¡Llegó la hora de gobernar!

Han transcurrido cien días desde que el presidente Martín Vizcarra solicitara al Congreso la realización de un referéndum para reestructurar el sistema de administración de justicia, propiciar el retorno a la bicameralidad, impedir la reelección inmediata de los congresistas y transparentar la financiación de los partidos políticos. Una solicitud que ha tenido el efecto de una bomba que ha paralizado la economía del país y polarizado a las fuerzas políticas.

Paradójicamente, en el Congreso no se están debatiendo los temas de la reforma judicial, cuyo anuncio sirvió para subir de 20% a más del 60% la popularidad del jefe de Estado; y por el contrario, trajo por los suelos la imagen de Fuerza Popular, que no supo asimilar el mensaje del pueblo, ganándose por ello la fama de obstruccionista y reacia a las reformas.

En forma paralela, han surgido los escándalos de corrupción de “Los cuellos blancos del puerto” y del Consejo Nacional de la Magistratura, por los nombramientos de jueces y fiscales, que motivaron la destitución de todos sus miembros. Todos estos acontecimientos reflejan que nuestro sistema judicial atraviesa una seria crisis institucional que requiere de una reestructuración profunda.

Sin embargo, nada ha cambiado. Con la renuncia del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y la fuga del ex vocal supremo César Hinostroza, al parecer se cree que el problema quedó resuelto en dicho poder del Estado. Lo mismo sucede con el Ministerio Público, en el que permanecen inamovibles los fiscales supremos cuestionados y donde, por el contrario, las funciones fiscalizadoras se han visto politizadas y polarizadas, agravándose la crisis.

Por un lado el fiscal superior anticorrupción Rafael Vela y José Domingo Pérez, miembro de su equipo, se sienten respaldados por los medios de comunicación que controla el cuestionado empresario José Graña Miró Quesada, accionista mayoritario del Grupo El Comercio y principal miembro del Club de La Construcción, así como de IDL Reporteros y las ONG caviares; y el por el otro, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, que se siente blindado por Fuerza Popular y el Apra. Una situación que ha colocado a todos sus protagonistas en una posición penosa. Mientras tanto, la crisis económica del país se acentúa cada vez más.

Comprobamos, así mismo, que la gran prensa nacional ha brindado casi nula cobertura al caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción del siglo, con más de US$ 15,000 millones involucrados. Sin embargo, las primeras planas de los medios están orientadas a distractivos, que no tienen mayor importancia para la opinión pública, así como al seguimiento exacerbado de la detención preventiva de Keiko Fujimori, por el supuesto lavado de un millón de dólares. Mientras que otros políticos, que desempeñaron la primera magistratura de la república y altos cargos públicos, acusados por los mismos delitos u otros aún más graves, se encuentran libres o fugados. Son los casos de Toledo, PPK, Humala, Villarán, etc.

Lamentamos que la justicia peruana se haya politizado tan peligrosamente, y que el Poder Legislativo y el Ejecutivo se hayan convertido en cuasi tribunales de justicia, porque estos factores distorsionan el sistema democrático. Cada uno de los poderes que sustentan la democracia debe cumplir con el rol que les fija la Constitución del Estado.

Mientras tanto, los gobiernos regionales y municipales solo han ejecutado, en promedio, el 50% de sus presupuestos, debido a que el Gobierno central no les aprobó oportunamente sus proyectos. Y a pesar de la urgencia de una población necesitada de fuentes de trabajo, mejor infraestructura educativa y de salud, lucha contra la corrupción y nuevas inversiones que garanticen una mejor calidad de vida para los peruanos

Ya es hora de que el presidente de todos los peruanos, Martín Vizcarra, deje a un lado la demagogia y se dedique a gobernar, si es que no quiere que ese cuarto de hora de popularidad, de la que hoy goza, le reviente en la cara. Para ello es necesario que cada Poder del Estado asuma sus responsabilidades. Así mismo, que el Sistema de Justicia utilice la misma vara para juzgar a todos los que traicionaron la confianza del pueblo, caiga quien caiga. La corrupción no debe tener color político y menos estar al servicio de los que más tienen. Ya es hora de que se gobierne pensando en el Perú y en todos los peruanos. ¡Basta ya de injusticias!