El tiempo de las medias verdades

A una semana de que el Poder Ejecutivo presentara al Congreso la propuesta de una nueva modificación constitucional —para reducir el plazo constitucional del período de las autoridades del Gobierno central, regional y del Congreso— mucha tinta ha corrido, muchas voces se han expresado; pero el país sigue, desde mi punto de vista, en una especie de “calma chicha” que no conduce a nada.

Es en ese ambiente en donde muchas parecen ser medias verdades o expresiones algo falsas, máxime cuando ellas vienen del propio “dador” de la propuesta, que quedó envuelta en un halo de mayor desconfianza y poca credibilidad respecto a sus aspectos formales, en el marco de lo que señala la Constitución Política del Perú en relación a la obligatoriedad de la aprobación del Consejo de Ministros del contenido del mensaje anual a la Nación. Expresiones dubitativas y algunas contradicciones han quedado en el ambiente, y eso solo refuerza la percepción de inconsistencia y de precariedad de lo que se propone.

Hay quienes señalan que la intención de recortar el mandato para el que las autoridades fueron elegidas, choca contra las normas definitivas e inmutables de nuestra Carta Magna; hay quienes señalan que si bien las expresiones y las circunstancias son desafortunadas en el tiempo, no colisionan con sentencias sustantivas. Sin embargo, las explicaciones de los teóricos no calman la inquietud de la población, pues el mensaje que se da desde la cabeza del sistema parece querer solo que se exacerbe la confrontación y que el pueblo piense y perciba que nos enfrentamos a una situación de crisis radical.

Mi postura es que se trata de una incapacidad para gobernar, para mostrar obras reales, para superar el discurso populista y conducir con mano firme el país que se le ha encomendado. Pienso que es esa incapacidad la que obliga al Poder Ejecutivo a buscar un “chivo expiatorio” en el Congreso. No dudo de que se trate de un Poder Legislativo entre cuyos miembros hay más de uno que ha dado una (o muchas razones) para merecer la crítica y el rechazo de los electores. Pero enfrentar permanentemente a un poder del Estado para que quede ante los ojos de la población —urgida de gobierno, necesitada de orden, que requiere conducción y reclama progreso— que la responsabilidad de lo que se vive es íntegramente “del otro”, además de injusto, es ciego, indigno y en breve será como un bumerang que golpeará a quienes ahora creen estar por encima de la verdad y del juicio de la historia.

En el Congreso hay gente de valor, personas que han apostado por servir y que cargan con la infinita incapacidad y desidia del Gobierno de turno, que busca esconder su propio fracaso tras la máscara de un Legislativo inoperante. No es tan cierta esa premisa, pienso que el Congreso pudo y puede hacer la vida mucho más complicada al Gobierno; sin embargo, con total carencia de hidalguía, no se reconoce que, por ejemplo, se han aprobado siempre las propuestas presupuestales y se ha aceptado la delegación de funciones legislativas, y ello no ha significado cambio alguno en la conducción del país. Muy por el contrario, se percibe, por responsabilidad del Ejecutivo, una especie de anomia, parálisis o estado catatónico del que solo se despierta ante los resultados de encuestas cuestionables, de un fervor popular trajinado y gracias al apoyo permanente e incomprensible de una prensa que, en su gran mayoría y con honrosas excepciones, ostenta una ceguera contundente y a veces muy interesada.

Bien se ha dicho que el Gobierno no puede exhibir obras, logros ni resultados; solo propuestas gaseosas y cifras en las que, sin duda, tampoco cree. Desde hace más de un año y medio los resultados de esta gestión son más que pobres, y es en esa perspectiva en la que se quiere hacer responsable exclusivamente al Congreso de temas que no son de competencia legislativa. Cabe señalar que la crisis económica, los bajísimos niveles de crecimiento, el incremento de la pobreza, la creciente inseguridad ciudadana, la ineficacia del ansiado proceso de reconstrucción, las crisis sociales, el caos en el sistema judicial y los conflictos mineros, entre otros, no son achacables al Legislativo, al que le corresponden otros asuntos, si bien no han sido tratados siempre con éxito.

Mal hace una autoridad en hacer reposar su prestigio en el desprestigio de otros. Triste es esa propia visión de sí mismo, reflejada en un espejo de adulación y miopía que no podrá contener el despertar de la población. Una nación que, tarde o temprano, sabrá cuál es la verdad y cómo se le ha utilizado, privándola del progreso y de mejoras en todos los campos.