Libertinaje comercial que desacredita al libre mercado

Recientemente se ha comenzado a hacer afirmaciones sobre severos incrementos en el costo de electricidad para el consumidor, que es conveniente aclarar. Para los 8.3 millones de domicilios que cuentan con suministro regulado por Osinergmin, que corresponde a usuarios con demandas de hasta 200 Kilovatios (KW) –un domicilio consume en promedio 2 KW– no hay por qué alarmarse, los reajustes están asociados a variables que no registran cambios traumáticos. 

El problema está en los clientes libres (CL), dentro de los cuales están los que pueden acogerse opcionalmente a este mercado (aquellos con demandas superiores a 200 KW y de hasta 2,500 KW); mientras que todos aquellos que superan los 2,500 KW obligatoriamente están calificados como CL. En este caso el costo unitario de su consumo tiene que ser negociado con generadores (productores) o con los distribuidores de la zona geográfica en donde se encuentren ubicados. 

Las estadísticas publicadas que corresponden al pasado mes de agosto señalan que ha habido precios en el mercado libre (ML) que han llegado a ser 217% superiores a los que tenían en sus contratos originales. La interrogante es ¿cómo se ha llegado a esta situación? La respuesta está en la firma de contratos que se han venido suscribiendo masivamente desde el 2016, lo que ha devenido en que los CL pasaran de 255 a 1,940. Fueron encandilados por ofertas de bajo costo, aprovechando una distorsión normativa que coincidió con una sobreoferta de capacidad que se dio en ese momento. 

La propaganda de la oferta atractiva no advertía que la normativa estaba en un proceso contencioso y que había vulnerabilidad en el excedente por ser de energía de origen hidráulico, que estaba atada a la ocurrencia de lluvias. Era indispensable informar que ante sequías u otros eventos que restrinjan la oferta, el crecimiento de los precios del mercado de corto plazo (MCP) –de donde se tomaba la energía que vendían– se trasladaría al consumidor. Estaba escrito en los contratos, pero al no haber suficiente difusión sobre los riesgos, los clientes no lo tomaron en cuenta. 

En lo que va del 2023 las bajas precipitaciones han sido una constante y el precio de la energía en el MCP (costo marginal) ha estado influenciado por la operación de las centrales térmicas a diésel (D2), cuyo costo variable de producción llega a ser hasta ocho veces el de las de gas natural (GN), habiendo sido la capacidad de estas últimas insuficiente para abastecer la demanda. 

Entre enero y agosto de este año la participación de las centrales a D2 se ha ido incrementando a medida que la sequía se agudizaba (la producción hidroeléctrica de agosto de este año fue 15% menor que la de agosto 2022). En este período el costo marginal (cmg) se multiplicó por 5.5 y la mayoría de los vendedores del ML lo han trasladado a sus clientes, que es obvio que no pueden pagar. Esto ha motivado resoluciones de contratos, por falta de pago o porque el suministrador prefiere pagar la penalidad por resolución en lugar de seguir acumulando cuentas por cobrar. Los afectados son los CL y algunos suministradores. 

Sobre los consumidores hay que distinguir a los intensivos, que solo 50 de ellos hacen el 70% de la demanda; mientras que el 30% restante se reparte entre 1,890 empresas que están en serios problemas de pago. Por lo menos 1,700 de estas empresas tendrán que pedirle a los distribuidores que dejaron, que los vuelvan a acoger.

Por otro lado, habrá una parte de los 190 restantes que por tener consumos superiores a 10,000 KW tienen la potestad de hacer retiros del MCP al altísimo cmg, y cuyo monto mensual se repartirá entre los generadores del sistema. Lo más probable es que no puedan pagar.

Dos de los comercializadores, que eran los más pequeños productores del sistema, que retiraban del MCP para vender barato pero con buen margen, tienen muy buena cantidad de contratos. En conjunto atendían a 597 clientes; muchos de ellos no les deben haber pagado, poniéndolos en aprietos. 

Lo que se empieza a rumorear en el mercado es que se pretende que las cuentas por cobrar de los retiros sin contratos y las pérdidas de los comercializadores sean prorrateadas entre los 8.3 millones de consumidores regulados, lo que no puede ser admitido. El libertinaje del cual usufructuaron, que ya desacreditó las prácticas de libre mercado, y que ahora les arroja pérdidas no puede ser compensado por los demás.