Los culpables que usted investiga gozan de impunidad

Cada día que pasa más gente va apreciando que la impunidad de los delitos cometidos por la mafia brasileña de Odebrecht y compinches está plenamente garantizada por el Gobierno de Martín Vizcarra. No hay ni un solo responsable importante, entre aquellos que ejercieron altos cargos en la administración del Estado, que sufra prisión. Ni Pedro Pablo Kuczynski, ni Ollanta Humala, ni Nadine Heredia, ni Alejandro Toledo, ni Susana Villarán, todos ellos con pruebas fehacientes de corrupción. Ollanta y Nadine sufrieron una corta prisión preventiva, pero sus delitos —como los de los otros mencionados— van rumbo a la prescripción.

Solamente ha sido encarcelada Keiko Fujimori, quien no ocupó ningún cargo en el Ejecutivo —centro telúrico de todos los fraudes en contra de los ciudadanos del Perú— durante el reinado de Odebrecht, “que ponía y sacaba presidentes” (grave confesión privada de un ex ministro de Justicia, quien también está impune) entre 2002 y 2014. Perpetraron una evidente injusticia apelando a una prisión preventiva que puede resumirse en: “No tengo pruebas contra ti, pero debo encarcelarte para investigarte y encontrarlas. Si no las encuentro serás liberada, pero ya te comiste cana”.

Alan García también estuvo a punto de ser apresado bajo el artificio de la prisión preventiva. Pero en una maniobra muy hábil, solicitó asilo en la embajada de Uruguay y, aunque el asilo fue negado, ahora ha ganado una coraza de protección, porque el abuso de la prisión preventiva en este caso, de consumarse, generaría un escándalo de proporciones.

Todo indica que Odebrecht sigue controlando las decisiones del Gobierno peruano gracias a su máximo operador en el Perú. Este operador goza de una inmensa maquinaria mediática para ir y venir difundiendo información que distraiga al populorum, ganando más y más impunidad para la más grande organización jamás montada: el socialista Foro de Sao Paulo, su cabecilla Lula Da Silva (hoy preso en Brasil) y las megacorruptas empresas mercantilistas brasileñas, con Odebrecht a la cabeza.

Cuando apresaron a Keiko, incluso muchos de sus opositores —percatándose de la injusticia— trataron de justificarse con el consabido “caiga quien caiga, todos los otros ya caerán pronto”. Ha transcurrido más de seis meses y no hay ni señales de que los intocables paguen por sus culpas. Se sigue distrayendo a la gente con la persecución a García y con la demolición del Congreso. El convenio con Odebrecht, para información privilegiada que permita castigar la corrupción de los políticos (1% del total), es un fiasco, no ha producido resultado alguno y sí ha garantizado impunidad para Odebrecht y sus operadores locales (99% de la corrupción nunca será castigada).

A todo esto, una puesta en escena circense ha acaparado los espacios mediáticos que miran a otra parte para no hablar ni del boato presidencial con casi un centenar de parásitos en el avión presidencial paseando por Europa con dinero de todos los peruanos, ni de las presuntas graves responsabilidades del mismísimo presidente Vizcarra con la mega corrupción de Odebrecht. Aunque condenamos la agresión sufrida por el fiscal Pérez Gómez, la fantochada de presentar un certificado que le da dos días de descanso médico es delirante. Le cayó una botella de plástico vacía en la cabeza) fue a las diez de la mañana y se atendió del “grave golpe” ocho horas después, en una clínica que expidió el certificado de marras. Según el certificado, se trata de un TEC S00.9, es decir “traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada […] un simple abultamiento superficial”. Un chichón, en su versión más simple.

¿El cabecilla de la turba que agredió a Luis Alva Castro, ex vicepresidente y ex presidente del Senado del Perú, en la puerta de la embajada de Uruguay, que lo golpeó en la cara, en la cabeza, lo tumbó y luego lo pateó en el piso, ha sido sancionado? No está preso, y resulta una feliz coincidencia que sea un asalariado del hombre sin cargo más poderoso en el Gobierno, Gustavo Gorriti. Sí, el cabecilla de la turba que agredió a Luis Alva Castro trabaja para el IDL.

Debemos defender el principio de la igualdad ante la ley, fundamento de la democracia y el estado de derecho. Que se castigue a los violentos, pero a todos. Lo de la clínica, aunque lo firme el Papa Francisco, no tiene correlato con la realidad, luce como una ficción ¿Alguno de ustedes, amable lector, puede convencer a su jefe de tener dos días de descanso médico por un chichón leve? ¡Realismo mágico en el Perú!