Hemos perdido el rumbo

Es indiscutiblemente político el objetivo que motivó las acciones del gobierno que condujeron a los hechos juzgados en la sentencia del Tribunal Constitucional:  mantener una mayoría de magistrados que le permita interpretar la Constitución a su conveniencia.  El medio para lograrlo fue forzar la presencia del Premier Del Solar en una sesión plenaria del Congreso para plantear una cuestión de confianza a fin de modificar las reglas vigentes para elegir a los seis tribunos con mandato vencido que el parlamento debatía en ese momento.  Bastó una mañana para que la mayoría oficialista que domina el TC impusiera una sentencia política ajustada al objetivo del gobierno.

En la transmisión de la sesión vimos cómo cuatro magistrados concretaron la estrategia del gobierno acudiendo a interpretaciones sinuosas del texto de las normas constitucionales que la minoría invocó inútilmente. La imposición de criterios de interpretación alejados del texto constitucional ha abierto la puerta a la relativización de las únicas reglas que, por su máxima jerarquía, no solo permitían limitar al Poder Ejecutivo, sino que eran el último muro para contener el caos en una sociedad que, por ser víctima del abrumador exceso de leyes, ha optado por ignorarlas, como constatamos diariamente.

Es una aberración que la mayoría del TC haya sostenido que la separación e independencia de poderes consagrada en la Carta Magna es obsoleta y que el texto constitucional debe ser interpretado según las circunstancias políticas del momento. Esta relativización del texto constitucional, sujetándolo a la interpretación voluntarista de los magistrados, está en las antípodas de un criterio tan respetable como el de la Comisión de Venecia: “Todo proceso de reforma constitucional debe preservar el principio de separación de poderes y la exigencia de pesos y contrapesos entre el Presidente y el Congreso. La facultad del Presidente de vincular una cuestión de confianza a reformas constitucionales puede generar el riesgo de que sea utilizada para alterar este equilibrio. La amenaza de disolución luego de la segunda votación de una cuestión de confianza puede dificultar que el Congreso resista los intentos de alterarla en favor del Presidente” (párrafo 44 de su reciente Informe sobre el Perú). 

La sentencia del TC convalidaría la utilización abusiva de la cuestión de confianza como un arma potente del Ejecutivo para subyugar al Congreso y diluir sus competencias de control político y fiscalización. Sería una reforma política peligrosa y de mayor alcance que las propuestas por el gobierno hasta ahora. Para disimular el exceso, los tribunos estarían considerando incluir en la sentencia algunas restricciones al uso de la cuestión de confianza.  Sin embargo, anticipando que esos límites serían también interpretables, el Premier adelantó ayer que justificaría los decretos de urgencia aprobados tan pronto se instale el próximo Congreso y que “a efecto de ello se puede plantear una cuestión de confianza. Lo dice la propia Constitución del Estado”.  Una advertencia a los nuevos congresistas antes de que sean elegidos.

Ironías históricas.  El 5 de abril de 1992 Fujimori disolvió un Congreso dominado por la “partidocracia” que obstruía su gestión.  Casi tres décadas después, Vizcarra consideró que el Congreso era también obstruccionista y lo disolvió “constitucionalmente”, invocando una norma de la Constitución aprobada a raíz del “autogolpe” fujimorista. 

La comunidad internacional condenó el autogolpe de 1992 y  la OEA asumió el rol principal,  primero para censurar y luego para devolver la democracia y reparar el Estado de Derecho en el Perú. Basta revisar los archivos de oea.org para releer las actas que registran los esfuerzos desplegados para superar esa dramática coyuntura histórica, que culminó en la XXII Asamblea General de la OEA en Bahamas, a la que asistió el entonces Presidente de la República.  En ese solemne marco se comprometió a restablecer los derechos constitucionales y a convocar un Congreso Constituyente que garantizara el equilibrio de poderes y diseñara una nueva institucionalidad después de una década ensangrentada por el terrorismo y una colosal crisis económica, cuyos efectos se sumaron al desastre provocado por la dictadura militar socialista inaugurada por General Velasco, que derrocó y deportó al Presidente Belaunde en 1968. 

La Constitución de 1993 es  fruto de un denodado esfuerzo regional, en el que la CIDH jugó también un rol fundamental a través de misiones e informes, que inspiraron la creación de instituciones tan valiosas como la Defensoría del Pueblo.  En sus 27 años de vigencia esa Constitución ha sostenido el orden democrático y el crecimiento económico que nos han permitido superar un pasado sin esperanza de futuro.  Lamentablemente, lo que observamos ahora es que la relativización de la norma constitucional instrumentada en el TC  nos aproxima a la peligrosa anomia que sufre Chile.

Si el gobierno y la mayoría del TC no aprecian el Estado Democrático de Derecho  que la nación ha construido durante tres décadas, solo queda el vigor de los ciudadanos para defender una Constitución amenazada por la relativización de sus normas, como resultado de la presión del poder político sobre la mayoría funcional que lo apoya desde una instancia inapelable que, lamentablemente,  ya no se rige por criterios jurídicos sino políticos.