Entre Torquemada y la impunidad

La administración de la justicia revela la tirantez perenne que existe en la aplicación de la ley cuando de acusar o juzgar se trata: conflictos entre la pasión y la razón, el odio y la adoración, la corrupción y la integridad, la arbitrariedad y el debido proceso. Son extremos perceptibles en Ecuador, donde la impunidad reina a sus anchas; y en Perú donde se instala la Corte de Torquemada que, con inspiración y certeza divinas, proclama sus Autos de Fe.

Como observador de los escenarios y actores del quehacer político y económico puedo afirmar que existe en Perú “una manera positiva” de lidiar con los temas de la economía que no se extiende al ejercicio de la política y a la administración de la justicia. Me refiero puntualmente a la suerte de dos presidentes a quienes conocí: Pedro Pablo Kuczynski y Alan García Pérez, personajes cuyo tránsito y desenlace por el escenario político constituyen muestras claras de que el ejercicio de la Jefatura de Estado en Perú es una profesión de kamikazes.

Conocí a PPK hace 36 años, cuando yo era ministro de Finanzas de Ecuador y él chairman de Credit Suisse-First Boston. Lo recuerdo como a un excelente promotor, nada corrupto, de los servicios profesionales que su firma ofrecía. Nos vinculó nuestro común origen académico de la Universidad de Princeton, y me impresionaron su inteligencia y talento polivalente. No resultó apto para la brega política, pero rehúso aceptar que se haya embrollado en delitos que lo lleven a tres años de prisión preventiva siendo ya un octogenario.

En el caso de Alan García, desde el primer momento lo juzgué larger than life, capaz de llenar cualquier sitio con su sola presencia, carisma y elegante retórica. Demostró una enorme capacidad para madurar y desterrar los fetiches de su juventud que malograron al país. Su desaparición es una tragedia que rememora el ritual de Séppuku, que escoge el Samurai para acabar con su vida cuando siente violado su honor. Reivindica en su carta postrera su honor y denuesta a sus adversarios. Es la última expresión de un personaje que pasa a ser histórico, dejando atrás la memoria de su poco común cultura política, inteligencia y amplio dominio de la escena.

Hoy, luego del huracán de corrupción que se batió sobre la región, el ente político peruano es dominado por fiscales y jueces quienes, amparados en el argumento que la corrupción solo puede ser desterrada con mano de hierro y que nadie está exento de la ley, inician sus Autos de Fe sin fórmula de juicio o acusación en firme, dominados por la celosa interpretación de sus propias percepciones. Sus acciones revelan que cualquier circunstancia, por remota que fuere, es prueba plena de culpabilidad, procediendo a reducir al sospechoso a la calidad de reo desprovisto de dignidad.

En el otro extremo, observo la administración de la justicia en Ecuador, donde Rafael Correa ha dejado de tal suerte amarrados los cabos de la judicatura que, aún hoy, su dominio es perceptible en los ámbitos de decisión sobre los casos escandalosos de corrupción, persecución y violaciones que caracterizaron a su gobierno. Ecuador fue “presa gorda” de la corrupción y, sin embargo de ello, la acción de la Fiscalía es, hasta esta fecha, virtualmente nula. Los más conspicuos integrantes de ese Gobierno están prófugos, hay unos pocos presos de menor monta y no se ha recuperado un solo centavo. La justicia se ha movido al compás del poder del dinero y la identificación política. Entretanto Correa, poseedor del cinismo más refinado, proclama mitómanamente su integridad, mientras un electorado embobado por la memoria de los tiempos de la abundancia y el dispendio le permite seguir existiendo políticamente.

Son las antípodas entre Torquemada y la impunidad. Es el dominio en el que el debido proceso y el imperio de la ley brillan por su ausencia. Es la amplia brecha que existe entre el castigo desproporcionado y la mejor justicia que el dinero puede comprar.