Inversión en regiones

Si se revisa el Indicador de Competitividad de las Regiones (INCOR) a junio del 2018, que publica el Instituto Peruano de Economía (IPE), es posible comparar cómo las regiones se han movido de un año a otro en sus principales indicadores de desarrollo económico. En el ranking 2018, Apurímac es la región que más avanzó, ubicándose ahora en la posición 14; mientras que Ayacucho es la que más se atrasó, al retroceder al lugar 19. Al revisar la ejecución presupuestal, a diciembre del 2018, según la información que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las regiones presentan un nivel de 84%; pero mientras Apurímac presentó una ejecución de 87%, Ayacucho evidenció un 93%.

Esta revisión nos permite esbozar algunas ideas que considero relevante que tengamos presente. Lo primero es que la autonomía municipal y regional deben ir de la mano con los objetivos de política pública plasmados en el plan de competitividad. Y que se requiere contar con indicadores de gasto público, que incluyan no solo la medición del nivel de ejecución, sino que evalúen la calidad del gasto.

Asimismo, en paralelo a las reuniones periódicas que llevan a cabo los representantes de los gobiernos regionales y de los municipales; lo segundo es incluir talleres de capacitación frecuentes para los gerentes de segunda línea en temas específicos, con una metodología basada en el análisis de casos. A su vez, la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) debería establecer indicadores mínimos y acciones a seguir en inversión en infraestructura, educación, salud y seguridad social.

Se trata de reducir las brechas entre regiones y para ello lo tercero es fortalecer las capacidades de articulación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) a nivel de las regiones y municipalidades, y luego al de las unidades ejecutoras. Invertir en infraestructura, educación, salud y seguridad social resulta clave para fortalecer las competencias regionales, reducir las brechas de desigualdad entre regiones pobres y ricas, y establecer un estándar mínimo que luego tenga indicadores de seguimiento. Solo así construiremos un país más igualitario y con mejores oportunidades, independientemente de la región en la que uno nace y se educa.

Y lo cuarto es que estos planes deben ser a largo plazo, como mínimo a diez años, porque deben medir cómo vamos alcanzando indicadores de desarrollo humano. Y eso debe ser independiente del tinte político del Gobierno de turno, como de hecho ya lo es en varios países de la Alianza del Pacífico, incluyendo a Colombia y Chile.

Así, en estos planes deberían incluirse, como permanentes, las acciones de prevención para evitar que los fenómenos climatológicos que son estacionales, como el fenómeno de El Niño o el friaje. No nos sorprenderían porque se habrían tomado las medidas necesarias— a nivel de permisos para construcción, adquisición de seguros y capacitación a los pobladores— para que enfrentarlos. Y que no afecten a mediano plazo a la población, a su capacidad de generación de ingresos ni a su calidad de vida.