Empujemos las reformas estructurales

La economía peruana sigue creciendo a tasas menores, pero positivas. Es indudable que la demanda internacional de los minerales y los productos agrarios que exporta Perú siguen siendo el principal motor que explica la variación del Producto Bruto Interno (PBI). Pero es indudable que el crecimiento de la actividad económica, en el rango de 3% a 4%, resulta insuficiente para superar los índices de pobreza que aún se registran en Perú. Y sin una política que promueva la igualdad de oportunidades, no se garantiza que la población vulnerable alcance niveles básicos de alimentación, educación y salud.

Es por ello que urge establecer un conjunto de lineamientos, de política pública y estabilidad jurídica, que hagan posible el desarrollo de la inversión privada a largo plazo, independiente del escenario político de turno. Hay mucho peruanos que aún siguen esperando acceso a alcantarillado y agua potable; y aquellos que sufren de anemia, que asisten a escuelas multiedades y no cuentan con una posta médica, aspiran a alimentación con un mínimo contenido calórico, educación de calidad y atención preventiva y oportuna en salud.

Destrabar y empujar los grandes proyectos de inversión, adecuadamente blindados de cualquier atisbo de corrupción, es una tarea clave para el actual gobierno. Son estos proyectos los que servirán de base para dotar al país de las condiciones mínimas de infraestructura y capital humano que nos servirán como la base para ser competitivos. En paralelo a las reformas política y judicial que el Ejecutivo y el Congreso están discutiendo, las acciones efectivas de inversión en servicios básicos (agua y desagüe, puertos y aeropuertos) y en proyectos mineros, agrícolas e industriales, son fundamentales para la generación de empleo y la ganancia de eficiencias en el mediano plazo.

Hace falta que nos centremos en establecer una hoja de ruta de las tareas fundamentales que nos permitan recuperar el norte del crecimiento. Y esto pasa por destrabar los proyectos hoy entrampados a nivel nacional y diseñar, en simultáneo, una política de inversión en la que participen todos los actores involucrados, de manera que se pueda contar un marco de estabilidad jurídica bajo estándares internacionales de buen gobierno corporativo (medio ambiente, gobernanza y responsabilidad social).