La Libertad: nuestra Sinaloa

La región La Libertad se va acercando a ser nuestra Sinaloa, el estado mexicano liderado por el hampa, el narco y las mafias. En La Libertad confluyen todos los actores de las economías ilegales: desde autoridades políticas, institucionales hasta mafias criminales y mineros ilegales. Vamos paso a paso.

En la sierra liberteña hay un corredor minero ilegal que agrupa a varios distritos o zonas, entre ellos Pataz, Huamachuco, Quiruvilca, Otuzco. Cuando el Estado declara la emergencia solamente en Pataz se equivoca de cabo a rabo. El problema no es un distrito sino un corredor económico ilegal. El enfoque debe cambiar hacia un enfoque territorial, de lo contrario vamos perdiendo.  

Abro un paréntesis. La agroindustria, a pesar de todo, se ha salvado del aprieto de los grandes capos de la extorsión. Es un motor económico que cubre más de 65% del empleo formal y sus conexos. A pesar de todo, y sin ley que la favorezca, la agroexportación continúa. Ahora cierro el paréntesis.

Lo que tenemos entonces es que en La Libertad existen alrededor de 40 bandas criminales, entre grandes y pequeñas, todas sostenidas por la extorsión a los pequeños y grandes negocios. El asunto es que con el auge de la producción y comercialización del oro informal e ilegal todo se ha complicado aún más. 

Cuando digo que La Libertad es nuestro Sinaloa no estoy exagerando de ninguna manera. Lo que existe en la zona es una especie de colaboración insana entre diferentes actores, entre ellos las bandas criminales, autoridades y mineros ilegales. 

Ahora bien. ¿Qué se debe hacer? Sin duda se necesita una reforma que tenga manejo político. Sin una voluntad política decidida por parte del Ejecutivo no se solucionará el problema. Eso también implica el cambio de una serie de autoridades, entre ellos jueces y fiscales, que son parte de la red de las economías ilegales. Asimismo, la reforma debe integrar un proceso de formalización de la minería ilegal de manera seria y honesta. Existe ahora un relación simbiótica entre el minero ilegal y la autoridad regional que hace imposible la formalización.

En suma, todo se está descontrolando en medio de una polarización política nunca antes vista. El Gobierno tiene poca fuerza para aplicar la ley con voluntad política, y el Congreso está altamente desprestigiado. Mientras tanto César Acuña no tiene la capacidad política ni las ganas de colocarse al frente de la gobernabilidad en La Libertad.