Manuel Gago
Innecesarios ataques a la nueva carretera central
Es necesario aplicar la fórmula del costo-beneficio

Sorprende el poder desplegado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) en ciertos medios. Se ha propuesto bloquear el proyecto denominado Corredor Verde de la nueva carretera central, cuyo trazo definitivo será anunciado por las autoridades correspondientes en los próximos días. ¿Por qué se pretende postergar esta nueva ruta pendiente hace décadas? ¿Cuál es el interés detrás de todo esto?
Que no nos digan que es por razones puramente técnicas, por el bienestar de los “pueblos actualmente olvidados” o porque los recursos deben ser gastados de manera apropiada. El Colegio de Ingenieros estaría abusando de su condición rectora en cuestiones técnicas. En los medios las argumentaciones propias de la ingeniería son abandonadas y se recurre a justificaciones políticas, tratando de ensombrecer el proyecto Corredor Verde encargado a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de Francia, por convenio de Gobierno a Gobierno.
Claramente, el intento es fomentar una opinión pública adversa al trazo, dando a entender que la nueva carretera tendría un origen espurio, plagado de corrupción local y nacional. Señalan por ejemplo, que el proyecto, por ser parte del sector Transporte y Comunicaciones, carece de legitimidad, ya que ese sector ha estado lleno de corrupción durante las gestiones de Castillo, Sagasti, Vizcarra y mucho antes; y por ende –según se deja entrever– sin sostenibilidad técnica. Se habla de un “festín de corrupción y mala aplicación técnica” y que el proyecto avanzaba en la “oscuridad y con asombrosa rapidez”. Lamentablemente, ciertos periodistas recién se enteran de la necesidad urgente de esta vía, postergada en innumerables ocasiones y con diversos trazos que, en efecto, fueron desechados hasta hallar el más idóneo para unir la costa con la sierra y selva centrales.
La Chutana (San Bartolo, Cañete), el proyecto que promueve el CIP, es inviable desde todo punto de vista, aunque se diga –sin sustento económico verificado– que construirlo sería más rentable. “Lo barato cuesta caro”, ¿no es acaso la advertencia popular respecto a calidad y de lo que más conviene? Los ingenieros del CIP tampoco exponen con claridad meridiana que para llegar o salir de Lima se tendrá que pasar por San Bartolo y recorrer la Panamericana Sur, con su espantoso congestionamiento de vehículos. Olvidan lo que a futuro significarían los 57 kilómetros entre la Chutana y Lima, y los 131 kilómetros entre La Chutana y Chancay, en donde se construye lo que será el más importante puerto de la región. El argumento del CIP sobre los 50 kilómetros de más del Corredor Verde, respecto a la actual carretera central, se cae a pedazos: energía, tiempo y horas-hombres desperdiciados, además de desgaste inútil de los vehículos. Peor aún sería agregarle a la Panamericana Sur mayor tráfico, con el probable aumento de accidentes.
Abogar por la Chutana significa declarar la guerra a los agroexportadores de la sierra y de la selva central y oriental, pues hará incompetentes sus productos en los mercados del mundo, por desviarlos del puerto del Callao y de Chancay. Claramente aleja en lugar de acercar. Dicho en términos económicos, la fórmula del costo-beneficio tendrá que aplicarse tal cual, de lo contrario la Chutana, de antemano, estaría condenada a convertirse, como la Interoceánica del Sur, en una vía fantasmal. ¿O acaso, como hace 100 años, se quiere que el Estado construya carreteras solo y únicamente para beneficiar a ciertos intereses económicos visibles y con poder para influir?
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