La formalidad: la inquisición en el siglo XXI

Un fiscalizador de la Municipalidad de Miraflores ha protagonizado —hace algunos días— un hecho que es muy común en todo el país. Haciendo uso del monopolio de la violencia, y amparado en la ley, este trabajador municipal ha agredido a un joven de solo 22 años de edad por el “execrable delito” de vender sánguches en la vía pública. Más allá de la lamentable escena —en la que vemos el actuar irracional por parte del fiscalizador, que maltrata físicamente al joven que terminó con su mercadería perdida, una rodilla lastimada y una mochila rota—, el hecho pone sobre la mesa un asunto que ya es hora de que comencemos a discutir en serio: la informalidad.

Por una cuestión de orden lógico y en términos generales, lo que merece una explicación en este asunto no es la informalidad, porque si revisamos un poco de historia y vemos cómo es que se ha desarrollado la sociedad hasta nuestros días, podríamos decir que todo ha sido —de una u otra manera— un producto de la informalidad en las decisiones y acciones de millones y millones de individuos. Lo que valdría la pena explicar es la formalidad. Y la formalidad no es otra cosa que la forma en que se ven las actividades económicas en la sociedad desde el Estado. En este sentido, el Estado es el que determina los parámetros que definen la formalidad. Todas las iniciativas empresariales que pretendan hacerse un lugar en el mercado tendrán que cumplir con las condiciones que el Estado fija para poder ser consideradas como formales y así evitar la persecución que el Estado hace contra todo aquello que escapa a los límites que establece, con la única finalidad de garantizar más recaudación a través de impuestos. En palabras más sencillas; en nombre de la lucha contra la informalidad, el Estado persigue a todo aquello que no puede someter para cobrarle impuestos.

Pues bien, lo que ha pasado con el joven vendedor es solo un caso dentro de una interminable lista de personas que, por el solo hecho de tratar de ganarse la vida en forma honrada, terminan siendo ajusticiadas por la inquisición estatal que no soporta que algo escape a su control y autoridad. La ortodoxia en nuestro pensamiento político nos hace ver al joven, que se gana la vida trabajando en lugar de salir a robar, como una amenaza al sistema. Y si vemos un enemigo en cada persona que busca salir adelante, fuera del sistema de cosas que hoy entendemos como establecidas, y que no representa peligro alguno para el resto (el joven que vende panes para el desayuno no le hace daño a nadie), pues es evidente que tenemos un grave problema como sociedad.

Desde muchos lugares se han cuestionado las formas en que el trabajador municipal ha procedido. La indignación por la violencia ha sido generalizada, y esto ha motivado que la Municipalidad de Miraflores, en una respuesta institucional que podemos calificar de sensata, haya separado al fiscalizador de su institución y tratase de enmendar el exabrupto directamente con el joven. Sin embargo esto no puede ser suficiente porque, más allá de que el daño causado se pueda reparar, el problema no dejará de existir. Y aquí nada tiene que ver el respeto por la norma, el tema no puede reducirse a cumplir una norma o no hacerlo. Si el asunto fuera tan sencillo, bastaría con mejorar el trato de los fiscalizadores para con los vendedores ambulantes y listo, las cosas funcionarían bien de la noche a la mañana. Pero resulta que no es así.

No todo lo que está plasmado en una norma o una ley es necesariamente correcto o justo. No debemos caer en el error de confundir la legalidad con la justicia. El apartheid, el holocausto, la esclavitud, heridas en nuestra memoria histórica que todavía nos duelen, se hicieron al amparo de la ley, eran perfectamente legales. Algo no es justo por el hecho de ser legal. Si seguimos indiferentes ante este hecho y nuestra indignación no va más allá de sentir pena por un muchacho maltratado por el Estado, todo seguirá igual. Estaremos llegando al triste escenario en donde las personas tendrán que escoger entre obedecer una norma, obedecer la ley, o hacer lo correcto.