La guerra contra el ciudadano

Observo con asombro los extremos de irracionalidad a los que está llegando la guerra política —¡todos contra todos!— desatada por motivos que despiertan la suspicacia de la mayoría de peruanos de buena fe. Batallas tan excesivas e insensatas como las que se libran diariamente nos condenan a sufrir las consecuencias de bravatas propias de quienes parecen estar volviendo a la adolescencia y a las irresponsabilidades propias de esa edad.

Por desgracia, el alimento que provoca estas reacciones en cadena es uno solo: la epidemia de corrupción y el temor al contagio. Desde que el valor y tenacidad de unos cuantos fiscales y jueces probos de Brasil destaparon el inmenso cáncer de Lava Jato y su metástasis internacional, muchos se han anticipado a los dichos y los hechos que poco a poco conoceremos. Dirigentes de partidos, empresas e instituciones han comenzado a disparar a diestra y siniestra, bailando al ritmo de la música orquestada por el Partido de los Trabajadores, Petrobras, las empresas constructoras brasileñas y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES); una gigantesca escuela de samba en la que destacó nítidamente la empresa Odebrecht.

Sin las “delaciones premiadas” de los principales imputados habría sido imposible descubrir los alcances de una trama de marca brasileña, y recibir información sobre las corruptelas en países donde sus tentáculos operaban con eficiencia y tranquilidad sorprendentes. A sabiendas de la existencia de acuerdos que obligan a las autoridades vecinas con sus premiados delatores, los cómplices y aprendices locales tratan de obstaculizar el flujo informativo proveniente de la judicatura y fiscalía vecinas. La estrategia favorita es dificultar la llegada de información incriminatoria. Nada mejor para ello que filtrar la que se ha recibido bajo condiciones de confidencialidad. Tan eficaz como eso es exigir el levantamiento del compromiso de reserva, pretendiendo sibilinamente que la demora de la información pendiente sea prueba de la colusión de las autoridades fiscales o judiciales locales, y de la desidia de nuestros propios gobernantes.

El señor Odebrecht —que, ciertamente, juega en pared con Jorge Barata— se ha convertido así en el supremo director de la tramoya. No solo es dueño de sus silencios y demoras, sino que debe sentir que su palabra vale tanto como la del más honesto de los ciudadanos. Así se explica lo ocurrido con lo que, supuestamente, dijo sobre nuestro jefe de Estado, quien ha tenido que aclarar su posición con la sobria dignidad que su cargo exige frente a “trascendidos”. Lamentablemente, como ocurre en medio de toda balacera, las palabras de Kuczynski han sido mal escuchadas y peor respondidas por quienes consideran que el señor Odebrecht dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

El Ministerio Público es el instrumento clave para desentrañar la sucia e intrincada madeja de la corrupción que nos ofende. En circunstancias tan delicadas y complejas, el fiscal de la Nación debería sentirse robustecido por el apoyo ciudadano. La expresión genuina de ese respaldo sería el mejor argumento para que se retire la inoportuna acusación constitucional con la que se pretende debilitar el trabajo de una institución que, más allá de la persona que la lidera, debería ser decididamente fortalecida.