JNJ garantiza el resultado electoral

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue instituida como consecuencia de la defenestración de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, organismo que no habría cumplido a cabalidad con su función de elegir a jueces y fiscales probos. Sin embargo, los sucesos posteriores han demostrado que la cura ha resultado peor que la enfermedad.

Todo indica que el afán por controlar el organismo de elección de los jueces y fiscales es precisamente para contar con una justicia que responda a los intereses de quien los nombre. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia ratificó en el cargo de fiscal suprema a Zoraida Ávalos, pese a que habría presentado certificados falsos para acceder al cargo en el año 2013.

Además, Zoraida Ávalos fue quien mantuvo silencio ante el golpe de estado protagonizado por Martín Vizcarra, mediante el cierre del Congreso de la república el 30 de setiembre de 2019 y; más adelante, en otro hecho transparente, dispuso una investigación por actos de corrupción en contra del también golpista Pedro Castillo; pero en un caso inédito, decidió suspender las indagaciones para reabrirlas el 2026. Es decir, su actuación como fiscal –en la práctica– significaba conciliábulo o complicidad con Pedro Castillo, quien, abrumado por el cúmulo de pruebas en su contra, decidió el 7 de diciembre de 2022 convertirse en dictador.

Dios mediante su aspiración de mantenerse indefinidamente en el poder fracasó. De lo contrario, en la actualidad, muchas empresas hubiesen sido estatizadas, principalmente las minero-energéticas, siguiendo el guion implementado por las dictaduras en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Un análisis desapasionado demuestra que existe un hilo conductor en todos estos hechos que se orientan al control absoluto del poder más allá de quien ejerza la presidencia.

Develemos la trama. Según prescribe la Constitución Política del Estado peruano, el ente encargado de garantizar la transparencia en los procesos electorales es el Jurado Nacional de Elecciones, que está integrado por cinco miembros (para el período 2020-2024) procedentes de: el Poder Judicial, quien lo preside, en este caso Jorge Salas Arenas, designado por la Sala Plena de la Corte Suprema; le sigue el representante de la Junta de Fiscales Supremos, Luis Carlos Arce Córdova; un representante el Colegio de Abogados (CAL) [para las elecciones generales del 2021, el CAL no contó con representante (el previo fue el magistrado Raúl Chanamé Orbe, cuyo mandato venció en julio de 2020). Recordemos que en 2020 el Dr. Javier Villa Stein fue electo y proclamado decano del CAL por el Comité Electoral presidido por Rogers Sulca. No obstante, el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró la nulidad de todas las decisiones del Comité Electoral por lo que Villa Stein no pudo asumir sus funciones. De esta manera, el JNE quedó conformado por cuatro miembros y el voto dirimente fue ejercicio a favor de su particular punto de vista por Salas Arenas]; y dos representantes adicionales, uno proveniente de las facultades de derecho de las universidades públicas (Dr. Jovián Valentin Sanjinez Salazar) y otro de las privadas (Jorge Armando Rodríguez Vélez). Desde ese entonces, el pleno del órgano electoral estaba incompleto.

En el proceso electoral del 2021, sucedió que el JNE controlado por Salas Arenas fue escrupuloso para observar la inscripción de todo aquel que, al parecer, no le era afín a su ideología. Cualquier motivo era suficiente para descalificar al oponente, tal como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela; sin embargo, santificó la inscripción de la incompleta plancha presidencial de Perú Libre, partido que viene siendo investigado por crimen organizado; inclusive su fundador, Vladimir Cerrón Rojas. Este último ha sido sentenciado por el caso Aeródromo Wanka, así como también ha sido cuestionado por no haber concluido el hospital de Huancayo, o los contratos suscritos con empresas chinos que, al parecer, habrían sustituido a la corrupta Odebrecht. Todo esto cuando Cerrón era gobernador de Junín.

Salas Arenas se olvidó de que la constitución prescribe que una plancha presidencial debe estar conformada por el candidato a la presidencia y dos vicepresidentes. Además, que Artículo 183. De la Carta Magna precisa que: “El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (…) Está afecto a las mismas incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones”. Entre ellas: Art. 180. “No pueden ser miembros del Pleno del Jurado (en este caso RENIEC) los candidatos a cargos de elección popular.”. Salas Arenas tampoco se percató que la candidata a primera vicepresidente, Dina Boluarte, era una servidora de RENIEC. Es obvio que, si el máximo jefe de ese organismo está constitucionalmente impedido de candidatear, todos aquellos funcionarios de menor nivel también lo están, pero el JNE de Salas se zurró en la constitución.

En las elecciones del 2021 se impidió que las Fuerzas Armadas estén presente al interior de los locales de votación, tampoco se les proporcionó copia del acta correspondiente a cada mesa de sufragio. ¿Quién tomó esa decisión?, ¿por qué no se permitió una auditoría internacional independiente del software empleado para contabilizar los votos? ¿por qué el JNE de Salas Arenas no le llamó la atención que centros de actas habían sido llenadas por un mismo puño y letra? lo cual en sí mismo constituía una irregularidad.

Muchas sombras se han cernido sobre el proceder de Salar Arenas al frente del Jurado Nacional de Elecciones. Además, cuenta con la férrea defensa de sectores de izquierda (subversivos, totalitarios, populistas y caviares siempre medrando del poder) quienes han promovido un adelanto electoral siempre que la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones está bajo control de Salas, cuya imparcialidad ha sido muy cuestionada. 

Conocer lo sucedido en el pasado reciente resulta relevante, porque la intención de mantener a los miembros de la actual Junta Nacional de Justicia, pese a los serios cuestionamientos formulados por el Congreso de la República. Todo indica que existe una maquinaria orientada a perpetuarse en el poder mediante el copamiento de las instituciones que participan en los organismos electorales. Más temprano que tarde, la historia demostrará si el voto ciudadano fue respetado o si el nombramiento de alguna autoridad fue el resultado de quienes lograron el control de nuestras RENIEC, ONPE y JNE; pero, previamente, la JNJ para que, a través de éste, la Corte Suprema, el Ministerio Público, el CAL y las facultades de Derecho públicas y privadas.

Las cartas están sobre la mesa.