El Perú y una CIDH a ciegas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) gastó en visitas inútiles y mucha tinta en un informe descontextualizado. Es impactante porque este órgano nace dentro del sistema de integración americano y define cómo los países nos ven, porque nadie tiene por qué saber que, detrás de todo, en el contexto real, el expresidente Pedro Castillo y Aníbal Torres usaron los consejos de ministros descentralizados para llevar sus mensajes de odio y polarización al Perú. La CIDH no lo dice y no dice del crecimiento y las mejoras de décadas, se reduce a repetir las viejas teorías del subdesarrollo y de la dependencia de la CEPAL de los años setenta. Así, sutilmente llega a justificar un cambio constitucional.

Más que un informe es una injerencia internacional que, además de trazar un tendencioso diagnóstico social dice lo que el Congreso debe hacer y no hacer, ubicando al Perú como un país en retroceso en materia de derechos humanos e institucionalidad. Nada dice de las policías y comisarías quemados, ni de tomas de carreteras y aeropuertos (actos calificadoa como terrorismo), ni de muertos como correlato de una violencia que vino del sur ni de bienes públicos y privados destruidos por un grupo errante y financiado que partió del sur andino. Nada de la intromisión de Evo Morales y de sus intereses geoestratégicos ni de la participación del Movadef; porque el contexto o es completo o es falso, porque no hay verdad a medias.

 ¿Y la violenta toma de Lima? El informe no dice que los grupos que atacaron la capital lo hicieron con armas y, más que derecho a la protesta, el derecho interno se refiere al alcance de la legitimidad de una movilización: reunirse pacíficamente sin armas. Hubo armas, una piedra lanzada lo es, un arma hechiza destruye, mata e incendia, por lo que las manifestaciones encajan como actos de terror y ataque por hordas urbanas. 

La CIDH focaliza la violencia como si se hubiera dado de un lado, extrema los términos: posibles “ejecuciones extrajudiciales”. ¿Puede asumirse técnicamente que los familiares son testigos? Desde luego que no, rompería la lógica del derecho y el análisis cabal de lo fáctico ¿Cuál es su base veraz? Se anticipa así a que cuando toque a algún operador calificar y determinar responsabilidades teorice sobre un dolo implícito: ¿Aniquilación deliberada y sistemática de un grupo social por motivos raciales? Que lo de Ayacucho debe ser investigado “con un enfoque étnico-racial”, dicen y no es gratuito. Cuidado con eso. Los que saben de derecho penal internacional pueden hacerse una idea de lo que la CIDH quiere. Claro, para la CIDH el Perú es Alemania nazi, pero Nicaragua y Venezuela son Suiza.

En un clima internacional de colonialismo jurídico y cultural de la izquierda, muchos pensarán de qué nos sirve estar integrados a un sistema que determina lo que somos fabricando una tendencia. El informe de la CIDH demuestra cómo la izquierda ha instrumentalizado políticamente los derechos humanos (histórica conquista liberal) para convertir el derecho de la víctima en una solapada persecución al Estado frente a las organizaciones criminales. 

PS. Por cierto, a la CIDH le preocupa mucho el Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones ¿Alguien les avisa que Martín Vizcarra avanza en la inscripción de su partido? ¿No está inhabilitado? En el 2005, el Tribunal Constitucional sentenció en su punto veinte (EXP. N.° 3760-2004-AA/TC): “(…) los efectos de la inhabilitación impiden al funcionario público sancionado ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho a fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza”. ¿Y la CIDH pretende limitar a un Tribunal Constitucional, a un Congreso o un Ministerio Público que es lo que tenemos como contrapeso al totalitarismo rojo? Ya quisiera la OEA que el Perú careciera de reductos de institucionalidad. ¡Hipocresía en su esplendor!