Ángel Delgado Silva

Ángel Delgado Silva

La judicialización de la política

Una malapráctica que persiste tercamente

La judicialización de la política
Ángel Delgado Silva
27 de April del 2018

 

Han transcurrido varias semanas desde que Martín Vizcarra asumió la Presidencia de la República, entre el alivio de la economía y el beneplácito de la población. Sin embargo, pese a este giro radical, la política peruana sigue imbuida y determinada por los hechos criminales que han dominado la escena nacional durante los últimos meses.

Ciertamente no será fácil librarse de esta bazofia deletérea, alimentada por la inercia de los hechos mismos. Del mismo modo, porque resta ajustar cuentas definitivas con los capitostes de esta pandémica corrupción, estamos aún lejos de concluir la frontal lucha contra ella. En consecuencia, a pesar de vivir una nueva coyuntura, el país coexistirá con la judicialización de la política por algún tiempo más.

Sin embargo, el que la política aparezca subordinada por los tribunales y su debate se procese en torno a pesquisas, argumentos y actuaciones de naturaleza jurisdiccional, responde también a otras causas menos lógicas. Podemos afirmar, con certeza, que existen propósitos deliberados para que el quehacer político se asemeje lo más posible a una crónica policial. Para que, en vez de confrontar posiciones y poner en liza los asuntos públicos que nos conciernen a todos, el feroz fuego cruzado de insultos, calumnias e imputaciones delictivas termine por capturar el escenario político. Y a reglón seguido lo intoxique, degrade y pervierta.

Ahora bien, tras dicho objetivo concurren los viejos hábitos que ya trastocaron la política en un espectáculo frívolo y decadente, provocando el rechazo masivo de la gente. Recordemos su manifestación más explícita durante el curso autocrático de la década final del pasado siglo. Pero irrumpen también motivaciones más recientes que provienen de los intereses desplazados del poder. Heridos e incapaces de asimilar su fracaso político, vierten rabia contra todo aquello que ha causado su particular desgracia. Y qué duda cabe que el Congreso de la República es el blanco de su ponzoñosa diatriba.

Los Parlamentos son fáciles de atacar en todo el mundo. Y en el Perú con singular énfasis. En verdad, no es extraño. Pero sucede que el actual Congreso peruano acaba de deponer a Kuczynski. No hubo en ello una imposición del grupo mayoritario, pues contó con el concurso de todos los partidos –salvo el oficialismo–, pese a su graves antagonismos. Y más significativo fue el respaldo masivo de la población (más del 90% reprobaba la gestión gubernamental y casi un 60% apoyaba la vacancia presidencial). El hecho de que la caída del mandatario jamás aparejó la hecatombe anunciada por sus áulicos, y que el ascenso del vicepresidente fuera recibido con sosiego, evidencian cuál fue el pulso ciudadano y por dónde caminaba el país.

Vistas así las cosas, tenemos a un parlamento no divorciado de la opinión pública y, mejor aún, que actuó en consonancia con el sentir mayoritario de la Nación. ¿Cómo explicar, entonces, que ciertas encuestas registren una aprobación congresal de apenas un dígito? Podríamos decir que la debacle legislativa obedece a las inconductas personales que semana a semana copan los titulares de los medios, para escándalo de toda la audiencia. Aunque el estilo y los entuertos de los Mamani generen legítimas antipatías, nadie podrá negar que gracias a su audacia el Perú pudo librarse de un gobierno corrupto que aceleraba hasta extremos insólitos la crispación nacional.

Pero si de campaña para desprestigiar se trata, ahí tenemos aquel deporte de hurgar en las hojas de vida de los congresistas –los más oscuros y precarios– practicado por algunos medios periodísticos. Ellos saben que estos representantes salieron de la pobreza gracias a la informalidad, y cuentan ahora con una buena posición económica. Igualmente, que luego desarrollan ansias locas para alcanzar reconocimiento social. Y que esta fiebre por cargos públicos los tienta a ser clase política del país.

Aquí aparece la trampa ante la cual sucumben reiteradamente. La Constitución no exige nivel educativo ni grado académico para postular al Congreso, pero estos personajes no pueden con su genio. Al llenar documentos se sienten obligados a poner una información que no corresponde a sus estudios. Y comienzan los problemas. Expuestos al fresco, no pueden explicar donde estudiaron ni quienes fueron sus condiscípulos ni profesores. Un escándalo inmenso y gratuito que los vuelve tristemente famosos. Pura ingenuidad, como aquel prurito frívolo de ciertas venerables damas, que mienten por principio cuando de confesar su edad se trata.

Es la cantera de mayor desdoro para el primer poder del Estado. Una tontería sin consecuencias legales. Los Jurados Electorales no revisan la información porque no se requiere para ser candidato. Y porque nunca se ha votado teniendo a la vista pergaminos académicos. Además ya pasaron varios años desde que fueron elegidos. Y el voto del pueblo ha convalido cualquier deficiencia. Ya no será posible defenestrarlos del curul. Empero la campaña anti-Congreso se pone en marcha.

La estridencia de la prensa es inversamente proporcional a lo ridículo del descubrimiento. Escándalo mayúsculo porque la infeliz congresista “olvidó” su escuela primaria. ¡Tiembla la República! Los moralistas de coyuntura pontificarán: ¡Mentira! Sí mentira, ¿pero de igual calado a las mentiras de PPK cuando negaba servir a Odebrecht, mientras era ministro de Estado?

Tremendo terremoto mediático para una Comisión de Ética absurda. Una instancia que coadyuva al deterioro de la imagen congresal. Fue un sinsentido crearla hace unos años y peor prolongarla hasta el presente. Por su composición, en un campo polarizado como el parlamento, solo apaña a los propios o persigue a los rivales. ¡Cancelen esa fuente de vergüenza! Y si los congresistas delinquen que vayan al Poder Judicial;, y por las faltas, que rindan cuentas ante sus electores y al país.

 

Ángel Delgado Silva
27 de April del 2018

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