La progresía al acecho

“El término ‘censura’ se aplica únicamente a la acción
gubernamental. Ningún acto privado es censura. Ningún
individuo o agencia particular puede silenciar a un hombre o
suprimir una publicación: sólo el gobierno puede hacerlo. La
libertad de expresión de los individuos particulares incluye el
derecho a no estar de acuerdo con sus antagonistas, no
escucharlos y no financiarlos”.
Ayn Rand – La virtud del egoísmo (1964)

 

El fatídico “Año de la universalización de la salud” culminó, pero sus funestas consecuencias perdurarán en las vidas de todos los peruanos. La cacareada crisis sanitaria, la ruina económica del país y las convulsiones sociales –provocadas por grupos de choque comunistas– están más vigentes que nunca. Nada mejorará mientras no se ponga coto, a través de las urnas, a los imaginarios radicales o revolucionarios. En serio, ¿cuál radical, cuál revolucionario? La progresía anquilosada ha sido siempre la misma, y su único objetivo es cebar al Estado y a sus instituciones caducas e inoperantes para la repartija de prebendas y puestos públicos. O bien apuestan por un reformismo inútil e improvisado que coarte la libertad de los individuos, o bien asfixian a los empresarios con barreras burocráticas e impuestos exorbitantes.

La progresía reprueba biliosamente el capitalismo y el libre mercado. Su consigna es la lucha de clases; es decir, favorecer exclusivamente a los desposeídos en detrimento de los que poseen algo. La coerción estatal es el medio por el que pretenden quitarles a unos lo que otros no pueden producir. Su afán redistributivo a favor de la pobretería siempre se dirige contra los empresarios y la gente de bien, nunca son capaces de predicar con el ejemplo, renunciar a su patrimonio para repartirlo a cada quien según su necesidad. Son como la mayoría de cristianos de hoy en día, escupen al cielo y esperan a que les llueva maná divino en lugar de la Covid-19.   

La progresía –con sus ansias incontenibles de poder– no tiene reparos al momento de derogar exitosas leyes (ver la Ley Nº 27360) y “reformarlas” irresponsablemente, en perjuicio de importantes sectores productivos de la economía nacional y, por extensión, de todos los peruanos. El Perú ha quedado como una coladera por la incompetencia de la progresía cerril y travestida de rojo que, en su cuarto de hora frente a reflectores, pretende enseñorearse del Congreso y del país. 

Cuando la progresía se instala en el poder –a veces de forma perpetua– tiende a inventar leyes contra el odio y el acoso político, un tema que se ha puesto en boga en el Perú últimamente, desde que se habló de una progre con complejo de influencer y tiktoker, cuya principal aspiración es llegar al Congreso para hacerle el “bien” al país. 

Este es un tema que no debe tomarse a la ligera. Recientemente se viene discutiendo en Colombia un decreto para la “prevención del terrorismo”. El decreto establecería una supuesta estrategia para la “prevención de la radicalización o extremismo violento, destinada a desincentivar el odio y el uso de la violencia, o cualquier otro medio para generar terror y zozobra en la población”.  Este mamarracho de decreto, engendrado por Iván Duque, no solo tiene la intención de crear más burocracia inútil –Centro Integrado de Información e Inteligencia contra el Terrorismo (CI3T) y el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo– en el país vecino, sino que también crea la prerrogativa gubernamental para proscribir las protestas hostiles al Gobierno de turno. Este cuento progre propone crear campañas pedagógicas y de comunicación dirigidas a “jóvenes en situación de riesgo, para desincentivar la incitación al odio, dotar de legitimidad a la acción del Estado y generar conciencia sobre la inadmisibilidad de la violencia como medio de acción política”. Se trata, pues, de una treta para mantener al bobo Duque en el Solio de Bolívar, imperturbable y despreocupado.

Para ilustrar mejor esto a la generación del bicentenario, no podía faltar la dictadura vesánica de Maduro que, en el año 2017, mediante una asamblea constituyente, aprobó la leguleyada que se denomina “Ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia”, la cual busca detectar y neutralizar los “discursos de odio” dirigidos contra el dictador venezolano y su cúpula. La ambigüedad de esta ley permite a los mercenarios de Maduro perseguir y reprimir violentamente a cualquiera que se atreva a criticar su gobierno, una situación nefasta que da lugar a innumerables detenciones arbitrarias, cruentas torturas y asesinatos a distancia (no al estilo de Madame Blavatsky, sino de un tiro en la cabeza).  

Por su parte, el dictador nicaragüense José Daniel Ortega le siguió el ejemplo a Maduro e impuso una reforma constitucional contra los “delitos de odio”, entre los cuales destacan: parodiar al presidente, reportajes contra el oficialismo, denuncias y protestas contra el régimen, y otras hierbas que se le ocurran. 

Pues bien, debemos estar alertas y tener en cuenta que en el Perú ya se ha empezado a hablar de una ley contra el acoso político. Asimismo, el presidente Sagasti no debe ser parodiado so pena de pecado capital. Mientras que el odio sea considerado un simple pecado que a ningún cristiano interesa, no hay problema ninguno; sin embargo, si el sentimiento de odio llegase a ser considerado un delito perseguible de oficio por la fiscalía penal corporativa, entonces estaremos todos condenados.  

No bajemos la guardia con este Congreso y su impronta de legislar caprichosamente. No nos dejemos engañar con normas travestidas de amor y tolerancia, pero que en realidad buscan reprimir la libertad de expresión. No permitamos ninguna asamblea constituyente ni reforma constitucional ni cambios legislativos en este gobierno súbito y de transición, a menos que sea para legalizar el aborto y obligar a pagar impuestos a las entidades religiosas.

Las estratagemas socialistas sirven hoy de aliciente a los progres de nuestro país, que buscan nuevos prosélitos en la juventud, pues su objetivo es acallar y someter a los individuos que no formen parte de la izquierda cenagosa. Buscan neutralizar a sus adversarios ideológicos y políticos con un ardid electorero. Su falta de presencia en las elecciones los compele a manipular a masas iletradas y contentadizas, como el caso de la denominada generación del bicentenario. Por todo lo expuesto y en contra de ellos proclamo: ¡progresía nunca más!