión de la verdad que investigue y documente los sucesos durante la pandemia y cuarentena por el coronavirus. Los resultados catastróficos (personas fallecidas, gasto público y prohibiciones jaladas de los cabellos) serían el ejemplo de lo que no se debe hacer en eventos futuros. Asimismo, vale señalar que, según encuesta de Ipsos, un 60% de la población rechaza las vacunas y un 47% cree que la pandemia terminó. Según el ministerio de Salud (Minsa), un 39.3% de la población de Lima y Callao ha generado anticuerpos para Covid-19. Según The New York Times, en agosto pasado un 70% de la población de Londres, Bombay y Brooklyn están inmunizados de manera natural. Y, según investigadores independientes, debido a gripes por otros Covid surgen células T, de inmunidad. Ciencia en lugar de políticas criminales y de dominio.
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