El maldito especulador y el intermediario perverso

La crisis sanitaria, que continúa a escala planetaria con Omicrón 4.0, ha puesto en evidencia, para países como el nuestro, algo mucho más profundo que el descalabro del sector salud. Pese al enorme, valiente y heroico esfuerzo del personal médico y paramédico, las condiciones materiales han llevado a dolorosas y terribles consecuencias. Sin embargo, más allá de ello, se trata de una grave crisis del Estado (fallido). Su manifestación más evidente es que nuestro Estado cobra en la práctica cupos de guerra, actuando como ejército de ocupación en contra de ciudadanos honestos. Eso sucede porque hemos perdido la conexión (si alguna vez la hubo) entre cobro de impuestos y contraprestaciones eficaces a favor de ciudadanos pagadores de impuestos.

Como nunca en nuestra historia, las arcas fiscales han tenido recursos financieros suficientes para enfrentar una crisis. Como siempre en nuestra historia, la corrupción impune, transversal a todo el espectro político, ha hecho de las suyas: es posible que ni el 20% de los fondos haya servido para brindar eficaces servicios de salud, educación y seguridad, mientras un 80% o más se pierde entre la pequeña corrupción de la burocracia estatal improductiva clientelista y la gran corrupción de mafias organizadas para saquear el dinero de los ciudadanos, en alianza con operadores de un Estado fallido que promueve y perpetra estos latrocinios.

Cuentan la (falsa) historia antigua y la reciente que siempre hay buenas intenciones entre los políticos, pero que unos malditos y otros perversos son los culpables de nuestras desgracias. No preocupa tanto que estas fábulas tengan cierto éxito entre mucha gente. Sí que nos preocupa, y muchísimo, que estas malhadadas fantasías, enormes como piedras de molino, sean aceptadas, difundidas y replicadas por ciudadanos educados, quienes deberían denunciar tales imposturas.

Ya no hay debate. Salvo raras excepciones, el fenómeno inflacionario es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Se podrá argumentar muchas “razones” que traten de explicar la horrorosa emisión de billetes (“¡Qué quieres, que no paguemos los sueldos a los trabajadores estatales!”, espetó cierta vez uno de los tantos e infaustos ministros de economía hiperinflacionarios), pero al final es la cuantiosa emisión de billetes sin respaldo lo que provoca inflación. Sin embargo, para los políticos, es el “maldito” especulador quien sube los precios a su antojo y es el culpable directo e inequívoco. Con un mal diagnóstico no ayudamos a resolver un problema sino que lo potenciamos. Cuando por “lógica” consecuencia, los políticos establecen controles policiales y precios “justos”, a la inflación se le agrega desabastecimiento, escasez, mercados negros y crispación social. Pero el “maldito” bodeguero sigue teniendo la culpa, ¿cierto? No aprendemos.

Hay quienes siguiendo ese empedrado camino de buenas intenciones que nos lleva al averno, y tratan hoy de abordar con un enfoque equivocado el tema de una cadena de suministros hipertrofiada en el sector alimentario. Hay muchas razones por las que esta cadena, que va desde el productor agropecuario hasta el cliente final, muestra deficiencias y al mismo tiempo, oportunidades de mejora. También es cierto que en algunos casos, abusos y hasta prácticas delincuenciales contaminan el normal flujo de bienes y servicios en la mencionada cadena de suministros. No por ello debemos caer en el “facilismo” de señalar como culpable al intermediario “perverso”.

Esos “perversos” acopiadores, hacen la diferencia entre que haya productos o no los haya en el punto final de la cadena. Cumplen un rol fundamental. Se les acusa de abusar de su “posición de dominio”, término objetivo cuya aplicación debiera ser excepcional y no generalizada, en especial cuando “no nos gusta” cómo funciona un mercado. Nada impide que los productores del campo se organicen e integren el acopio y la distribución a su cadena de producción. No lo hacen. Será que no es tan sencillo de hacer, con lo que el acopio y la distribución agregan valor. Se añade a todo ello la condición objetiva propia de productos perecibles. Si acaso hay "malditos" intermediarios que aplican violencia física, amenazas inminentes u otros medios ilegales para obligar a los productores –de hecho, los hay– pues estas malas prácticas deben denunciarse y sancionarse.

Acopio y distribución de productos agropecuarios requieren know-how, tecnología e innovación, no es maná que cae del cielo. Si queremos ayudar a los campesinos -muchos de ellos hacen penosa parte de una persistente pobreza rural- empecemos apoyando a tecnificar la planeación, siembra, cosecha y distribución. La transformación digital e industrial debe llegar al campo peruano (en especial el sur andino). Tenemos aún en muchos casos un formato de agricultura familiar de subsistencia y autoconsumo. Allí hay un tema cultural, ese formato se superó en el mundo hace varios siglos, soportamos entonces un gran atraso. La reforma agraria social-estatista de la dictadura militar en los años setenta del siglo XX, provocó una grave involución en el campo andino. La situación tampoco era buena antes de la reforma agraria, en especial para la sierra sur. Sin embargo, el social-estatismo hizo que, por primera vez en casi un milenio, se sufriera hambre en lo que era la gran despensa alimentaria de nuestro país. 

No solo propiciaremos un cambio positivo con iniciativas estatistas, sino sobre todo desde la sociedad civil, con proyectos que incrementen el valor agregado, manejando economía y deseconomía de escala, con una segmentación que amplíe márgenes, etc. Se debe incrementar productividad y favorecer la división del trabajo para que cada tramo en la cadena sea realizado por los mejores. "Trabajar la tierra" no solo es sembrar y cosechar, debe planearse mezcla de productos, fertilización, renovación de tierras, habilitación de nuevos campos de cultivo, rotación de productos, financiamiento, manejo de estacionalidad, regadío, combate de plagas, acopio, transporte, distribución mayorista, embalaje, almacenaje, aplicación de preservantes, control de inventarios, empaque, distribución minorista, cadena de frío, y muchas micro-instancias hasta la venta final, local e internacional.

Es demasiado superficial y extremadamente audaz "quejarse" de que el precio final sea 20 o 30 veces el precio en chacra sin analizar la compleja trayectoria que hemos descrito. Tal vez debería costar 40 o 50 veces; no lo sabemos, pues sin un análisis exhaustivo de la cadena es imposible saberlo. Tomemos en cuenta que cada una de las actividades descritas están compuestas de muchas otras que agregan complejidad al gran proceso; consideren además el elevado porcentaje de pérdidas por tiempo, clima y manipulación, propio de productos perecibles.

Intervenciones “mágicas” desde una torre de marfil estatista, están fuera de lugar. Ya se intentó "algo" en su momento, se llamó “Empresa Nacional de Comercialización de Insumos” (ENCI) y sabemos cómo terminó. ENCI fracasa fundamentalmente por su errada concepción de base, la arrogancia fatal de reemplazar la compleja trama de la cadena de suministros y el mercado, por la voluntad omnímoda del burócrata de turno. El cóctel explosivo se completa con que toda esa trama burocrática es un fuerte incentivo a favor de la corrupción. El estatismo justifica su intervención por la “crueldad” del mercado, cuando sabemos que la destrucción creativa es una virtud schumpeteriana. Hay productores que simplemente no son viables, forzar su permanencia tal como están perjudica a todos. Instancias estatales y sobre todo la sociedad civil, deben intervenir en acuerdo con estos productores para (re)insertarlos en el mercado.