El virus de la mentira

En todo el mundo se producen diversas manifestaciones masivas en contra de los políticos que (mal) manejan la crisis sanitaria. Podemos ver aglomeraciones masivas y convencionales protestas, del mismo modo que expresiones de desobediencia civil ante autoridades que solo tienen como opción una represión cada vez más débil y menos justificable. Como lo hemos afirmado en otros escritos, es la primera vez que el ser humano pretende interferir la propagación de un virus y ha resultado un fracaso evidente, en todos los aspectos. Hasta el momento, ningún país puede declarar que lo ha vencido definitivamente. Incluso aquellos que parecen tener éxito relativo, se mantienen bajo alerta permanente frente a la posibilidad de una segunda ola (inminente), además de ser necesario un relanzamiento de las economías seriamente afectadas.

Sin embargo, hay una suerte de virus metafórico que se ha propagado con mayor intensidad y ferocidad que el coronavirus: la mentira. Desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta gobiernos centrales, regionales y municipales, todos en diversa magnitud, han desplegado una mentira tras otra.

Es claro que todos los gobiernos del mundo han estado en clave de aprendizaje, nadie estaba ni remotamente preparado para enfrentar una crisis sanitaria de tal magnitud. Se entiende entonces que hayan sucedido errores, uno tras otro, pero no se justifica la persistencia en el error y que no se tomen medidas frente a evidentes resultados negativos. En vez de correcciones (muy pocos gobiernos asumieron sus errores y dieron un giro a sus acciones), nos encontramos frente a mentiras que se lanzaron y se siguen lanzando con total impunidad. Aquí, allá y acullá.

Dice el adagio popular que la mentira tiene patas cortas. Eso quiere decir que, más temprano que tarde, la verdad sale a la luz. Lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, y al momento de preparar este artículo ha sucedido en Perú un acontecimiento notable, que tiene mucho que ver con lo que comentamos. Damos el giro hacia ese tema y el título de este artículo refuerza su pertinencia.

En plena crisis sanitaria mundial, el Congreso peruano ha censurado al gabinete del premier Pedro Cateriano –recientemente nominado por el presidente Martín Vizcarra– provocando la renuncia obligada de todos los ministros y la necesidad de designar un nuevo gabinete. Según establece la Constitución en vigor, ese nuevo gabinete también tendrá que presentarse ante el Congreso para su aceptación o censura. 

Esta censura al gabinete Cateriano deja una gran lección: las grandes mentiras tienen graves consecuencias. Hace menos de una semana, la ministra Pilar Mazzeti –censurada junto a todo el gabinete hace unas horas– reveló que debían sincerar las cifras de decesos por Covid19, que pasarían de 18,000 a 43,000 según información que proporciona el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Todo apunta a que se habría ocultado y falseado la información pertinente que, casi a diario, el propio presidente comunicaba a viva voz y sin intermediarios, en su informe televisado de mediodía. Esto es gravísimo.

Este es solo uno de los frentes abiertos por el Gobierno de Vizcarra. Y ante la indignación que causó a muchos ciudadanos, se esperaba un castigo a tan nefasto proceder. Martín Vizcarra no mencionó absolutamente nada sobre el subregistro de fallecidos en su discurso presidencial del 28 de julio (establecido en la Constitución). Pero además se tiene otros elementos, cada uno de ellos «sumando» votos en contra del gabinete.

El censurado primer ministro Pedro Cateriano está fuertemente cuestionado por su posible complicidad (algunos dicen que es más que evidente) con la corrupción perpetrada por Nadine Heredia en el periodo presidencial de su esposo Ollanta Humala. Por coincidencia, Cateriano también ejerció como ministro de Justicia y como primer ministro en ese Gobierno.

Otro frente abierto es el proceso de revisar, y otorgar o rechazar, las licencias a universidades en funcionamiento, por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Su director, Martín Benavides, fue nombrado ministro de Educación y su presencia en el gabinete era resistida por ciertos sectores afectados debido al rechazo de licencias. Aunque el proceso tiene mucho apoyo, por la necesidad de mejorar la calidad de la educación superior, también hay cuestionamientos no atendidos oportunamente. Hay quienes se han hecho escuchar de este modo.

También surgieron problemas por la reactivación de proyectos mineros que el propio presidente Vizcarra había truncado en acuerdo con grupos regionales antimineros. Estamos entonces frente a las consecuencias de una gestión personal poco feliz del presidente. Estos grupos antimineros han logrado expresarse a través de algunos representantes elegidos a inicios de este año en un Congreso totalmente renovado gracias a una controvertida decisión del presidente. Para muchos expertos constitucionales se habría tratado de un golpe de Estado contra el anterior Congreso.

De este modo, el actual Congreso es hechura plena del relato que Vizcarra y su equipo de gobierno lograron implantar con éxito ante la opinión ciudadana y en contra de congresistas «obstruccionistas». Puede parecer paradójico que ahora se vuelva contra él, pero esa es la imprevisibilidad asociada al quiebre de la institucionalidad y su reemplazo por una fragmentación difusa y caótica.

Como hemos indicado, hay muchos frentes y los nuevos congresistas responden a sus electores a partir de una gran diversidad de demandas. Es la lógica de todo Congreso. Nadie lo controla hoy, pues no hay ni partidos ni alianzas que logren una clara y sólida mayoría. Nos guste o no, la decisión del Congreso podrá parecernos altamente cuestionable pero es auténtica.

Algunos dicen que la censura del gabinete es una desgracia en estos tiempos difíciles de crisis sanitaria mundial. Debe ser porque este Congreso representa a «otros Perús» diferentes al suyo. ¿Algo puede indignar más a un pequeño pueblo andino que el Estado no les proporcione el oxígeno que se requiere (ya pagado vía impuestos) para atender a sus enfermos, que ellos mismos junten dinero, compren en el extranjero y ese mismo Estado no dé facilidades para desaduanar? ¿Ellos que la sufrieron de ese modo, aceptarían un «sí» al gabinete?

Otros manifiestan que este Congreso va en contra de la visión y los intereses del país. Quienes así opinan dejan de lado, o desconocen tal vez, que tanto la visión como los intereses se definen como producto de la dinámica política de los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– con sus pesos y contrapesos, los acuerdos, las alianzas y la labor de oposición. Todo ello con la participación de los ciudadanos, vía comicios libres. Si desconocemos la voluntad popular porque no nos gusta, estamos lesionando gravemente nuestra precaria democracia.

En los últimos años nos hemos esforzado en deshacer la frágil institucionalidad que teníamos. Y estas son las consecuencias. No vemos tanto problema en las clases populares que son injustamente estigmatizadas como ignorantes, sino en nuestras clases medias, que han sido el soporte de este proceso que «parió» al que estaba llamado a ser el «mejor Congreso» de la historia. ¿O no?

Si hemos destruido la precaria institucionalidad que teníamos, no debe sorprender que hayamos perdido los mecanismos que permitirían en este momento definir cuáles son los intereses del país. Tal vez lo que del Congreso ha decidido sea expresión de esos intereses; pero no corresponden a nuestra visión, sino a la de otros. Estamos altamente fragmentados como país, y al final es el abuso estadístico el que define la jornada, parafraseando al grande de Buenos Aires y al arrepentido de La Habana.