Frente al gobierno de facto

I

El zarpazo contra el Congreso de la República no es más que el prólogo de la entronización del proyecto totalitario que auspician el gobernante de facto y sus aliados del comunismo. Los pasos siguientes serán decisivos para liquidar toda resistencia y copar progresivamente todo poder público y órgano constitucional. Al fin y al cabo, hasta la reinstalación del Congreso inconstitucionalmente disuelto o la instalación del próximo Congreso, veremos un desfile de decretos de urgencia que modelarán al Estado a imagen y semejanza del totalitarismo.

Con la misma “espontaneidad” con que apareció la marcha de banderas rojas contra el Poder Legislativo, vinieron las declaraciones de los periodistas palaciegos y los juristas del horror, quienes –en coro amplificado por los medios de comunicación al servicio del poder de turno– se han apresurado a calificar de constitucional la alevosa actuación del Poder Ejecutivo. 

Acto seguido, han aparecido las oportunas encuestas que, como en 1992, dan cuenta de la inmensa aprobación popular a la inconstitucional medida de liquidar a la oposición parlamentaria. Al tiempo que se dan complacientes entrevistas al gobernante de facto, quien –con la prepotencia que lo caracteriza– agravia a las congresistas Rosa Bartra y Mercedes Aráoz, sin que nadie levante la voz contra su actitud tan poco varonil.

 

II

¿Qué viene? Embozado en la falsa constitucionalidad de su acto, el gobernante de facto se ha hecho del poder de legislar. La Constitución dice que, durante el interregno parlamentario –el período que media entre la disolución del Congreso y la instalación del nuevo o la reinstalación del anterior–, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia. Cierto es que debe dar cuenta de ellos a la Comisión Permanente, pero no lo es menos que ésta únicamente puede examinarlos y presentar sus conclusiones al próximo Congreso. O sea, habrá un poder ilimitado para todo efecto práctico.

El primer paquete de decretos de urgencia se dictará para aprobar la legislación que debe regir la elección del nuevo Congreso. Con un plazo exiguo para la campaña, la propaganda electoral limitada al financiamiento público -es decir, sometida a la discreción del Poder Ejecutivo- y voto electrónico vulnerable a ataques externos, el horizonte electoral no luce muy auspicioso.

El siguiente paquete será de modificación de leyes orgánicas, puesto que, si es posible que el Poder Ejecutivo interprete en sentido contrario los actos del Poder Legislativo, nada impide que entienda que su poder de legislar mediante decretos de urgencia durante el interregno parlamentario se extiende a materias que, según la Constitución, no pueden serle delegadas. A nadie debería llamarle la atención que por decretos de urgencia se modifiquen leyes orgánicas y el presupuesto público, y por qué no el mismísimo Código Penal, para criminalizar lo que le parezca, o el Código Procesal Penal, para hacer más draconianas aún algunas de sus instituciones.

Una vez que el proceso electoral y los poderes públicos y órganos constitucionalmente autónomos sean modelados conforme a la voluntad del gobierno de facto, las libertades públicas se verán progresivamente recortadas hasta llevarlas a su anulación para todo efecto práctico y esa monstruosidad convalidada por un Congreso en el que aspiran a tener mayoría absoluta. Llegados a este punto, solo será cuestión de segundos vernos caer por la pendiente del totalitarismo. Por eso es que, apenas comience el desfile de decretos de urgencia, cada uno de ellos debe ser cuestionado en sede jurisdiccional.

 

III

¿Qué hacer? Oponernos con todas las fuerzas posibles a la entronización del proyecto totalitario que auspician el gobernante de facto y sus aliados comunistas. Pero, hacerlo con inteligencia, valor y sagacidad. Hay una lucha de principios que librar, que es la dirigida a fulminar la disolución del Congreso porque se entendió “denegada fácticamente” la confianza al gabinete Del Solar. Ella tiene que darse en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial.

El Poder Legislativo no debería demorar un día más en plantear la demanda de proceso competencial contra la disolución del Congreso. Cierto es que hay un bloque de magistrados constitucionales aliados del gobierno y enemigos del Parlamento disuelto. Una miembro de ese bloque ha proclamado que ella y otro colega suyo son “adversos al fujimorismo”. Paralelamente, los ciudadanos deberíamos recurrir en acción popular contra el malhadado decreto de disolución y en amparo en defensa del derecho al sufragio activo, para que los jueces ordinarios también tengan voz en este espinoso tema 

A despecho de lo desesperanzador del escenario, la batalla tiene que darse para que las futuras generaciones vean cómo un Tribunal Constitucional fue capaz de cumplir con su deber en las horas más oscuras o cómo los jueces ordinarios socorrieron a la República como nunca antes en su historia. O, en su defecto, conste que un Tribunal Constitucional torció la voluntad del constituyente y retorció los mandatos de la Ley Fundamental para convalidar un desafuero inconstitucional y cómo los jueces ordinarios -como el oidor de la tradición de Palma- prevaricaron por miedo, por miedo y por miedo. El TC y el PJ tendrán su cita con la Historia y ellos decidirán si se cubrirán de gloria o de ludibrio.

 

IV

También hay una lucha pragmática que librar. Si todas las esperanzas se depositaran en los recursos ante el TC y el PJ, reduciríamos nuestras posibilidades a opciones tendencialmente orientadas al fracaso, mientras el tiempo pasa y el calendario electoral avanza. 

Tiene que ver la luz una Alianza por la República y las Libertades que deberían integrar Fuerza Popular, Acción Republicana, Contigo y el Partido Aprista Peruano. Todos los totalitarismos que en el mundo han sido no cayeron por la acción individual de un partido, sino por el esfuerzo frentista de sus fuerzas políticas democráticas. Ésa es la voz de orden.

Los partidos de oposición al proyecto totalitario del gobernante de facto y sus aliados comunistas tienen que mirarse en el espejo de la oposición venezolana para ver qué fragmentados y cada uno por su cuenta poco harán por la defensa de la Constitución y las libertades que ella consagra. Al frente hay una maquinaria que se ha hecho de todo el poder estatal y, por tanto, se ha tornado inmensamente poderosa. No hay David ni hay honda frente a este Goliat.

 

V

Toda vez que el comunismo, que asoma sus orejas de lobo bajo la piel de cordero del gobernante de facto, tiene como objetivo supremo la reforma de la Constitución para eliminar las libertades económicas y procurar el retorno del colectivismo y el estatismo, el empresariado tiene un importante papel que jugar en esta lucha.

No solo el que se abigarra y representa en la CONFIEP, que ha tenido la dignidad y el valor de condenar el zarpazo contra el Congreso, sino también el empresariado popular, el cual debe saber que sus sueños de crecer y prosperar se tornarán imposibles si desaparece el contexto constitucional que crea las condiciones para que se realicen.

La lucha debe ser jurídica, política, social y económica. El gobierno de facto ha de encontrar una capacidad de resistencia que ni imaginó ni supo calcular. Quienes los enfrentamos, a despecho de los riesgos que corramos y de los peligros que nos acechen, debemos mantenernos firmes en la fe de que las páginas del futuro las escribiremos nosotros, porque el totalitarismo comunista jamás ha podido sofocar las libertades por siempre e inevitablemente ha terminado enterrado bajo los escombros de los muros que él mismo construyó.