La oposición a prueba tras salida de Barranzuela

Los gestos son muy importantes en política: pueden cambiar la percepción ciudadana y revertir posiciones. Es lo que acaba de ocurrir con la salida del ministro del Interior, Luis Barranzuela, para quien una bulliciosa fiesta tuvo más poder que toda la monserga opositora que pedía su salida. 

La denuncia mediática jugó un rol importante, tomada con celeridad por la Premier Mirtha Vásquez, que en tres actos pudo llevar agua para su molino, a pesar de que el ministro tenía amplio respaldo y, como ha quedado demostrado, con el arrastre de pies presidencial para tomar una decisión. El primer acto fue pedirle públicamente explicaciones al aludido. El segundo fue manifestarse insatisfecha con la argumentación brindada en su defensa. Y finalmente, el tercer acto, fue filtrar a los medios de comunicación su amenaza de renuncia si Pedro Castillo lo mantenía en el cargo. El epílogo también fue muy bueno, atribuyó al mandatario el mérito de despedir al ministro, a pesar de que pusilánimemente haya tuiteado que fue una dimisión voluntaria. 

Sin duda, la presidenta del Consejo de Ministros ha salido fortalecida. Será percibida como figura política firme en sus decisiones, y se presentará en mucho mejor posición para el voto de investidura del gabinete. La oposición parlamentaria pondrá en juego el escaso prestigio que le queda si decide balotearla.

Esto no significa que sea una política excelsa y con grandes facultades para liderar la recuperación económica y ganarse la confianza de los agentes del mercado. A pesar de sus buenas maneras, su orientación es la de una opositora a las industrias extractivas. Es su verdadera identidad, que se forjó actuando como activista contra los proyectos mineros.

La oposición tiene que mostrar reflejos. El desgobierno persiste, y hay una serie de hechos recientes en cuatro ámbitos sobre los que hay que exigir no solo explicaciones sino también acciones: 1) los ataques a la propiedad privada de empresas, 2) la nacionalización del gas natural, 3) los acuerdos gasíferos firmados con Bolivia, y 4) la pretendida reforma tributaria, para la que están pidiendo facultades legislativas. 

Para empezar, se debe exigir la identificación y sanción ejemplarizadora contra los que han perpetrado los actos vandálicos contra las mineras Antamina, en la región Ancash, y Apumayo, en la región Ayacucho. Y también contra quienes atacaron a la agroindustrial Caña Brava, en la región Piura. Aquí no hay propósitos de enmienda que valgan. 

En la cacareada nacionalización del gas, que fijen cuál es la agenda de negociación que plantean, porque hasta ahora solo hemos escuchado generalidades confusas de parte del mandatario. La impresión que dejan es que van por más: la nacionalización de los recursos naturales, lo que no solo implica hidrocarburos, sino también minería, pesca y espectro radioeléctrico.

En los tres acuerdos gasíferos con Bolivia, nos deben decir: ¿esperan ilusamente que el suministro de GLP boliviano baje el precio del mercado peruano?, ¿van a hacer redes de distribución por ductos con fondos públicos en la zona fronteriza? Y en la interconexión de sistemas de transporte gasífero, ¿esperan que exista algún inversionista que apueste en Perú y Bolivia, cuyos gobiernos se muestran poco amigables con la inversión privada?

Sobre la reforma tributaria mediante delegación de facultades, habrá que expresarle que no se aprobará, no solo por ser inoportuna, sino también por no hacer ni el intento de incrementar la base tributaria, y porque es un gobierno que no genera confianza. Que expongan sus expectativas, que presenten sus proyectos de ley y que se siga el debate formal, como en cualquier iniciativa legislativa. 

Ojalá la oposición despierte de su letargo.