Firmeza empresarial para evitar el desastre económico

Estamos ante un Gobierno muy complicado en el manejo del Estado, mezcla de creencias trasnochadas, como el caso de la hispanidad en lo cultural, del estatismo en lo económico y del cinismo en la actuación. A medida que pasan los días se afirma en sus errores, se cree sus mendacidades y radicaliza su manejo del poder. No hay ni habrá propósito de enmienda, y si no se le hace frente con firmeza iremos inexorablemente al despeñadero. 

En un momento en que podríamos estar discutiendo sobre la necesidad de cambios con aquellos que piensan que no se debe cambiar nada, se tiene que posponer este debate para afrontar la situación de evitar los despropósitos que nos presentan diariamente desde el Ejecutivo. El caso del arbitrario cierre de cuatro minas en la región Ayacucho que pretendió la premier Mirtha Vásquez, es un referente para tomar en cuenta. El rechazo enérgico que se tomó desde los gremios empresariales hizo retroceder al Gobierno. 

Hay algunos puntos que deben ser inclaudicables: la disciplina fiscal, la limitación del endeudamiento, la libertad de precios, la propiedad de los recursos naturales y la transparencia en la gestión. Hasta el momento no se ha visto mayor unión opositora en la defensa de estos puntos. 

Desde 1990 hasta el primer trimestre del 2020, el manejo de un presupuesto de gastos equilibrados por los ingresos y un endeudamiento con tope de 30% del PBI fue una regla rígida, una buena señal para la calificación crediticia del país. En la gestión Vizcarra, con la pandemia del Covid, se empezó una vorágine de crecimiento de la deuda. En estos momentos se ha ido por más, se desoyen las recomendaciones del Consejo Fiscal, ante la indolencia de los agentes económicos, sin reparar en que esto significará en corto tiempo más impuestos, por lo menos. 

Una de las variables que tiene una tendencia global es el incremento de precios de alimentos y combustibles, que deviene en altas tasas de inflación. Aquí se necesita un manejo fino para no caer en el subsidio descontrolado o la regulación de precios. 

En nuestro país, el caso de los combustibles va tomando una orientación hacia la regulación por parte de un Gobierno que no sabe cómo proceder. El descontento ciudadano va en aumento por el precio del gas licuado de petróleo (GLP), de uso doméstico y vehicular en el servicio de taxis; los gasoholes, de uso vehicular particular, y el diésel utilizado en el transporte de carga y de pasajeros interprovincial. El Gobierno ha recurrido al retorno al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que en sus 17 años de vigencia ha quedado demostrado que es un subsidio. 

El Ejecutivo debería tener en cuenta que el límite en el uso del FEPC es el excedente de recaudación por concepto de IGV obtenido por el mayor precio de los combustibles. Para los 11 primeros meses del año, esta cifra es del orden de S/ 860 millones. Superado este valor se convierte en cargo imprevisto en la caja fiscal. Hay que discutir rápidamente otras alternativas de energéticos, como la electricidad en base a recursos energéticos renovables, que sería de rápida y fácil implementación. 

La propiedad de los recursos naturales en manos de un Gobierno como el actual sería el fin de la inversión privada en industrias extractivas. Y respecto a la transparencia de los actos del Gobierno, ya ha quedado demostrado que es inexistente. 

Si los gremios empresariales y la escasa oposición existente en el Congreso no se muestran solidarios en la defensa de los temas señalados, estaremos en graves problemas en un cortísimo plazo.