La seguridad vial: mucho por hacer

 

Con el inicio de un nuevo año se generan expectativas positivas en el propósito de concretar proyectos de cara hacia el futuro. Las fiestas nos permiten un tiempo de descanso, de compartir con la familia, y nos renuevaN de energía para enfrentar nuevos retos. Sin embargo, esto no fue así para las 52 víctimas fatales del accidente ocurrido en el serpentín de Pasamayo el pasado 2 de enero, que han llenado de tristeza y dolor a los familiares, a quienes expresamos nuestras condolencias.

Sí, es cierto, la ruta del serpentín de Pasamayo es extremadamente peligrosa y existe una serie de accidentes fatales en esta zona desde hace muchos años, lo que motivó restringir el acceso de vehículos ligeros. Sí, es cierto, el peritaje habría arrojado —según lo difundido por algunos medios de comunicación— que el chofer del tráiler invadió el otro carril y eso ha derivado en su prisión preventiva. Sí, también es cierto que se señala que el chofer del bus había excedido el límite de velocidad. No obstante, también es cierto que las propias autoridades competentes han determinado que la principal causa de accidentes fatales en nuestro países son fallas humanas.

Efectivamente, revisando las dramáticas estadísticas oficiales sobre accidentes de tránsito en el país, tenemos que se ha registrado una tendencia creciente. Entre los años 2005 al 2014, pasamos de 75,012 a 101,104 accidentes, lo cual representa un incremento del 35%, con un promedio anual de 87, 000 accidentes de tránsito. Las cifras, además, indican que la mayor parte de los accidentes se deben a fallas humanas (73.4%) e involucran a un importante grupo de personas de entre 18 y 25 (casi el 30% de los accidentes).

Ante este escenario, la solución evidente y lógica sería una política pública de fortalecimiento de la seguridad vial, la cual es una competencia transversal, que implica que se involucren sectores como educación, salud e interior. Quizá liderados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una política uniforme y transversal a todos estos sectores; que es muy distinto a esperar que cada uno de ellos haga algo, pero sin ningún objetivo común.

Se aprecian decisiones desarticuladas que no atacan el problema principal: el fortalecimiento del factor humano. Ello implica, necesariamente, reforzar el proceso formativo y las exigencias para obtener una licencia de conducir. Sin embargo, el Decreto Supremo 017-2017/MTC, prorroga el plazo de vigencia de las licencias de conducir vigentes al doble de tiempo (de cinco a diez años), aun cuando —según las propias autoridades— habrían sido obtenidos sin cumplir con todas las exigencias previstas en las normas.

Adicionalmente se elimina la exigencia de rendir examen de conocimientos para la revalidación de la licencia A1 (particular), se introduce un régimen de incentivos que permite la renovación automática en función al cumplimiento de las normas de tránsito y se deroga el régimen especial de licencia para los conductores novatos. El principal sustento: simplificar, estandarizar y optimizar los procedimientos administrativos, coadyuvando al fortalecimiento institucional y a la calidad en el servicio al ciudadano. En palabras del Poder Ejecutivo, llevar el “destrabe de trámites” a la obtención de la licencia de conducir.

Consideramos que existe un grave error en la norma, pues no se puede conceptualizar el régimen de emisión de licencias de conducir como un trámite burocrático más. En efecto, se trata de un título habilitante al que las personas acceden luego de haber aprobado los correspondientes exámenes de las respectivas categorías. No es un derecho, sino un título administrativo que permite estar al volante de un vehículo; pero no deja de ser una actividad intrínsecamente peligrosa, en la que una mala perfomance causa hechos lamentables que, en muchos casos, pueden ser prevenidos con una adecuada evaluación.

El Estado no ha logrado corregir las serias irregularidades que permitieron por años los llamados “certificados médicos delivery” y la aprobación de evaluaciones fraudulentas. También es verdad que desde el año 2016 se había previsto cambiar el régimen de emisión de licencias para migrar a un régimen de competencia entre las escuelas de manejo y el fortalecimiento del componente tecnológico, para permitir el control en tiempo real. Pero hasta la fecha este sistema no se ha implementado, y actualmente dichos servicios han sido monopolizados.

La errática situación, se evidencia, por ejemplo, en la prórroga de la licencia de conducir condicionada al cumplimiento de las normas de tránsito. Esta medida tendría sentido si las capacidades de supervisión y fiscalización fueran sólidas; pero la realidad evidencia que no, por lo que se genera impunidad.

Estos hechos nos llevan a la imperiosa necesidad de aplicar una metodología de impacto regulatorio. Estamos seguros de que bajo este análisis la norma referida no superaría el test, por lo que es indispensable que el Poder Ejecutivo reevalúe la situación y rectifique del Decreto Supremo para revertir las deficiencias, teniendo en cuenta su impacto en la seguridad vial.

Nada devolverá la vida a las víctimas. Pero las acciones de los peruanos y sus autoridades deben enfocarse necesariamente en tomar conciencia de esta drámatica situación y evaluar qué podemos hacer desde nuestro ámbito de acción para evitar su recurrencia. Parece fácil determinar culpables de hechos concretos, pero difícil es reconocer en cada uno nuestros errores y poner a disposición nuestro esfuerzo y trabajo para cambiar el país. Parte de esto se encuentra en manos de las autoridades, y el resto en nuestro comportamiento como ciudadanos.