El incierto proceso electoral que se avecina

Durante una reciente conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte, convocó a la realización de elecciones generales, las mismas que han quedado fijadas para el domingo 12 de abril de 2026. En dicha oportunidad, se elegirá al presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República, así como representantes ante el Parlamento Andino. Mediante el DS Núm 039-2025-PCM, quedaron fijados los lineamientos básicos del próximo proceso electoral.

Es muy interesante el momento en que se hace la convocatoria, que ha tenido lugar 18 días antes de que venza el plazo de ley, ya que la norma respectiva señala que debe convocarse no menos de un año antes de la fecha que se establezca para la realización de los comicios y lo digo, por la turbulencia política que vivimos. La norma señala que la convocatoria debe tener lugar no menos de 365 días antes ya que la idea detrás de ese enunciado es que los organismos que participan, puedan no solo organizar el proceso de acuerdo a la competencia e injerencia de la entidad, sino que se pueda solicitar y justificar, con la debida antelación, los montos que se requerirá.

El mensaje de Dina Boluarte fue breve y apareció acompañada de los responsables de la ONPE, el JNE y Reniec que son las entidades que participan directa y radicalmente en la realización de los comicios y son responsables no solo de la logística y organización, sino especialmente, de la transparencia. Desde Palacio de Gobierno, se garantizan no solo los fondos de tipo económico, sino la transparencia en el proceso y la garantía respecto a la veracidad y certeza de los resultados, para evitar que se produzca situaciones de inquietud, desconfianza, quejas y tachas, como sucedió en el caso de la elección que llevó al poder y de manera bastante cuestionada a Pedro Castillo, cuya plancha presidencial integraba la propia señora Boluarte.

Se estima que los próximos comicios van a ser muy complejos y ello se entiende desde diversas perspectivas. Quizá la situación de inseguridad que vive el país es la que se presenta como una dificultad seria que debería obligar al gobierno a tomar acciones de radical urgencia para atender, o cuando menos mitigar, la inseguridad en la que vive la ciudadanía, máxime cuando la impunidad va ganando terreno y la justicia –muchas veces injusta– parece favorecer a los delincuentes, dejando en indefensión a los ciudadanos. Hay un clamor frente a la creciente ola de asaltos, extorsiones y sensación de real desamparo que hace mucho daño a la posibilidad de prestar atención al proceso electoral pues la urgencia ciudadana no se centra en conocer ni las formas, ni los nombres, ni las personas, ni los planes de los partidos políticos; es vivir, sobrevivir y no ser una víctima más de la escalada de violencia que se vive día a día. Este problema que parece no estar siendo atendido, presenta incertidumbre ahora y podría enturbiar dramáticamente el próximo proceso electoral. Por ello, vale preguntarnos si en estas condiciones, serán viables, en el sentido de respeto democrático, los próximos comicios que han de involucrar a toda la población con capacidad para emitir su voto, incluyendo a más de 2 millones adicionales de electores.

Más allá del constante problema de seguridad y violencia ciudadana, el próximo y cercano proceso electoral implicará muchas novedades; una de ellas, por ejemplo, es lo que contiene la Ley Núm. 32270, dada el 24 de marzo del presente año, mediante la cual se ha aprobado el voto digital para los miembros de las fuerzas armadas, en actividad y los peruanos en el extranjero. Esta es toda una novedad y necesita una logística técnica que pondrá a prueba la capacidad de los organismos electorales.

Además de esa novedad, es indispensable tener en cuenta que, a la fecha de promulgación de la norma mediante la cual se convoca a elecciones, son 41 partidos políticos lo que se han inscrito adecuadamente y tal como lo ha manifestado la ONPE, no podrán participar aquellas tres entidades que se encontraban al momento de la norma, en situación de superar algunas tachas. Lo cierto es que 41 agrupaciones es un número insólito que no solo significará dificultad para el escrutinio y la emisión del voto por parte de los electores, sino que habla de una sociedad políticamente inmadura, de políticos gravemente incapaces para ceder apetitos personales y buscar en conjunto, la conducción del futuro del país. Al ver ese panorama, es posible pensar si detrás de todos esos grupos hay voluntad de generoso servicio o se ve el acceso al poder como una forma de lograr en lo personal, impunidad, riqueza, placer y honores.

Ante ese panorama tan variopinto y al mismo tiempo tan de diversidad en medio de lo mismo, es necesario que se formulen y produzcan alianzas pues no existe en el universo, 41 propuestas que en sí mismas, no encuentren amplios puntos de coincidencia. Si recordamos ahora la grandeza de Haya de la Torre cuando pronunció su histórico “Discurso del veto” en el que renuncia a asumir el poder, no obstante haberlo ganado en las urnas, no porque no quisiera ejercerlo y menos porque pudiera no estar en capacidad; la renuncia puso de manifiesto que más importante era la paz ciudadana que el reclamo del propio derecho. Ese ejemplo no parece verse repetido en quienes, desde 41 tiendas políticas, tienen un marcado (y por cierto equivocado) sentido mesiánico que deberían desde ya, descartar.

Aunque nos parezca que queda aún un largo trecho por recorrer hasta el 12 de abril del próximo año, son pocos los días que tiene ahora el Congreso para aprobar algunas normas adicionales que pudieran hacer más viable, transparente y representativo el próximo proceso electoral. Queremos pensar que como consecuencia de las elecciones generales que se avecinan, el Perú amanezca a una democracia transparente, a una forma de vida política viable con autoridades cuya vida proba sea una garantía de buen futuro y cuya capacidad en los campos que respectivamente cada autoridad asuma, sea la garantía de un futuro mejor y diferente para todos los peruanos.