La reforma enfocada en la calidad de la educación

Da mejores resultados que aquella enfocada en la infraestructura

El voto de confianza solicitado por el ex premier Zavala al Congreso se sustentó en la premisa de que se estaba afectando la política educativa del Gobierno, ante una eventual censura a la ex ministra de educación. La realidad pone en evidencia que no se ha logrado avanzar en lo sustancial de la reforma educativa, especialmente en lo que respecta a la calidad, y que aún no existe una propuesta de reforma estructural en materia educativa.

Hoy vivimos en la sociedad del conocimiento, siendo la educación de calidad la única fuente de competencias calificadas y de acceso a la empleabilidad, que permitiría la ansiada movilidad social. Sin embargo, gran parte de nuestros jóvenes y niños no contarán con las herramientas para ser parte de esta sociedad y, por lo tanto, serán excluidos, lo que significará para ellos pasar a incrementar las cifras de la informalidad, contar con bajos ingresos y, sin duda, permanecer en los círculos de pobreza.

La educación de calidad en nuestro país, en gran parte, solo es de acceso para los jóvenes y niños cuyos padres poseen ingresos económicos moderados, lo cual constituye una injusticia. El informe Avanzando hacia una mejor educación para Perú —elaborado por la OCDE— señala que “Las desigualdades en el acceso al sistema educativo siguen siendo importantes, especialmente a medida que se avanza hacia niveles educativos más altos, y están relacionadas principalmente con el nivel socioeconómico”. Esto coincide con la política de un grupo de países que, sin ser muy distantes —nuestros socios de la Alianza del Pacífico— que han tomado la apuesta por una educación de alta calidad y con valor agregado, pues consideran que esta determina el progreso tecnológico y el desarrollo al ritmo que exige esta sociedad del conocimiento.

La perspectiva que estamos explicando tiene el propósito de llamar la atención en el objetivo de replantear o proponer una real política educativa, que nos permita lograr una mejora sustancial en la calidad en un lapso de tiempo muy corto. No podemos seguir pensando que la política debe circunscribirse a lograr mejores resultados en la prueba PISA; este resultado, bajo la óptica de una política iniciada hace diez años, resultaba alentador, pero hoy ya no lo es. De no lograr resultados concretos en cuanto a calidad en nuestra educación en el mediano plazo —cinco años— nuestros jóvenes y niños asistirán en su futuro a la continuación del ciclo que tenemos hoy —informalidad más pobreza—, lo cual no debe ser permitido por parte de los agentes involucrados en el quehacer de la política educativa.

Investigadores que se han ocupado del problema de la calidad de nuestra educación han señalado a dónde debe apuntar la reforma para lograr una mejora sustantiva. Se debe partir por establecer estándares de calidad a lograrse en el corto y mediano plazo. El largo plazo será la mejora continua. Estos estándares son, en gran parte, elaboración conceptual. El reto se encuentra en lograr una implementación con la urgencia que hemos señalado, y la determinación de indicadores que permitan hacer la medición, de forma que en su aplicación podamos hacer las correcciones que permitan el logro de los objetivos.

Los estudios realizados han determinado las zonas geográficas del país que presentan los menores niveles de calidad educativa. Esto debe permitir que se priorice un primer orden de atención a estas regiones, incluso bajo la premisa de toda reforma (implementación de pilotos). Esta intervención debe centrarse en el docente y la gama administrativa de soporte, incorporar una capacitación —no de la que se discutió con ocasión de la huelga magisterial— con herramientas tecnológicas como el excelente vehículo que resulta para el acceso a la información y conocimiento, siendo el docente —previa buena capacitación— el factor de la formación de la capacidad crítica, reflexión y análisis de los estudiantes.

Toda esta política debe implementarse con incentivos, el primero de estos debiera ser la capacitación misma. De otro lado, la asignación especial de carácter económico para estos docentes, que debe estar sujeta a que se logren alcanzar los estándares contemplados; por ejemplo gozar de un bono sujeto al resultado de la Evaluación Censal Regional —se puede considerar hasta tres censos al año— como actualmente se hace en algún Gobierno Regional. Un bono que se mantendrá si logran seguir cumpliendo los objetivos previstos conforme a los estándares. Continuar con la implementación en función de las deficiencias que muestren las diversas regiones posiblemente sea un error, consistente en atacar el país en su conjunto, lo que termina diluyéndose y no genera evidencia en los avances.

En esa línea, es absolutamente relevante generar incentivos para que los gobiernos regionales tengan el compromiso de implementar políticas que trasciendan sus respectivas gestiones, puesto que luego del logro de resultados óptimos de una primera intervención desde el gobierno central, deben ser las entidades regionales las responsables de su continuidad. Más aún cuando la educación de calidad genera mejores réditos que las inversiones en infraestructura.

El enfoque mencionado también permitirá la adecuada intervención para una educación diferenciada, que considere dos aspectos en la currícula: el primero, que se incorpore el conocimiento de la cultura y la realidad de cada región: y el segundo, que se imparta conocimiento de la aplicación práctica.Este es parte del camino trazado, que se sustenta en la evidencia aplicada en la región. Puede que existan muchos más casos de políticas públicas en materia educativa, pero sin voluntad política no existen reformas. El contenido se puede copiar, mejorar, replicar, etc., pero se requiere voluntad de cambio.

Úrsula Letona