Haciendo camino para sanciones y bloqueos económicos

La ciudadanía está tomando con mucha laxitud e indiferencia la actitud de confrontación permanente del gobierno; no solo con los peruanos (presentándonos en dos grandes grupos: los acomodados y los desposeídos), sino también con el sector empresarial nacional y extranjero, a quienes quieren etiquetarlos como responsables de los altos precios de bienes y servicios y de los bajos salarios. 

La confrontación con el sector empresarial es sumamente peligrosa, más aún si se hace bajo la arenga del provocador Guido Bellido: “solo hay que tenerle miedo al pueblo”. No se trata de temores, sino de actuar con corrección y ecuanimidad; se puede ser enérgico, pero se debe ser justo. 

Desde hace menos de 15 días, el gobierno inició su “hora loca” del enfrentamiento. El Consorcio Camisea (CC), fue el primer grupo abordado con la amenaza: “negocias o nacionalizo”. Esto no solo involucraba a los socios de los yacimientos productores de gas natural y líquidos de gas natural, sino que afectaba a cuatro actividades conexas: el transporte por ductos, la licuación del gas natural, la comercialización del comprador de la totalidad del gas natural licuado, lo que se conoce como en el sector como off taker, y las distribuidoras por redes.

En el CC, hay empresas de cinco nacionalidades: Argentina, Estados Unidos (EE. UU.), España, Corea del Sur y Argelia. En el transporte se agrega a una empresa de Canadá; en la planta de licuación se suma a los financistas, entre otros al Banco Mundial e Italia; y el off taker es nada menos que la angloholandesa Shell. En distribución estamos ante la presencia de la empresa municipal colombiana Empresa Energía de Bogotá. A estos ocho países y una multinacional de las finanzas que tiene como socios a estados, se les involucra en la bravata gobiernista y sus cajas de resonancia.

Pero la cosa no quedó allí. Como parece que la competencia es por quién pega más fuerte, ha saltado a la palestra con menos cobertura mediática, lo que no significa que sea menos peligroso, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, afirmando que revisará las concesiones de transporte en todos sus aspectos: carreteras, aeropuertos, puertos y vías metropolitanas. Así sumamos a Francia, como país de origen del concesionario de la Línea Amarilla

Cuando pasamos a puertos, la colisión va contra APM Terminal, de procedencia danesa y Dubai Ports World, de capitales de Emiratos Árabes Unidos. Y si vamos por el puerto de Chancay, la colisión directa es contra la República Popular China. 

Para cerrar el círculo, la prédica de Bermejo, reforzada por el propio Pedro Castillo en el distrito de Pichari (provincia de La Convención, Cusco), va en dirección de expulsar nada menos que a la agencia estadounidense sobre las drogas, la DEA.

Es tal el abanico de frentes que se abren, que vamos aceleradamente a lo que ya se conoce, el empedrado camino de las sanciones que se practican a países hostiles con el establishment financiero y empresarial multinacional. Esto se traduce en un recorte en las relaciones de comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones. 

Como catalizador para el camino a la desgracia, se tiene la inocultable relación del gobierno con el sindicalismo y movimientos políticos relacionados con Sendero Luminoso –es decir, con el terrorismo– tan en primer plano en estos días con el respaldo del mandatario al cuestionado titular del Ministerio de Trabajo, Iber Maraví, de proximidades con el mencionado grupo subversivo, que hoy opera desde la selva en colusión con el narcotráfico.

La situación es de suma gravedad. Así debe entenderlo la clase política parlamentaria para oponerse al gobierno cuya vocación manifiesta es cerrar el Congreso.