La nueva Ley de Minería de ¿Vizcarra?

En el mensaje a la nación del presidente Vizcarra, se ha anunciado la propuesta de una nueva Ley de Minería. Anteriormente, él había dicho que la actual Ley de Minería, está “desfasada” y afirmó que “se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”.

La reacción de varios representantes de gremios y empresarios fue de clara preocupación. Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), consideró que una nueva ley de minera “va a generar más preocupación a los inversionistas”; César Peñaranda, de la Iedep de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), consideró que “esto puede recrudecer la tendencia hacia la baja de la economía, no hay ninguna claridad de lo que va a suceder"; María Isabel León, presidenta de la Confiep afirmó “que no es el momento adecuado para una nueva ley de minería”. La modificación de la ley no fue consultada con miembros del sector y pareciera que fue pensada como una herramienta discursiva populista.

La Ley de Minería promulgada en 1993, tiene efectivamente varios años. Hay espacios para hacer mejoras efectivamente, y no solamente en la mencionada ley. Por ejemplo, desde el punto de vista de incentivar inversiones mineras dentro de un marco regulatorio responsables, se podría simplificar los permisos y carga burocrática (optimizando procesos sin perder la exigencia fiscalizadora) que pasan los proyectos mineros, la sobrerregulación, fortalecer eficiencia y pertinencia de la inversión del canon en los ámbitos sub-nacionales, fortalecer la capacidad de prevención de conflictos del Estado, fortalecer la capacidad de la OEFA y otras instituciones fiscalizadoras para detectar y penalizar a empresas irresponsables.

Desde el punto de vista político, también ayudaría que el Ejecutivo cumpla con las promesas de inversión y desarrollo integral, y que no tome su palabra a la ligera. Ya en Las Bambas están demostrando que el Ejecutivo no tiene problemas en hacer promesas, pero sí tiene problemas en cumplirlas. 

Sin embargo, la motivación de Vizcarra no ha sido una preocupación espontánea por mejorar las condiciones del sector. Su motivación ha estado enmarcada en un conflicto social, donde diversas autoridades regionales del sur lo desafían y exigen una serie de demandas. Si Vizcarra es sincero, estaría compartiendo el diagnóstico sumamente politizado de la conflictividad de Cáceres Llica: “en pueblos como Apurímac y Cajamarca hay varios conflictos, tengo entendido, porque existe una mala ley de minería que le da más importancia a las mineras y no a la población”. 

La propuesta podría tener entonces que responder a los pedidos y preocupaciones de las autoridades regionales del sur. Entre ellas está incrementar la carga tributaria de la minería (Cáceres Llica, en un uso creativo del cálculo, considera que solo pagan un 2%), incrementar los recursos presupuestales de gasto corriente del canon para las regiones (lo que eleva la discrecionalidad del canon y facilitaría el desvío hacia microcorrupción), y consulta previa extensiva (sin limitarse a la lista actual de pueblos indígenas).

Otra propuesta que se ha deslizado es que los gobiernos regionales sean los responsables de brindar las concesiones y administrar la gran minería. Esta medida, además de federalizar en la práctica al Perú, generaría más de 20 “marcos regulatorios” para la minería, una para cada región. La incertidumbre para las inversiones sería muy alta, además de correr el peligro de seguir el camino de la industria minera argentina, en la que 7 provincias prohibieron la minería a cielo abierto: Chubut (2003), Río Negro (2004), Tucumán (2006), Mendoza (2007), La Pampa (2007), Córdoba (2008) y San Luis (2008).    

Si la propuesta del Ejecutivo se alinea con las motivaciones de las autoridades de la Mancomunidad del Sur, entonces ésta sería muy hostil al sector minero. La situación sería entonces muy lejana a la ofrecida en el mensaje a la nación, una con “tranquilidad y desarrollo para todos”.