La deriva autoritaria muestra su objetivo fundamental

Es claro que los enormes esfuerzos políticos que realiza el equipo de Vizcarra van tomando forma, dejando en el abandono la atención a problemas como la creciente inseguridad ciudadana, la reconstrucción del norte, la anemia de los niños, los hospitales y escuelas estatales con precarios servicios, etc. La idea de un proyecto autoritario de largo plazo, bendecido por la patente de corso obtenida en el ilegítimo —aunque eficaz— referéndum de diciembre 2018, tampoco luce clara. Las innumerables cortinas de humos lanzadas por la hiperconcentración de medios afectan el panorama.

Hoy, las cosas van retomando su nivel, y entonces apreciamos cuál puede ser el objetivo fundamental que justifique el sideral e inédito despliegue de recursos, tanto para controlar en forma directa a la Fiscalía de la Nación como para neutralizar a la oposición mayoritaria en el Congreso: el acuerdo con Odebrecht, empresa brasileña cabecilla de la gran organización mercantilista —incluyendo a la local Graña y Montero (GyM)— que con el socialmercantilista Foro de Sao Paulo y el reo en cárcel Lula Da Silva montaron la más grande red de megacorrupción política y empresarial en la historia humana: Lava Jato.

En efecto. Vamos viendo tres aspectos claves en la truculenta trama detrás de este espurio acuerdo con Odebrecht: quiénes lo negocian, qué contiene y cómo quieren asegurar su aprobación. ¿Quiénes lo negocian? Yendo contra toda lógica dentro de un régimen republicano, en el que un acuerdo de tal envergadura debería lograrse con la participación de todos los poderes del Estado e incluso con la participación de la sociedad civil, el acuerdo depende en principio de sólo dos personas: el fiscal provincial Pérez Gómez y el fiscal especial Vela Barba. Con la asesoría de la ONG IDL encabezada por Gustavo Gorriti, y el apoyo permanente y abrumador de la red de Medios propiedad del grupo económico que fue y sigue siendo el socio más importante de Odebrecht en el Perú.

Estos medios han instalado la idea de que Lava Jato es un tema de corrupción política pura, cuando en realidad se trata de una gran organización empresarial mafiosa, aliada a un proyecto socialmercantilista brasileño, en cuyo tinglado el pago de coimas a políticos ocupa un lugar mínimo respecto al involucramiento delictivo de amplios sectores de la sociedad: Medios, Universidades, Estudios de abogados, Sindicatos, Colegios profesionales, etc.

¿Qué contiene? El acuerdo con Odebrecht es una despreciable felonía contra los intereses de los ciudadanos del Perú. La compañía no recibiría sanción alguna, salvo la obligación de pagar una compensación económica que resulta ínfima frente al enorme perjuicio causado al Perú y sus instituciones. Además, como seguirá operando en el Perú, prácticamente nosotros mismos pagaremos la multa. Como condición a este ventajoso entreguismo, Odebrecht debe proporcionar información de los políticos a quienes entregó coimas en solo 4 de 41 megaproyectos en los que participó.

¿Cómo se explica esto? Ni Susana Villarán, ni Ollanta Humala ni Pedro Pablo Kuczynski serán afectados —pese a todas las evidencias en contra de ellos— porque esos cuatro proyectos solo alcanza al Gobierno aprista (2006-2011), sin tocar a los mencionados, cuyos cercanos cogobiernan con Vizcarra. ¿Tampoco incluye a Keiko Fujimori? Obviamente, porque ella no ha sido gobierno entre 2003-2014 —período en el que Odebrecht hizo y deshizo en el Estado peruano—, de modo que no podría estar involucrada. Para encarcelar a Keiko Fujimori, los sicarios judiciales montaron una opereta falsificando un juicio —transmitido por TV a nivel nacional—, cuando solo se trató de una audiencia de prisión preventiva, en la que no existe el control de veracidad de los dichos. Todo lo que escuchamos en ese falso juicio ni siquiera son hipótesis, solo son especulaciones sin sustento probatorio. Pero en una audiencia de prisión preventiva no existe el rigor de un juicio.

El caso de Keiko Fujimori no tiene que ver con Lava Jato, sino con aportes económicos a la campaña, cuya manipulación quiebra reglas electorales, pero no constituye delito penal, y fue práctica común en todos los partidos. No hay cómo abrir juicio contra ella en el contexto de Lava Jato. Si tuvieran algo sólido, ya lo habrían hecho. Pero la prisión preventiva satisface la “sed de sangre” del antifujimorismo, que cogobierna con Vizcarra y que asegura que los suyos permanezcan impunes en la megacorrupción Odebrecht.

No lograron la prisión preventiva de Alan García debido a que este jugó sus fichas como viejo zorro político, y con su amago de asilo en la embajada de Uruguay, logró hacer retroceder a los chacales judiciales arietes del antiaprismo. Tal vez García merezca un juicio y una eventual prisión, pero debe seguirse el debido proceso, y no lo que pretendan perpetrar los sicarios investidos de fiscales, controlados por los poderes fácticos que digitan al presidente Vizcarra.

¿Cómo quieren asegurar su aprobación? Digamos que, lamentablemente, la aprobación es casi un hecho. El trabajo realizado por la hiperconcentración mediática GyM-Odebrecht va a mostrar su eficacia en las próximas semanas. El pacto de Impunidad para proteger no solo a políticos que cogobiernan con Vizcarra, sino a estudios de abogados, medios de prensa, jueces corruptos, investigadores universitarios, colegios profesionales, etc., está prácticamente asegurado. Ya lograron controlar la Fiscalía de la Nación, pero mantienen el acoso contra Chávarry, con la amenaza de darle prisión para evitar que divulgue lo que sabe.

La mayoría absoluta de la oposición en el Congreso ha sido prácticamente licuada. La prensa ha sido sometida con mucha mayor contundencia que lo logrado por el fujimontesinismo en los noventa. El antifujimorismo y el antiaprismo aplauden. El escándalo de las revelaciones sobre la estrecha relación de Vizcarra con GyM-Odebrecht (no solo fue socio, sino apoderado legal de GyM en Registros Públicos), ha puesto a prueba la capacidad de la hiperconcentración mediática para desviar la atención. El presidente miente reiteradamente y los medios dicen que “solo son imprecisiones”. Las entrevistas palaciegas complacientes están a la orden del día.

Cortinas de humo y periodicazos pretenden distraer al pueblo. Parece que hubiéramos regresando a 1999, pero extrañamente los “buenos” de entonces son ahora los “malos” y viceversa ¡Qué vergüenza ver a Gustavo Gorriti defender en forma desembozada a Odebrecht! ¡Qué vergüenza! ¿Lo hará por amor? Pese a todo, algunos ciudadanos (cada vez más) han comenzado a reaccionar denunciando y rechazando la permanencia e impunidad de Odebrecht y sus secuaces en el Perú. Todavía hay reservas morales de dignidad. Aún hay esperanzas de hacer realidad el ideal republicano de “el Perú es libre e independiente”. ¡Fuera Odebrecht del Perú!