La Costa Verde y el Terminal de los Cruceros

Los limeños ya estamos acostumbrados a que cada cierto tiempo surjan controversias sobre proyectos que se deben ejecutar en la Costa Verde. Ahora la tensión se produce entre la Municipalidad de Miraflores, la Autoridad Portuaria (APN), la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV, que lidera la Municipalidad de Lima) y el Ministerio de Comunicaciones a propósito del proyecto de un terminal de cruceros que pretende construir la empresa Terminal de Cruceros Bahía de Miraflores S.A.C. Otra vez se pone en evidencia que esa amplia faja costera es uno de los lugares donde de manera más cruda se muestra la fragmentación institucional de la gestión y planificación de nuestra ciudad.

No creo que cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgó la viabilidad técnica a la iniciativa, en noviembre del año pasado, no supiera que legalmente la decisión para la viabilidad del proyecto le corresponde a la APCV. Y menos aún que la Municipalidad de Miraflores, que forma parte del directorio de dicha entidad, se opondría a una iniciativa unilateral. Además, era obvio que los funcionarios del ministerio y de la empresa sabían que la ejecución de dicho proyecto requería de un cambio de zonificación, y que la competencia para otorgar dicha autorización es de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La pregunta es: ¿por qué no lo hizo? Si precisamente en estos meses la APCV viene discutiendo la aprobación del Nuevo Plan Maestro de la Costa Verde 2018-2035.

La arquitecta Daniella Suazo ha señalado que Lima junto con Montevideo son las dos capitales sudamericanas que tienen contacto directo con el mar. A diferencia de Montevideo, Lima tiene la posibilidad de observar el mar desde dos puntos distintos: el nivel 0 y el nivel natural a 60 metros de altura sobre el nivel del mar desde la cima del acantilado. Sin embargo, Lima —a diferencia de Montevideo— es una ciudad que le da la espalda a su mayor riqueza natural y que la emplea ahora como una zona de desfogue vial. Nuestra ciudad ha perdido mucho tiempo en gozar de las ventajas de esta extensa longitud costera. Si lo hubiera hecho, la Costa Verde sería un pulmón de la ciudad y un espacio amplio para atenuar los efectos del cambio climático.

A propósito de esta reflexión de la arquitecta Suazo, correspondería preguntarse si un proyecto que busca ubicarse en la bahía de Miraflores, a la altura de la bajada del Cuartel San Martín, y que funcionaría como un home port —como un puerto donde se inician o terminan los itinerarios de un crucero con capacidad para recibir a 1,300 turistas diarios— guarda correspondencia con los parámetros establecidos por la APCV. Es evidente que ese proyecto, que funcionaría como un enclave a la orilla del mar, originará varias actividades conexas de indudable impacto ambiental.

Detrás del intento de realizar una inversión privada de US$ 43.8 millones existe nuevamente una tensión sobre dos diseños arquitectónicos vigentes en el mundo sobre la gestión de las fajas costaneras: se opta por una ciudad balneario o por una ciudad con playas urbanas. La pretensión de la empresa Terminal de Cruceros Bahía de Miraflores S.A.C, se ubica en el extremo de la segunda alternativa, porque afectará gravemente el entorno costero del distrito de Miraflores.

Pese a todo, la viabilidad del proyecto puede ser discutible, sobre todo en la perspectiva de consolidar a Lima como un lugar de amplio flujo de turistas, utilizando los encantos de nuestra Costa Verde. Lo que no se puede tolerar es que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pisotee las competencias de una autoridad creada por ley. En este sentido, no hay que descartar que detrás de este proyecto, que suena bien, existan intereses mercantilistas nada santos. No de otra manera se puede explicar que la empresa no haya tenido la iniciativa de presentar el proyecto ante el la Autoridad del Proyecto de la Costa Verde; y menos aún a la Municipalidad Miraflores, sobre cuya jurisdicción y entorno social, cultural y paisajístico, tendrá impacto directo el proyecto.

En este caso, le corresponde también una alta responsabilidad a la APCV, entidad que ya ha tardado más de ocho años para aprobar el Nuevo Plan Maestro de la Costa, el que debió estar listo el año 2010, de acuerdo a ley. Si la Municipalidad de Lima, que lidera esta autoridad, hubiera tenido la audacia y transparencia de realizar una amplia convocatoria para legitimar y aprobar el Nuevo Plan Maestro, bien hubiera provocado la presentación de estas iniciativas privadas y, en el camino, sugerir sus modificaciones. Pero nada de eso se hizo, y hasta ahora no hay Plan Maestro vigente. Cabe recordar que el anterior Plan Maestro tuvo vigencia hasta el año 2010. ¿Cómo se explica que durante casi ocho años no se haya podido aprobar el nuevo Plan Maestro?

Se podría decir entonces que “no solo se trata de defender determinadas competencias por ley, sino hay que ejercer la autoridad, con eficacia y sentido de oportunidad”. Y si una autoridad tarda ocho años en aprobar su nuevo Plan Maestro, queriéndolo o no, también crea las condiciones para no ser tomada en cuenta. Y ahí tenemos los resultados.