Grave embalse de la inversión en la capital

Hace diez años Lima no tenía una gran cartera de proyectos para lograr altos estándares de inversión pública y privada como para modificar el rumbo de la ciudad. Pero ahora la situación ha cambiado radicalmente. Ahora existen proyectos del orden de los S/ 13,700 millones aproximadamente, por iniciativa pública y privada (sin contar con la inversión de la Línea 2 del Metro), que no solo cambiarían el rostro de la ciudad, sino la lógica de movilidad y transporte. Ahora los problemas son otros. Por la corrupción, a propósito del caso Lava Jato, están paralizadas las obras de “Las rutas de Lima”, que bordean los S/ 6,864 millones. Mientras que el Proyecto Periférico Vial Norte, que costará S/ 6,600 millones, también está paralizado por discrepancias entre el Ministerio de Transporte (el concedente) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (dueña de las vías del proyecto). Este último megaproyecto tiene un retraso de dos años desde que el MEF aprobó su factibilidad.

Por otro lado, según un reciente informe de la revista Semana Económica existen, en pleno trámite de aprobación en la Municipalidad Metropolitana de Lima, un total de siete proyectos privados, por el orden de S/ 4,757 millones y que aún no tienen luz verde para iniciar sus construcciones. Es el caso del Proyecto comercial Cuartel General San Martín en Miraflores, la remodelación del Centro Comercial Camino Real, el Real Plaza en Puruchuco (distrito de Ate), La Molina Lifestyle Center, La Rambla de La Molina; el Complejo de Edificios y Oficinas en el Cercado de Lima, y la Construcción del Centro de Logístico de Almacenes en Huachipa.

Como es obvio, todos estos proyectos no solo mejorarían la calidad de vida de la población, también generarían cientos de miles de puestos de trabajo, por lo menos durante tres años y solo para los fines de construcción, con un gran impacto sobre la economía de la ciudad y del país. Sin embargo, por ejemplo, es inexplicable que esté paralizado un proyecto tan práctico y ecológico como el Teleférico de Lima Norte, que debe unir, a través de cinco estaciones, a los distritos de Independencia y San Juan de Lurigancho, a un costo de construcción de S/ 300 millones. Lima en cuestión de teleféricos está muy retrasada en comparación con otras ciudades de la región.

Una característica de gran parte de estos proyectos es que permitirá afianzar varias centralidades económicas y urbanas en la capital, tal como se puede observar con la construcción del centro de almacenamiento de Huachipa y el Periférico Vial Norte. El primero de ellos permitirá el funcionamiento del primer puerto seco de de Lima, en la zona este de la ciudad y conectado con el centro del país. Mientras que el segundo logrará la conectividad de once distritos de la capital, sin que los ciudadanos tengan que pasar por el Centro de Lima.

La gran interrogante que surge y que será un verdadero dolor de cabeza para el próximo alcalde de Lima es ¿qué hacer para producir un rápido desembalse de esta situación? La primera situación le corresponde al Congreso y al Ejecutivo, ahora que se vuelve a discutir sobre cómo replantear el Decreto de Urgencia N° 03, a propósito de la presentación del proyecto de ley N°2408 que ha presentado el MEF. Lo sensato sería separar las responsabilidades personales y legales de las empresas comprometidas con el escándalo de Lava Jato, de los activos, los trabajadores y la capacidad instalada de cada empresa. De tal modo que al mismo tiempo que se evita la impunidad de los gerentes o funcionarios de aquellas empresas comprometidas por casos de corrupción, por otro lado se permita la reactivación de las obras paralizadas de “Las rutas de Lima”.

Se requiere, por ejemplo, establecer un porcentaje razonable de retención por la venta de activos como fideicomiso, de tal modo que se acelere la transferencia de proyectos a otras empresas que están dispuestas a invertir y reactivar rápidamente las obras en Ramiro Prialé, la Panamericana Norte y la Panamericana Sur. Pero el gran lastre seguirá siendo los altos costos del peaje y la sobrevaloración de las obras. Y hay posiciones extremas que proponen dejar sin efecto los contratos, lo cual prolongaría más la parálisis de las obras.

La segunda responsabilidad corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en vista de los excesivos trámites y obstáculos para dar luz verde a los proyectos privados, sobre todo en lo referente a la obtención de la Licencia de Construcción. Estas barreras burocráticas generan que un gran proyecto privado tarde hasta tres años para la aprobación final. Sin embargo, esto no parece ser lo más grave. Lo más lamentable es que por cada paso o trámite se produzca corrupción, por las coimas que piden los funcionarios en la MML, y que las empresas no se atreven a denunciar por el temor a represalias.

En este aspecto, la gestión metropolitana carece de un enfoque moderno de gestión y un equipo de gerentes con amplio expertise en inversión privada, que le permitirían acelerar los proyectos de inversión, garantizar la transparencia y evitar los excesivos trámites, que crean justamente el caldo de cultivo para que prosiga la corrupción de mayor y menor cuantía. Los proyectos son tratados con parámetros bastante tradicionales y de modo discrecional.