¿Hacia dónde nos dirigimos?

Muchos nos hemos preguntado sobre la existencia o no de un Plan de Desarrollo Nacional que determine el norte o futuro al que como país nos estamos dirigiendo. Y en verdad existe, se trata del Plan elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), organismo encargado del desarrollo de la planificación estratégica, en el marco del Estado constitucional de derecho, que propone varios objetivos.

Interesa por el momento de turbulencia política y social que vivimos, mencionar el tercer objetivo propuesto, referido a “Desarrollar y consolidar la gobernabilidad democrática y una fuerte institucionalidad pública”, consignado en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado Perú hacia el 2021, en el que se asume la gobernabilidad como “la capacidad de gobernar; es decir, de hacer valer decisiones socialmente obligatorias para mantener de esa manera la capacidad de acción del sistema político hacia adentro y hacia afuera, en especial frente a la economía y la sociedad y con ello también su legitimidad”. Se consideran como indicadores la representatividad política, la gestión pública, el Estado de derecho, la seguridad nacional y la presencia e imagen del Perú en el escenario internacional. 

Una mirada a estos indicadores arroja a simple vista que vamos en picada, en tanto la representatividad política, por las debilidades de la mayoría de integrantes del Poder Legislativo, sumadas a la campaña destructora de algunos sectores de la prensa, ha sido llevada al descrédito con el cierre anticonstitucional del actual presidente de la República. Sobre la gestión pública, competencia del Poder Ejecutivo, vistos los avances en términos de ejecución presupuestaria, refleja clara ineficiencia.

En cuanto al Estado de derecho, las acciones realizadas en contra de la autonomía de los Poderes Judicial y Legislativo dicen de por sí lo que ocurre. De otro lado, la seguridad nacional, principalmente a nivel interno, deja mucho que desear. Un ejemplo de ello lo constituyen las medidas en contra del funcionamiento de la mina Tía María, que lleva cerca de tres meses sin solución, así como la paralización del Corredor Minero en las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, con signos claros de violencia y atentado a la economía nacional, expresando las debilidades del actual gobierno y el temor a utilizar los instrumentos legales que le permitan la vuelta al orden. Finalmente, la deteriorada presencia e imagen del Perú en el escenario internacional, son claras muestras de un largo periodo de deslegitimidad gubernamental a todas luces existente y de lo lejos que estamos de este objetivo estratégico nacional. 

El desarrollo de la gobernabilidad, así como el fortalecimiento de la democracia, pasan por un mal momento en el Perú y transitan hacia su desaparición. La concentración del poder en el Ejecutivo que tiene sojuzgado al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, no avizoran buenos vientos. Y si a ello sumamos el desmoronamiento del civismo en las personas e instituciones existentes, es de imaginarnos hacia donde transita nuestro país.

No esperemos nuevos o mejores vientos; la bruma que envuelve la corrupción económica, política y social no ha de desaparecer por azares del destino. Debemos entender que el país nos convoca a desarrollar esfuerzos por superar esta situación, llamándonos a cumplir con nuestros deberes de ciudadanos: respetar las leyes e instituciones, contribuir al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás. Vale decir, cumplir con nuestras obligaciones y respetar los derechos de los demás. No olvidemos que la lucha contra la corrupción imperante pasa por cambios sustanciales en nuestra propia vida.