Las nefastas consecuencias de juridificar la política

Desde hace un tiempo condenamos la creciente tendencia a juridificar los fenómenos políticos. Nos referimos a aquella pretensión de abordar la naturaleza contradictoria de la política apelando a reglas, procedimientos y raciocinios correspondientes al universo jurídico. Expliquémonos. Es verdad que domeñar el poder, sometiéndolo a una racionalidad normativa para extirpar la arbitrariedad, es una aspiración que se remonta a la Ilustración. En ese curso, la comunidad jurídica alemana de los albores del siglo XIX, elaboró el concepto de Rechtsstaat (Estado de derecho), alcanzando una rapidísima expansión en un orbe convulsionado por la Revolución francesa.

Por cierto no estamos relativizando esta noción medular, extraordinaria conquista de la humanidad. Pero sí rechazamos algunas de sus tergiversaciones contemporáneas, especialmente la que estrecha voluntaristamente el campo propio de la política, mientras extiende antojadizamente las posibilidades prácticas del derecho. Qué no es solamente una preocupación teórica, erudita o académica, lo evidencia esa peligrosísima práctica de “criminalizar la política”, ya denunciada por muchos debido a sus efectos deletéreos para el quehacer político.

No es la única manera de afectar la democracia política. Analicemos lo que acontece en el Congreso de la República. ¡Increíble! Pero sin mediar trauma social ni elecciones que hubieran trastocado la correlación de fuerzas, el parlamento nacional ha cambiado radicalmente de orientación política. En efecto, semanas atrás era una instancia de oposición y control político al Gobierno. Hoy ha devenido en una institución genuflexa, servil y uncida al carro gubernamental. ¡Pero casi inadvertidamente!

¿Cómo sucedió esta inusitada transformación? Sin duda, ahí están los gravísimos yerros en la conducción del Poder Legislativo y el peor manejo de la situación política nacional por parte del fujimorismo. Ello explica por qué un dirigente de segunda línea, ligero en sus compromisos y sinuoso en sus decisiones —el presidente Vizcarra— se ha autonomizado políticamente y trastoca las alianzas políticas. Por eso gobierna con los que ayer le imputaban traición a Kuczynski; y de la mano con ellos ataca a quienes lo apoyaron para tomar el poder. ¡Casi con total impunidad!

Por ahora develemos el mecanismo utilizado para capturar al Congreso, en vez de un análisis integral del asunto, el cuál puede esperar. Queremos hacer evidente las letales consecuencias de “juridificar la política”, antes que cualquier otra cosa. Diremos que convergieron dos circunstancias contradictorias: la promoción avezada del transfuguismo parlamentario y el insólito papel cumplido por el Tribunal Constitucional. En la primera, lo prosaico e incluso vergonzante. En la segunda, la solemnidad y jerarquía de un órgano que se reputa “supremo interprete de la Constitución” y, por ende, garante del juego político democrático.

Hoy los tránsfugas mandan en el Congreso. Con licencia para burlarse de sus partidos y electorados, forman bancadas espurias a granel y son mayoría en el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces. Además controlan la administración congresal y pretenden asumir las principales comisiones. En un santiamén liquidaron la correlación de fuerzas emergente de las elecciones parlamentarias del 2016, con sus mayorías y minorías, hasta el 2021.

Aquella voluntad popular del sufragio fue sepultada por el transfuguismo, sin respeto político alguno. La actual representación parlamentaria responde al mercenarismo tránsfuga, no al voto popular. Hoy sus maniobras valen más que el mandato de las urnas. Ante tanto arbitrio, las elecciones devienen en una farsa grosera. Obviamente lo decidido por el pueblo —titular de la soberanía según el Art. 45º de la Constitución— carece de fuerza vinculante, a todas luces.

Mas lo triste y deplorable fue que este desprecio por la democracia política fuera operada por una mayoría del Tribunal Constitucional. En lugar de cumplir su rol constitucional, garantizando la independencia de los Poderes del Estado en pro del equilibrio político, eje de todo régimen democrático, el TC se abocó a deshacer la mayoría parlamentaria dictada por la elección popular. Lo hizo derogando las disposiciones del Reglamento Interno del Congreso relativas al funcionamiento de las bancadas, así como las prerrogativas y limites de los congresistas, en ellas.

El grupo mayoritario en el TC tenía el propósito de alterar el sufragio democrático, estimulando las ambiciones tránsfugas existentes en la bancada hegemónica. Por eso estimó que los frenos a los desplazamientos transfuguistas, y consiguiente pérdida de privilegios a las conductas desleales, atentaban contra la libertad de conciencia de los legisladores. Al margen de sus compromisos y responsabilidades, zurrándose en la organización con que postularon y en contra de los votos populares recibidos.

El TC hizo milagros, como el rey Midas: convirtió a los reprobables tránsfugas, traidores para su organización y electores, y metástasis del sistema de partidos, en personajes destellantes por el oro de sus “ideales superiores”, “altruistas al pensar”, “desinteresados en sus actuaciones”. Aunque usted no lo crea ,los otrora viles tránsfugas, ¡son hoy los pilares de la gobernabilidad del señor Vizcarra!

Lima, 10 de febrero de 2019