La verdad sobre la seguridad social en el Perú

Dicen que hay que aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Es una frase que se repite mucho, pero ¿realmente aprendemos? Las décadas que he vivido me permiten ofrecer un análisis sobre esta frase tan cliché. Cuando se realizaban las elecciones de 1985 y se preveía la victoria del APRA, los mayores de entonces nos hacían referencias al malhadado Gobierno del expresidente Bustamante y Rivero. Nos advertían sobre las colas, el control de precios, los estancos, las cuotas, el control de cambios, la escasez y la inflación.

Pese a las advertencias, nos ilusionamos pensando en romper con el orden, con la espera, con los acreedores. Quisimos creer que era posible, “que esta vez lo haríamos bien”. Creímos mal. La realidad fue más dura que lo previsto por la generación que había vivido este tipo de políticas. Un ejemplo claro fue la tragedia de la seguridad social.

Me explico. En el Perú, hemos tenido dos modelos de ahorro previsional: el sistema público de pensiones, y la pensión de ahorro en cuentas individuales (que es el actual sistema de AFP). Quienes éramos parte de la fuerza laboral durante esas décadas aportábamos al sistema estatal. En teoría, el Estado era el encargado de invertir los ahorros de los peruanos trabajadores. Luego de más de 40 años de arduo trabajo, el dinero —presuntamente cuidado y bien invertido—nos permitiría jubilarnos y vivir con tranquilidad. Esa promesa jamás se cumplió.

La implosión del “modelo” económico de la Constitución de 1979 masacró y obliteró la economía peruana y tres signos monetarios. ¿La consecuencia? Se destruyó el sistema público de pensiones. Nunca se pudieron reconstituir los aportes de los pensionistas y se tuvo que recurrir a un “bono de reconocimiento” para los que aportaron en esos años. Este bono sería el aporte inicial en el nuevo sistema de pensiones. Lamentablemente, el bono nunca pudo compensar lo que trabajó un empleado en esas desastrosas décadas.

Debo decir, en favor de los que idearon el bono de reconocimiento, que cuando este se planteó, el Gobierno peruano estaba saliendo de la “insolvencia internacional”. No teníamos crédito. Éramos un país delincuente desde el punto de vista financiero. Era difícil prever el éxito que tendría el Peru con el cambio de Constitución.

El tope del bono de reconocimiento fue de S/ 65,000 en el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, eso era lo máximo que se entregó. Pensemos bien qué significa este monto. Para los que comenzamos a trabajar en los setenta y aportamos por 20 años, esto significaba que estaríamos recibiendo S/. 250 mensuales por la mitad de nuestra vida de trabajo. Pero nosotros teníamos otros 20 años más para aportar en el nuevo sistema. ¿Qué pasó con los trabajadores que aportaron toda su vida al fondo de pensiones público o a los que les quedaban pocos años para seguir aportando antes de jubilarse?

Todos ellos vieron sus aportes desvanecerse en un carnaval de gastos. La doble pista que se alargaba hasta la playa León Dormido, en el km 85 de la carretera al sur, tenía un letrero naranja que indicaba que su construcción se hacía con fondos de la seguridad social. Igual que la torre de la Oficina Nacional de Pensiones (la torre del Centro Cívico), frente a nuestro Poder Judicial. No pasó mucho tiempo para que alguien se diera cuenta y retire esos carteles. Alguien, por fin, tuvo vergüenza.

Los últimos fondos del seguro social fueron utilizados en algo que jamás regresaría en valor a sus aportantes. Como era de esperarse, a los populistas de siempre no les importó destruir el sistema de seguridad social junto a los ahorros de miles de peruanos, todo a cambio de ganar votos fáciles en el momento.

También es importante señalar el problema de la “deuda escondida”. Esto es, el desinterés de distintos gobiernos de turno por honrar las deudas que tiene el Estado pendiente con miles de peruanos. Y las malas maneras que ha tenido cuando ha decidido pagarlas, recurriendo a ilegalidad y media. Incluso cuando la ley ha estado de parte de los ciudadanos, estafados por el Estado.

Se dice que en el Perú hay mucha pobreza y que por eso no se pagan estas deudas. Es verdad, el Perú tiene que luchar contra la pobreza y cerrar brechas sociales. Pero es posible trabajar en esos temas y cumplir los compromisos que tiene el Estado con la población. Pagar, como manda la ley, a los fonavistas, a los tenedores de la deuda social, actualizar las pensiones de retiro de nuestras Fuerzas Armadas y policiales, pagar a los bonistas de reforma agraria, y ni hablar de los que fueron obligados a comprar los famosos bonos de reconstrucción. Estos últimos no existen para el Estado.

Tenemos que cumplir con los miles de peruanos que con el sudor de su frente sacaron al país del default económico y de la quiebra, poniéndolo en el camino de la mejora económica. Con los que pusieron en pecho contra los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. En la actualidad, los populistas, amigos de lo ajeno y grandes propulsores de la “obra pública”, se relamen los labios pensando en echarle más dinero —el de todos los peruanos— a sus “soluciones”, que han probado una y otra vez ser la fuente del fracaso y atraso de la economía del país.

Esta vez buscan destruir uno de los buenos sistemas previsonales que ha existido en el país, el de las AFP, arguyendo que los bajos montos que hoy se retiran son producto del sistema, cuando en realidad son producto de sus fallidas políticas públicas. Su demagogia puede más. Necesitan un carnaval de gastos o no son ellos.

¿Qué puedo sugerir? Tal vez establecer fondos de inversión a largo plazo que permitan inversiones fuera de las manos del Gobierno. Como el Fondo de las Viudas de Escocia, uno de los más exitosos del mundo. Estos fondos podrían autogenerar una renta para cumplir con las deudas que se tienen con los peruanos. A nadie en la administración pública se le ocurre una solución así.

En lugar de intentar nuevamente programas que han fracasado históricamente, comencemos a pensar en cómo subsanar, vía fondos de inversión, las deudas que tiene el Estado con los ciudadanos. Definitivamente el país saldría beneficiado.