La fiscal versus la JNJ

La democracia es consustancial a la división e independencia de poderes, así como a la libertad económica. Si se vulnera alguna de ellas, el sistema de balance de poderes se resquebraja y finalmente colapsa.

En el Perú ha surgido una justicia mediática. Cuando uno quiere que su punto de vista cuente con el respaldo de la opinión pública, simplemente sigue las siguientes pautas:

Primer acto, los medios desarrollan su estrategia de posicionamiento de sus particulares puntos de vista, casi siempre, ponen en tela de juicio la reputación de algún personaje público con la finalidad de desacreditarlo, o, siembran dudas sobre la veracidad de la afirmación de quien les resulte incómodo/a.

Segundo acto, la encuestadora dice recoger el sentir de la población, reporta el resultado de su investigación donde se establece el porcentaje de quienes opinan, sea a favor o en contra. Si el resultado les fuese absolutamente adverso a lo que desean posicionar, uno de los recursos es incrementar el porcentaje de quienes todavía no han definido “su punto de vista”. De esta manera, salvaguardan su reputación.

Tercer acto, “Control de Daños” los analistas, todopoderosos intérpretes de los resultados de los sondeos empezarán a emplear frases como: era tan alto el porcentaje de indecisos que cualquiera de las posiciones más destacadas podía resultar mayoritaria.

Siempre que el “círculo del saber” vaya logrando posicionar sus “planteamientos”, de manera tal que consigan ser expresados significativamente a través de las encuestas de opinión pública, las compañías de investigación y mercados lograrán que sus medios afines las repliquen hasta el cansancio.

La organización denominada Instituto de Estudios Peruanos realiza sus propios estudios de opinión desde hace algunos años. En los resultados que arrojan sus sondeos es imposible, o casi imposible, hallar en primer lugar un punto de vista discrepante con la posición imperante de sus directivos. Pero claro, dicen que esto es una feliz coincidencia, “la opinión pública respalda la visión institucional”.  

Recordemos que en las encuestas realizadas para las elecciones municipales de octubre del 2022, el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, nunca figuró en el primer lugar de las encuestas, siempre lo presentaban a media tabla. después de Daniel Urresti (quien purga una condena de 12 años de prisión tras ser sentenciado y hallado responsable de ser coautor del asesinato del periodista Hugo Bustios). Finalmente, López Aliaga resultó ganador por amplio margen.

Por lo expresado, lo que señalen algunos sectores con relación a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, no merece que se le conceda un mínimo de veracidad. Alientan su destitución porque saben que ella no será comparsa del delito. 

Piden la suspensión de la titular del Ministerio Público sin contar con prueba alguna que acredite complicidad con actos delictivos. Agitan un célere pronunciamiento y resolución de la Junta Nacional de Justicia, ese engendro creado por Martín Vizcarra para garantizar el copamiento de los órganos encargados de custodiar el voto popular. El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, José Salas Arenas, ya no podrá presidir este colegiado para el proceso electoral general de 2026, por eso están complotando para copar este organismo.

Por todas estas consideraciones, es fundamental mantener la independencia del Ministerio Público y la presunción de inocencia, a pesar de la campaña mediática contra la fiscal de la Nación. Con serenidad y sin apresuramientos.