En contra del lobby del garantismo penal

Se entiende por garantismo –o garanto/abolicionismo– a aquella rama jurídico política del progresismo que avanza hacia un derecho penal más “inclusivo y comprensivo” de las llamadas “desigualdades” de la vida, en el que la dignidad y el “debido proceso” deben respetarse irrestrictamente. Un pensamiento alimentado desde los demagogos tratados de reconocidos juristas partidarios de la izquierda política en sus respectivos países, como es el caso de Zaffaroni, Atienza o Ferrajoli.

La trampa del garantismo es la misma que la del progresismo. Y al ser posmoderna, no está asentada en criterios objetivos, sino en puras percepciones. De tal forma, los juristas garantistas no encuentran mayores problemas en que la ley actúe de oficio, por ejemplo, si una mujer denuncia a un hombre inocente y este es castigado sin pruebas (desde una exclusión de hogar hasta penas mayores). Pero encuentran totalmente indignante que uno saque a balazo limpio a un ladrón que invade una casa, o que lo corra y lo ajusticie.

El papel de la dignidad humana juega un rol importantísimo para los progresistas. Y la dignidad del delincuente se ve amenazada cuando este es linchado por un grupo de vecinos. De tal manera los garantistas repudian y condenan todo tipo de detenciones civiles y la mal llamada “justicia por mano propia”, que en la realidad significa “la defensa de los derechos individuales sin participación del Estado”.

Lamentablemente esta defensa absurda y reprimenda injustificada en contra de los ciudadanos de bien es alimentada desde las aulas de muchas universidades en nuestro país. Muchos profesores y alumnos realizan auténticos malabares mentales para sostener que el monopolio de la violencia debe estar al cien por cien en manos del Estado. Los juristas garantistas, ofrecen una justificación intelectual para ello, aludiendo a los peligros de la justicia ipsofacta de los civiles para la dignidad e integridad de los pobres y desdichados criminales que, ante una ciudadanía fuerte, verían que el coste de oportunidad al salir a robar sería gigantesco, y por lo tanto su ilegal ocupación quebraría. Esto representa además una contradicción para el Estado pues, sea grande o chico, el Estado para mantener control sobre todo y todos no puede admitirse tener estados dentro del estado (vecinos organizados, oenegés e incluso pareciese que la familia tradicional entraría en este rubro de organizaciones peligrosas).

El malviviente inadaptado entonces cumple una doble función: legitima la idea del Estado sobreprotector y único mecanismo posible para “garantizar derechos” (en esto pueden coincidir numerosas ramas del abanico político), la del individuo indefenso incapaz de actuar con decencia sin el estado que lo mire (por ejemplo: “si la ciudadanía se defiende, luego va a ejercer esa capacidad de violencia por discusiones nimias o triviales”) y manteniendo con miedo permanente a la gente, encerrada tras sus rejas y pendientes de las cámaras de video vigilancia de su casa. Dudando incluso de abrirle la puerta al vecino cuando viene a pedir una taza de azúcar u otro favor similar.

El garantista, no obstante, cumple este papel de dominio ideológico que beneficia a otros y nunca a él, solamente es un “tonto útil”. Se encuentra realmente convencido de sus principios y de que la dignidad de un delincuente pesa exactamente lo mismo en la balanza de la justicia, que la de un obrero de fábrica, un estudiante universitario o un jubilado que vuelve de cobrar su pensión y fue golpeado brutalmente para arrebatarle lo poco que tenía.

El progresista, como buen posmoderno, entiende ese peligro vagamente, pues lo ve solo como un mero relato y mediante percepciones que le son totalmente ajenas, pero no como un peligro latente que podría afectarle a él. Es decir, ningún progresista cree que, si le pasa al de al lado, le puede pasar a él (excepto cuando hablan de los desaparecidos en las protestas violentistas). Por lo tanto, ellos realmente creen que están ayudando, enviándonos al “progreso” y “civilización” con sus ideas sobre la dignidad y los DD.HH. Esto ocurre porque mayoritariamente, los líderes progresistas son de familias acomodadas. Son tipos que nacieron, crecieron y viven actualmente en barrios “finos y lindos”, es decir, seguros o relativamente seguros, y no han enfrentado mayores golpes de la realidad durante su vida. 

Quienes viven en barrios menos privilegiados, generalmente no tienen acceso a mayor educación y no tienen un bagaje de conceptos ordenados lo suficientemente claros para desarticular la teoría progresista y refutarla contundentemente. No obstante, los pocos formados que vemos el daño que hace en los barrios esta idea de “respetar la dignidad del malviviente” y la “mano blanda”, tan respetuosa del irrespetuoso, podemos entender claramente el daño que se genera con la dependencia legal y social de las fuerzas represivas y la creación de una ciudadanía pusilánime y servil, incapaz de resolver los problemas con presteza, sin depender de la llegada de un patrullero.

Este irreparable daño al orden, al bien común, las buenas costumbres y la pulcritud ética de las personas, es la irremediable consecuencia de una sola premisa, adorada cual deidad por los progresistas y tan falsa como su doctrina: que la dignidad de una persona de bien, amante del orden, la justicia, la sana convivencia y los buenos valores cualesquiera sean, vale lo mismo que la dignidad y derechos de un execrable.

El respeto es para quien respeta.