El robo constitucional

Con seis votos a favor y uno solo en contra, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional —el pasado once del mes en curso— la famosa Ley Mulder, ley que prohibía la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Acto seguido, el presidente Vizcarra se pronunciaba, a través de su cuenta de Facebook, y celebraba la noticia porque —según él— el Tribunal Constitucional le estaba devolviendo a la gente su derecho a estar informada. En el entendimiento del presidente y de todos los que hoy están de fiesta, el derecho a la información que tenemos los peruanos implica que el Estado, con el dinero que sale de nuestro bolsillo, firme contratos millonarios con los medios de comunicación privados bajo el concepto de “publicidad estatal”. Menudo derecho el que tenemos.

Los antecedentes y el propósito de la ley son conocidos por todos, de más estaría explicar los detalles a fondo. Lo único que tenemos que entender en este sentido, es que el gasto del Estado en publicidad se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años y ha alcanzado cifras exorbitantes. Y es en ese contexto en el que nace la iniciativa legislativa de frenar tamaño despilfarro y prohibir la publicidad estatal en los medios privados.

Dicho esto, y antes de sopesar si el hecho de que el Estado se gaste nuestro dinero contratando a sus amigos de la prensa es algo bueno o malo (creo que nadie que tenga algo de sentido común podría ver con buenos ojos esta alianza mercantilista, cuasi mafiosa, entre el Estado y los grandes grupos mediáticos), debemos tener muy claro que todo esto no está relacionado en absoluto con el derecho a la información que el presidente y sus simpatizantes creen que se vulneraba con la Ley Mulder.

El derecho a la información, que tenemos todos, se traduce solo en que no existan obstáculos para que la gente pueda informarse sobre las cosas que el Gobierno hace y que se presumen buenas. Si revisamos los documentos más importantes en términos jurídicos (cualquier tratado internacional al respecto), veremos que ninguno establece la necesidad de que el Estado tenga que contratar medios privados para garantizar el derecho de la gente a estar informada. Así que todo lo que se ha venido diciendo sobre este tema, en base al derecho a la información, comenzando por las declaraciones del presidente Vizcarra, no son más que viles mentiras.

No es ese supuesto derecho de la gente lo que le preocupa al Gobierno y a los medios de comunicación privados; lo que les preocupa es el lucrativo negocio que se estaba cocinando año tras año y que, gracias a la Ley Mulder, se les había acabado. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no ha sido devolverle el derecho a la gente a estar informada (ese derecho jamás se vulneró); lo que ha terminado haciendo es volver constitucional el robo que, en nombre de la publicidad estatal, el Estado y los medios privados le venían haciendo a la sociedad.

Y este es el gran triunfo del Estado y el cártel mediático. Hoy están de fiesta no solo porque han recuperado su negocio, sino porque también han logrado convencer a muchos de que ese negocio —que tantos dividendos les genera y les permite vivir en la opulencia— es por el bien de los peruanos. Es lamentable, pero existen personas que han caído en la trampa. Hoy el robo se ha legalizado y el ladrón viene con la Constitución en la mano. Y como si esto no fuera poco, nos trata de decir que el asalto es por nuestro bien.